Madrid, 3 de noviembre. El coordinador federal de IU Cayo Lara ha pedido hoy un acuerdo civilizatorio para una nueva sociedad ante la grave y extraordinaria situación que vive la sociedad española por los efectos de las políticas del Partido Popular, durante la exposición de su conferencia en el Forum Europa celebrado en el Hotel Ritz de Madrid.
Cayo Lara ha explicado la iniciativa que el grupo de la Izquierda Plural ha presentado en el Congreso de los Diputados contra la corrupción, medidas como la no prescripción de estos delitos y ha reclamado a los directivos de los medios de comunicación que le generaría ilusión ver la noticia en las portadas, denunciando la tijera de los directivos al trabajo de los profesionales.
Siguiendo con la propuestas el Coordinador de IU ha pedido un salario mínimo interprofesional de 1100 euros y ha dicho que es posible, que en Europa la media es de 1400 euros, igualmente ha planteado que la inversión debe ser proporcional al número de parados y paradas, reclamando pan, trabajo y techo, como reivindican las marchas de la dignidad.
Por último, Cayo Lara ha dicho que es posible una banca pública poniendo como ejemplo la propuesta de IU en Andalucia avisando que igual el gobierno del PP a través del Banco de España la obstaculiza negándole los permisos para su actividad.
Adjuntamos discurso integro.
Conferencia Forum Nueva Economía
Estamos en una situación económica y política de las más complejas en los últimos 10 años.
Pese a que el Gobierno se empeña en anunciar cada mañana que hemos superado la crisis (cantamañanas, se llaman en mi tierra) las perspectivas de una nueva recesión condicionan las políticas de la Unión Europea, del FMI y de los Bancos Centrales de los principales países.
En España y en otros países de la UE, esa recesión viene combinada con un riesgo cierto de deflación. Una combinación letal para cualquier economía y, desde luego, para la creación de empleo.
Los elementos en los que el Gobierno del Partido Popular justificaba su política están teniendo un recorrido muy corto. El valor de nuestras exportaciones se ha estancado en los 8 primeros meses de 2014 con relación al mismo período de 2013, mientras que las importaciones han aumentado. Se ha doblado el déficit comercial y la tasa de cobertura ha descendido 4 puntos.
En cuanto al empleo, hay más contratos pero peores; más empleo precario y parcial; el número de horas trabajadas ha disminuido, los salarios son más bajos y hay un incumplimiento flagrante de la legislación laboral, incluso con su reforma. Hemos llegado a los pobres con contrato de trabajo.
La llamada devaluación interna era una engañifa. No ha aumentado nuestra competitividad, pero sí el beneficio de las grandes empresas. Eso sí, hay más millonarios y más dinero en Suiza. El comercio exterior es el que es y nunca ha dependido de forma significativa de los costes salariales. Hay otros factores estructurales mucho más determinantes. Vds. lo saben.
Pero, por primera vez en la democracia ya tenemos más contratos laborales temporales y parciales, es decir precarios, que indefinidos. Sobre esto hay que reflexionar mucho y nosotros lo hacemos. Está en juego el tipo de sociedad que queremos construir.
Las políticas de austeridad han fracasado, aunque Merkel y Rajoy digan lo contrario. Vamos a entrar en el séptimo año de la crisis y las doctrinas neoliberales no aportan solución para los graves problemas que la crisis ha planteado. Los sectores determinantes del capitalismo español (el capital financiero, las grandes multinacionales, las constructoras, los grupos mediáticos) intentan imponer salidas para consolidar su dominio aplicando implacablemente medidas que incrementan la explotación de los trabajadores, el retroceso de las conquistas sociales y la limitación de la democracia. Ese es el corazón de la llamada política de reformas del PP.
Pero no todo les está yendo bien. La dureza de sus medidas ha elevado la conciencia política y la rebeldía social. Hay una cita, que algunos atribuyen a Bertolt Brecht y otros a Gramsci, que dice que “hay crisis cuando lo viejo no es capaz de mantenerse y lo nuevo aún no puede surgir”. El serio retroceso del bipartidismo, el fracaso de las políticas neoliberales para recuperar el empleo y la economía real, y los escándalos de corrupción (que ha sido funcional para el sistema durante muchos años) han quebrantado los vínculos hegemónicos entre el bloque dominante (el poder económico y las fuerzas políticas que lo gestionan) y el resto de la sociedad española. Estamos seguros de que esa situación no puede mantenerse, pero eso no garantiza ni mucho menos que sea fácil el camino de una alternativa.
