Además de la sede de la Agrupación del PCE de Alcalá de Henares, el Centro Social 13 Rosas ha sido desde 2011 lugar de encuentro y reunión de movimientos sociales de la ciudad como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Iniciativa Sanidad 100% Pública, Frente Cívico, grupos de consumo responsable, comisiones de trabajo del 15M, las Marchas de la Dignidad de Alcalá de Henares o la Asamblea Antifascista.

En la tarde del 14 de febrero de 2014 se había celebrado en el 13 Rosas un acto informativo sobre la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal, y por la noche unas 15 personas permanecían en el local a puerta cerrada. Fue entonces cuando varios policías municipales llegaron a la sede del PCE alegando que el volumen de la música era demasiado alto e identificaron en la puerta a un responsable.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional comenzaron a llegar al local e intentaron entrar en el mismo. Jesús, jurista y cargo público en el Ayuntamiento de Meco, les solicitó la pertinente orden judicial, que no tenían. Acto seguido entraron por la fuerza, violentamente. Dos personas (Elena y Jesús) fueron detenidas y otras cinco necesitaron asistencia médica en el Hospital Príncipe de Asturias como consecuencia de las cargas de la policía.

La policía se encontraba acompañada por un equipo del programa de televisión Policías en Acción, que no llegó a emitir la grabación. El juez ya dispone de las imágenes, que serán aportadas como prueba en el juicio por la defensa de Jesús y Elena, en las que se oye a uno de los agentes espetar a las personas que se encontraban en el 13 Rosas tras las detenciones “esto os pasa por vuestra ideología”. Después de detener a Elena y Jesús, los agentes accedieron al despacho que ocupa la planta superior y procedieron a registrarlo, incluido el ordenador. Es la primera vez en esta democracia en que se registra la sede de un partido político sin ningún tipo de orden judicial.

Jesús y Elena, aún a la espera de que salga el juicio, son víctimas de un montaje policial sin precedentes. Se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años, así como a elevadas sanciones económicas. Como organización, tenemos el deber de defendernos ante este tipo de agresiones, que sólo buscan intimidar a las personas que luchan por sus derechos. Debemos difundir el caso y apoyar a las compañeras en todo lo necesario (también en el ámbito económico), porque sólo con unidad podremos resistir estos ataques.

#AbsoluciónCS13Rosas