El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido como TTIP, está en la 10ª ronda de negociaciones. Obama y el gobierno alemán quieren firmarlo antes de que acabe el año y antes de las próximas elecciones en sus respectivos países. Obama ya ha forzado una autorización, con el voto de los republicanos, para agilizar las negociaciones. La fecha inicial para dejar el acuerdo cerrado era a finales del 2014, pero el aumento de las propuestas y movilizaciones ciudadanas ha dificultado el proceso de las negociaciones y no se llegará a tiempo de concluirlo en 2015.
De momento, del 10 al 17 de octubre se celebrará una semana internacional de movilizaciones y protestas, que “se espera que sea las más grande de los últimos años en Berlín”, según explicó Claudia Haydt de la dirección de Die Linke y la ejecutiva del Partido de la Izquierda Europea (PIE), en un coloquio dedicado al TTIP en la Fiesta del Partido Comunista de España (PCE). “Los sindicatos han puesto autobuses para que la gente se pueda movilizar y pocas veces se consigue que los sindicatos y la izquierda luchen codo a codo”.
Haydt definió el TTIP como un “golpe de Estado a plazos” y contó que en su país hay una parte importante de la población que está en contra del tratado de libre comercio y que incluye a una parte de la pequeña y mediana empresa que tienen información de cómo les va a perjudicar dicho tratado. De momento la Iniciativa Europea Ciudadana ha recogido más de 2,75 millones de firmas y espera superar los 3 millones cuando finalice el plazo de presentación el próximo 6 de octubre.
El éxito de la campaña contra el TTIP ha complicado el curso de las negociaciones. La información que se ha ido conociendo, el oscurantismo con el que se ha ido gestionando y el informe de la defensora del pueblo de la UE calificando las negociaciones de oscurantistas, criticando la falta de transparencia y de democracia, han obligado a la Unión Europea a dar un giro a su estrategia de comunicación para hacerlo más transparente, o para que lo parezca, según matizó Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y buena conocedora del tema.
La eurodiputada contó que lo que se está dando a conocer son los textos ya negociados, consolidados, pero no el resto de las negociaciones que quedan pendientes. Y detalló cómo es el rocambolesco acceso que los eurodiputados tienen a la documentación: “cuando te conceden la solicitud te dan una hora en una especie de cuarto de ratones en que hay que entrar sin boli, ni papel, ni móvil ni nada que permita sacar información. Y te dan bolígrafo y papel con marca de agua por si filtras algo”. El grupo de Izquierda Unida decidió ver la parte del tratado que afectaría a la pesca, pero el documento remitía a un anexo y los anexos no se entregan, “con lo que la política de transparencia deja mucho que desear, simplemente ha cambiado la estrategia de comunicación”.
Otro tema aún sin definir es si el TTIP se aprobará en el Parlamento Europeo o se tendrá que hacer en los diferentes países. Uno de los puntos que determinarán cuál deberá ser el procedimiento es el referido a los servicios públicos, que son competencia de los países miembros y no de la UE. Así, si los acuerdos incorporan temas de servicios públicos, el TTIP tendrá que ser ratificado en los países. Paloma López explicó que tampoco haría falta incluirlos en el TTIP, con lo que evitarían que los países se pronuncien, ya que paralelamente se está negociando otro tratado, el TISA, que afecta a 87 países y supone la absoluta liberación de todos los servicios, incluidos los públicos.
El TTIP marca la agenda del COP21
Eva García Sempere, que lleva los temas de medio ambiente en Izquierda Unida, explicó como la próxima cumbre del Clima que se celebrará en París a finales de año, la COP21, va a venir marcada por la agenda del TTIP. Y lo ilustró con el tema del fracking: “En Estados Unidos nos dieron la voz de alarma contra el fracking”, y en España se evitó gracias al fuerte rechazo generado. Pero las cosas cambiarían con el TTIP, ya que si algún país prohíbe los permisos o establece moratorias, les llevarían a un arbitraje con unas multas tan altas que se hacen imposibles de pagar: una empresa pidió a Canadá 250.000 millones.
Una de las cuestiones que se plantearán en la Cumbre del Clima es que no habrá una directiva que regule el fracking en Europa. Se impondrán recomendaciones voluntarias con permisos a largo plazo, que afectarán temas como los gases de efecto invernadero y a las renovables, entre otros, advirtió García Sempere.
También ilustró sobre lo que significará eliminar el “principio de precaución”, que prima en Europa, en temas como la seguridad y soberanía alimentaria. Hoy día en Europa los productos se controlan desde el origen de cultivo hasta que se lo come el consumidor, en todas sus fases, a diferencia de la normativa estadounidense, donde el control sólo se hace al final del proceso. En Europa, cuando hay dudas sobre la nocividad de un producto no se le permite acceder al mercado. En Estados Unidos funciona al contrario y son las instituciones u organismos de consumidores los que tienen que demostrar que un producto es nocivo para que se retire de circulación.
Lucha de clases, no de bloques
Pero si algo quiso dejar claro desde el principio Eva García Sempere, es que este tratado “no se trata de una lucha de bloques sino de una lucha de clases, donde la clase trabajadora de ambos lados de Atlántico tiene todas las de perder”, igual sucedió con el tratado de libre comercio con México.
El coloquio, moderado por Marga Ferré, responsable de la campaña contra el TIPP en IU, tuvo como punto de partida la presentación del libro de Adoración Guamán, “TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia”.
En su obra, Guamán, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y Directora de la Fundación Europa de los Ciudadanos -miembro de la red Transform!-, desmenuza el tratado con un carácter divulgativo pero con rigor científico. Informó que la Unión Europea tiene 1810 tratados bilaterales de inversión y que España participa en 82. Y llamó la atención sobre el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la UE y Canadá, el llamado CETA, cuyas negociaciones ya están terminadas y quieren aprobar antes de final de año. Lo consideró aún peor que el TTIP, pero es menos conocido. Cuando entre en vigor, el próximo año, quedarán eliminadas el 98% de las tarifas y aduanas entre ambos socios.
Liberalización de los
servicios públicos
El TTIP, según explicó Guamán, supondrá la liberalización absoluta de los servicios y los capitales, con una cláusula que dice que una vez liberados, los servicios no podrán volver a ser de titularidad pública, aparte de que podrán quedar en manos de empresas extranjeras. Puso el ejemplo de un hospital, o cualquier otro servicio público privatizado en Madrid y adquirido por un inversor estadounidense. Si el Ayuntamiento cambiara de gobierno y quisiera remunicipalizarlo, la empresa extranjera podría demandarles al ICE, que es un tribunal que sustituye al polémico tribunal de arbitraje ISDS, pero que viene a ser lo mismo.
Las empresas tabacaleras, como muchos otros lobbies, están negociando este Tratado. “No sabemos exactamente qué por falta de transparencia”, pero sí que Philips Morris, que es una de ellas, ha demandado a Uruguay con el 4% de su Producto Interior Bruto (PIB). Los casos se repiten porque este tratado “es como dar competencias a los lobbies”.
Guamán hizo hincapié en la necesidad de mantener activa la campaña contra el TTIP y hacerlo de forma muy transversal, incluyendo a los pequeños propietarios, taxistas y muchos sectores que no se engancharían a la lucha de clases pero que se verían muy afectados con la aplicación del TTIP.