Para lograrlo, frente al modelo de la derecha, es precisa una propuesta global de sociedad, encabezada -desde nuestro punto de vista- por la izquierda transformadora y alternativa y con la que se sienta identificada la mayoría social trabajadora (es decir quienes viven fundamentalmente de su trabajo, sean asalariados, autónomos o pequeños empresarios).
En Izquierda Unida nos hemos propuesto construir ese nuevo proyecto de país. Con modestia pero con determinación. Un proyecto de país fácilmente comprensible por la mayoría social. Debe garantizar pan, trabajo, techo, escuela, salud, libertad y democracia.
Cuando digo pan, estoy hablando de que un país desarrollado en el siglo XXI no puede tener el 30% de su población por debajo del umbral de la pobreza y consentir los niveles de pobreza infantil y femenina que señalan Cáritas u Oxfam. Fuimos más pobres y, sin embargo, tuvimos muchos menos pobres. Eso significa que han crecido la desigualdad y la injusticia. Proponemos, sencillamente, que las necesidades básicas de cada persona para asegurar una vida digna estén garantizadas socialmente.
Al hablar de trabajo, me refiero al trabajo digno y adecuadamente remunerado. Mientras estemos en el actual sistema, la remuneración del trabajo no será justa, pero al menos debe ser adecuada para vivir y para permitir un proyecto de vida.
Por otra parte, la riqueza de un país sólo es el resultado de sus recursos naturales y del trabajo. ¿Cómo es posible prescindir de la riqueza que pueden crear cinco millones y medio de hombres y mujeres trabajando? La respuesta del modelo actual sólo se basa en el gobierno de la irracionalidad y el egoísmo.
Al reivindicar el techo, no estoy hablando de ninguna utopía. La Ley andaluza para regular el derecho a la vivienda es un buen ejemplo del camino a seguir.
Estas tres exigencias deben ser posibles en un nuevo modelo productivo, a construir entre todos. El modelo productivo heredado del franquismo y mantenido en la transición, se ha perpetuado en lo fundamental y ha acentuado su condición perversa para el desarrollo de la economía real y el avance social. Ni la democracia ni la integración europea produjeron transformaciones profundas en los muros de carga del sistema económico, salvo la apropiación del sector público y la internacionalización de empresas públicas estratégicas entregadas al capital privado.
Nosotros seguramente fallamos en la percepción del poder real y debemos estar muy atentos para no volver a cometer ese error. El poder es un sistema complejo de relaciones y no una timba de capataces como algunos creen.
Dicho esto, el nuevo modelo productivo que proponemos no se limita a sustituir sectores obsoletos por otros más avanzados o novedosos. Es eso, pero es mucho más: en ese modelo el empleo es el centro; su pulso, la democracia en la sociedad y en las empresas; el límite, la salvaguarda del medio ambiente, y el motor, la dignidad de cada vida humana.
La financiación de otra política
¡Claro que hay dinero para poner en marcha y desarrollar un nuevo modelo productivo! Empecemos por combatir con eficacia la economía sumergida y el fraude fiscal y recuperemos lo que los defraudadores deben. Si tenemos en cuenta que el volumen de fraude fiscal es de unos 80.000 millones de euros anuales, solamente considerando los cuatro años en los que ese fraude es perseguible y los cinco para el delito fiscal, al menos 250.000 millones están sobre la mesa (siendo generosos con los magros resultados que obtiene el Gobierno en su persecución), a los que habría que añadir recargos e intereses. Pero es que ese periodo de prescripción se puede congelar en 2015 y prolongar un año cada año mientras dure la crisis, hasta llegar a 8 años. La cantidad de recursos sería muy importante, la procedencia irreprochable.
