El problema contra el que se enfrentaba el gobierno griego una vez elegido era el de emprender una reforma en profundidad de las instituciones y el sistema político, imprescindible para cambiar la correlación de fuerzas entre clases sociales, y por otro lado, aliviar la presión externa ejercida por el sistema institucional de la UE y el Euro. Para poder abordar lo primero se pensó en que lo prioritario era ganar tiempo en lo segundo.

Pero la austeridad no es una política “errónea”, como dicen los economistas “progresistas”, entre otros el propio Varoufakis. Es una política de clase, orientada a mejorar la correlación de fuerzas del capital frente al trabajo para recuperar la rentabilidad y el beneficio cuestionados por la crisis. Crisis que, de momento, no tiene visos de amainar y que empuja a los poderes del sistema a actuar con tan determinada falta de disimulo.

La decisión de no haber pasado a la ofensiva después del primer y obligado tanteo en febrero pasado, fue precisamente el error de Varoufakis y Tsipras (o de quien la tomara). Probablemente es a partir de aquel momento en el que se revelaron las intenciones de la troika cuando había que haber actuado. Pero se pensó que “Europa” entendería la razonabilidad de la posición griega; confiando en gobiernos menos intransigentes como Francia o Italia. Y así se permitió al BCE jugar durante cuatro meses con el sistema financiero griego y que se acelerara la fuga de capitales. Y se abandonó el frente interno: subida de impuestos, lucha contra la evasión, control del movimiento de capitales, etc. La perspectiva interna no es más que la otra cara del chantaje del exterior pues lo que se juegan son intereses de clase y no “nacionales”. Como en su momento dijo Milios, en febrero hacía falta un “Memorándum para los ricos”: más impuestos y derechos sociales, guerra a la corrupción de las élites incrustadas en la Administración, más democracia y participación popular. Le costó el puesto de responsable económico de SYRIZA.

El estatus neocolonial al que conduce el acuerdo es la respuesta lógica para evitar ese riesgo. De hecho, la supervisión impuesta, ya desde el primer acuerdo de tregua del 20 de febrero, y grabada a fuego en el Memorándum definitivo, no busca asegurar que se pagan las deudas, cosa que es sabido que es imposible. La intención real es prevenir que no se adopten medidas contra los intereses del capital. Siempre se encontrará una razón de orden fiscal para denegar cualquier reforma democratizadora o mínimamente social pues el objetivo del programa no es otro que asegurar el dominio del capital y alejar el riesgo que pudiera conllevar cualquier veleidad reformista de un gobierno que se autodenomina de “izquierda radical” (pues eso quiere decir SYRIZA).

¿Qué lección se saca de esta triste experiencia? La determinación de la troika y la unidad fundamental, por encima de contradicciones puntuales, de las clases poseedoras en toda Europa. La batalla tiene dos frentes; ignorarlo es suicida.