Tres días después del fallecimiento de un joven a consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza, el Ministro de Interior detallaba la inminente reforma del Código Penal orquestada por el Partido Popular, aludiendo a la necesidad de “robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza”(EL PAÍS, 2012.04.11). Tras el cuestionable preámbulo, Fernández Díaz anticipaba los aspectos más reseñables de esta iniciativa, que supondrá un incremento, sin precedentes, en la respuesta punitiva ante determinados hechos.

Su entrada en vigor entrañará la consideración de delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria, mediante cualquier medio de comunicación, de actos que supongan una alteración grave del orden público, estableciendo una pena mínima de dos años de prisión por esta causa. Una sanción más punitiva que la aplicable a los delitos generales de lesiones, acoso sexual, allanamiento de morada o tráfico de influencias, entre otros1. De igual modo, la reforma implicará la inclusión como delito de atentado a la autoridad tanto la resistencia pasiva como activa, incorporando, así mismo, entre las modalidades de acometimiento – ataque violento dirigido contra la policía – las amenazas y comportamientos intimidatorios.

A lo anterior ha de agregarse la futura consideración de agravante de aquellas conductas violentas que acontezcan en concentraciones o manifestaciones, calificándose como delitos de desorden público los supuestos en los que se acceda a establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a éstos. Reafirmando la escalada punitiva de las medidas impulsadas, se incrementará la cuantía de los daños producidos, tanto en tales espacios, como los derivados de la interrupción de los servicios públicos.
La anunciada reforma, manifiestamente ofensiva, es la consecuencia de la imposición de políticas neoconservadoras de reducción de la cobertura social, precarización del trabajo asalariado, restricción de la inversión pública y privatización y fortalecimiento de los derechos del capital, que han desembocado en el crecimiento, vertiginoso, de las desigualdades sociales, la generalización de la precariedad y la subocupación, así como en la negación de los derechos de la mayoría social. Una reforma represiva imprescindible para amordazar las legítimas protestas civiles alzadas ante la deserción del Estado Social y su deriva hacia la soberanía del gran capital.

En la coyuntura actual, el incremento de los presupuestos destinados a la administración de justicia sólo está siendo posible mediante la determinación del gobierno de recortar la inversión destinada a la protección social, la sanidad y la educación. Así, la reforma prevista, englobada en el elenco de medidas legislativas instigadas por el gobierno orientadas a vigorizar el Estado penal se corresponde con su decisión deliberada de restringir las competencias y responsabilidades del Estado Social y acallar los perjuicios que entraña para la clase trabajadora.

1. Tal y como se desprende de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.