Acabamos de presentar una Proposición No de Ley para combatir el fraude fiscal, la economía sumergida y limitar la elusión fiscal. Existen fórmulas para recuperar, como mínimo y de forma bastante inmediata, 150.000 millones de euros, 15 puntos de PIB y no creo que nadie pueda oponerse a que delincuentes y defraudadores paguen lo que deben y lo hagan pronto.
Se trata de una buena cifra para crear empleo, incentivar la economía real, y reducir la deuda y sus intereses (éstos últimos representan 36.500 millones en los PGE). Con eso, se pueden atender muchas cosas de forma inmediata hasta aplicar una reforma fiscal suficiente, progresiva, equitativa y justa que consolide la recaudación fiscal en niveles de la media europea, es decir unos 8 puntos de PIB más que ahora. Como puede verse, nada confiscatorio y que no vaya más allá de lo que ha hecho la derecha en Europa.
En la PNL concretamos esos objetivos. De paso sería una buena medida para acabar con la competencia desleal de quienes no pagan frente a los que si lo hacen.
Un aspecto crucial de ese nuevo modelo ha de ser el apoyo a las pequeñas empresas, los trabajadores autónomos, el cooperativismo y la economía social. Lo que pretendemos está muy lejos de la mitología del emprendedor que cultiva el Partido Popular. Hablamos de crear mercado y consumo, facilitar crédito, aportar I+D+i y gobernar a favor. Por ejemplo, acabar con la corrupción en la contratación pública sería una buena medida para las pyme, que no suelen tener muchas posibilidades de untar la pomada.
Otras tres medidas serían imprescindibles para financiar toda la nueva política: la primera, un plan de inversiones sustentado por el Banco Europeo de Inversiones con cantidades equivalentes al 2% del PIB. Es decir, 190.000 millones anuales y no sólo 300.000 en tres años. Así lo han propuesto los sindicatos europeos que forman la CES, incluidos los españoles CC.OO, UGT y USO y también los alemanes, también los alemanes.
La segunda, una nueva política para la deuda y sus intereses. Casi el 100% de principal y el 3,6% del PIB en servicio de la deuda. Hay que hacer una auditoría de la deuda y hay que identificar la deuda ilegítima, que la hay. Este es un concepto perfectamente válido de derecho internacional que ha utilizado Estados Unidos, por ejemplo para eliminar la deuda de Irak con Francia y Rusia.
Nos proponemos mantener en manos públicas indefinidamente las instituciones intervenidas para que de verdad fluya el crédito a las familias y a las pequeñas empresas. Las grandes no lo necesitan.
¿Es posible en España un acuerdo civilizatorio para una nueva sociedad?
El gran empresariado no ha cumplido ni uno sólo de los pactos sociales a los que se ha comprometido. Pero la movilización y la lucha de ideas si pueden abrir camino a otra ruta para la salida de la crisis, con otros objetivos. Es posible y necesario un consenso social para un nuevo modelo de país.
Planteamos la recuperación de los derechos perdidos y la defensa de unos servicios públicos de calidad en el marco de un modelo de Estado Social que los garantice y proporcione seguridad en el sentido completo y profundo del término e igualdad de oportunidades a toda la población.
Finalmente, la clave de bóveda de todo ello es un nuevo modelo constitucional, fruto de un proceso constituyente participado y democrático. Así se cierra el espacio jurídico-político del sistema en base a la libertad y la dignidad. En ese modelo es inaceptable el sometimiento a imposiciones antidemocráticas que van contra la soberanía, como ha sido la reforma del artículo 135 de la Constitución. Tampoco nos basta con la referencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la que evidentemente estamos de acuerdo, pero creemos que un país de democracia económica y social avanzada puede ser más ambicioso.
La profunda crisis del sistema capitalista que vivimos ha generado una seria crisis política. El bipartidismo está quebrado, la incumplida Constitución de 1978 cuestionada, el modelo de organización del Estado, desafiado, y el sistema de partidos sin suficiente representatividad.
La crisis de 1929 tuvo también consecuencias políticas importantes en muchos países; fuerzas políticas importantes desaparecieron y otras surgieron con fuerza. Ahora, en España, el bipartidismo apuntalado por las formaciones nacionalistas de derechas, está severamente cuestionado.
