Guatemala es el país con más violencia de América Central, la región que tiene el mayor porcentaje mundial de homicidios. La guerrilla se desmovilizó en 1996 pero doce años después había más muertes por armas de fuego (6.000 anuales) que durante la guerra civil y apenas han disminuido un 8% desde el 2010. El Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo (Ginebra) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Bogotá) han investigado la continuidad y la reproducción de la violencia en Guatemala, llegando a la conclusión de que los gobiernos militares y el terrorismo de Estado dejaron una herencia de impunidad y corrupción que protege a las mafias criminales e impide el fortalecimiento democrático de la justicia y la seguridad. En el informe que acaban de publicar establecen un desarrollo de la violencia (política, económica y social) a través de tres periodos que se caracterizan por la concentración del poder y de la riqueza, la tremenda desigualdad y la cruel exclusión de la población indígena. Entre 1944 y 1961 las oligarquías y los militares, con la intervención de Estados Unidos, desarrollaron una creciente violencia institucional para reprimir a los movimientos reformistas. Desde 1962 hasta 1996 se impuso el terrorismo de Estado como política contrainsurgente que golpeaba más a los campesinos que a los guerrilleros. Y a partir de 1996 son las organizaciones criminales las que concentran el manejo de la violencia, con un protagonismo fundamental del narcotráfico que penetra las estructuras estatales y gubernamentales, utilizando además a las maras (las bandas juveniles) y a los reciclados escuadrones de la muerte. Las víctimas son en su mayoría de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años y tanto ha aumentado el porcentaje de mujeres que se ha tenido que tipificar como delito el feminicidio. En sus conclusiones, las dos instituciones antes mencionadas reclaman al gobierno de Guatemala que “genere estrategias para prevenir y reducir la violenciar armada asociada a expresiones criminales” y también que “impida la infiltración y cooptación de las instituciones estatales para avanzar hacia un adecuado servicio de seguridad y justicia”.