Nosotros entendemos que una fuerza política como la nuestra existe para defender los intereses del pueblo trabajador y transformar la realidad concitando el reconocimiento y apoyo de la mayoría social, que debe expresarse democráticamente. Sabemos que hoy por hoy no podemos hacer eso solos y por ello buscamos la unidad necesaria sobre la base de un programa. Llevamos la unidad en nuestro ADN y estaremos con quien quiera estar con nosotros. La marca al servicio de las personas.
Ofrecemos una alternativa ilusionante, que en tanto que nueva deberá ser construida bajo la responsabilidad principal de las jóvenes generaciones. Ilusión no es lo mismo que sueño irrealizable y, por tanto, desmovilizador. Se trata de que el agua tenga que seguir saliendo por el grifo, debe estar bien depurada y su suministro debe estar garantizado por la propiedad y la gestión públicas.
Acabar con la corrupción
Junto a lo dicho, nuestra preocupación por la corrupción siempre ha sido, y lo es hoy, determinante.
Pero eso debe tener un contexto legal y político nuevo para ser eficaz. Y para ello, hemos registrado en el Parlamento una nueva iniciativa de lucha integral contra la corrupción. Una Proposición No de Ley encaminada a endurecer las penas para delitos relacionados con la corrupción; a dotar de más recursos y medios a la Justicia para que pueda perseguir a corruptos y corruptores; un plan integral que regule mejor las contrataciones públicas realizadas por las administraciones; y nuevas medidas relacionadas con la financiación de los partidos.
Desde Izquierda Unida hemos presentado en el Parlamento en innumerables ocasiones iniciativas legales para perseguir y combatir la corrupción. Proposiciones de Ley, interpelaciones, mociones, preguntas, proposiciones no de ley, peticiones de creación de comisiones de investigación… La lista es muy larga. Pero a todas ellas se nos ha dicho que NO. Todas y cada una de ellas han sido rechazadas de forma sistemática por el Partido Popular. Entonces, si el PP ha sido el primer interesado en boicotear cualquier lucha contra la corrupción que emanara del Parlamento, con qué autoridad, con qué cara pueden venir ahora a decirnos a los demás que ellos, precisamente ellos, van a ser los abanderados de la regeneración democrática en nuestro país. Hace mucho tiempo que perdieron cualquier atisbo de credibilidad sobre este asunto. Ya nadie cree en ellos.
Los casos de corrupción son innumerables y su detalle es conocido. La gravedad de aquéllos en los que están implicados ex altos cargos y cargos de gobiernos autonómicos, diputados y dirigentes de partidos políticos, es enorme. Es un auténtico cáncer de la democracia y genera la desafección política, antesala de la antipolítica y, con ella, del fascismo.
Pero, además, la corrupción agrava la crisis. Un empresario honesto tiene pocas posibilidades de ganar un concurso o una licitación frente a otro que ha pasado por Bárcenas o por la púnica granadum.
Por tanto, los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la política pero también dañan la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos. Parafraseando al Gobierno “se ha corrompido por encima de nuestras posibilidades”.
No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.
La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública.
Como les supongo bien informados, queda la cuestión del sistema de licitación y concesiones de las grandes obras públicas. Las formas concretas en las que se plantean y resuelven los concursos y la cuestión de los sobreprecios son insostenibles.
Desde el punto de vista político, la transición tuvo como uno de sus objetivos forzar un modelo bipartidista de Gobierno. La Ley Electoral, la Ley de Partidos y el sistema de financiación de partidos han sido los instrumentos con los que se intentó conseguirlo. El sistema de representación es injusto y las campañas electorales se han hecho muy caras. Pero esos procedimientos, concebidos para reforzar el bipartidismo, también han pasado factura al PP, al PSOE y a CiU.
Todas ellas, rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Por tanto, no parecen consecuentes y serias las ofertas de acuerdo del PP. Tenemos la sensación de que buscan más bien una “ley de punto final”. Ellos dirán.
Termino diciendo que Izquierda Unida tiene su estrategia, su mochila para el viaje y su hora de ruta para no perderse. Venimos de lejos, tenemos experiencia y vamos lejos.
Muchas gracias.
