Mientras se da la aparente buena noticia de la reapertura de Galmed, donde 166 trabajadores perdieron sus trabajos tras anunciar el cese de la actividad, dejando además secuelas en algunas empresas proveedoras de ésta como Arcelor Mittal, la lucha de los trabajadores de automoción Bosal se mantiene a día de hoy tras algo más de un año de lucha, desde que su cúpula directiva anunciara el concurso de acreedores y solicitara al juzgado de lo mercantil la extinción de los contratos de sus 222 empleados.
El cierre de Bosal, una empresa situada en la localidad valenciana de Sagunto, supone un drama para estas familias. La compañía, de capital belga y dedicada a la fabricación de componentes para el automóvil, ha echado el cierre tras treinta años de actividad ininterrumpida.
Debido a las características que presentaba el concurso de acreedores, registrado en un juzgado de Valencia el pasado mes de diciembre de 2015, CCOO percibe una estrategia del Grupo de ir trasladando sus producciones de manera premeditada a países donde los costes salariales son menores y las ayudas de fondos estructurales, europeos y/o de desarrollo mayores, produciéndose de facto en caso de que esto se probara, un proceso estratégico de deslocalización.
«Progresivamente iban quitando carga de trabajo, reduciendo clientes, provocaban operaciones internas como la de transferir al grupo el importe de la deuda hipotecaria solicitada de su planta en España a través de una inmobiliaria propiedad del grupo que no de la filial española. Mientras la planta se quedaba sin nada y con una gran deuda en el fisco, en la seguridad social, a proveedores, a empresas satélites de Bosal España y el impago y final despido a los trabajadores; todo ello bien articulado bajo una estrategia de transferencia de la producción y con la clara intención de coste cero», nos indica Begoña Cortijo, sindicalista de CCOO de Sagunto, secretaria general de la Unión Intercomarcal del Camp de Morvedre-Alto Palancia, y dicho sea de paso militante del PCPV en Sagunto.
En reuniones en la Dirección General del Trabajo, ya en septiembre de 2015, se barruntaba la idea que pudiera tratarse de una operación fraudulenta cuyo desenlace final orquestado fuera la quiebra con el pertinente intento de evitar responsabilidades.
Una vez presentado el concurso de acreedores, en diciembre de 2015, el juzgado Nº 3 entendió que había que indagar más e iniciaron un procedimiento ordinario en vez de uno abreviado que era el que solicitaba Bosal, y nombró a dos administradores concursales, elementos imprescindibles en la resolución, puesto que ambas personas decidieron desarrollar un análisis en profundidad de las maniobras financieras dentro del grupo. De manera que en el informe de la administración concursal, de unos 3000 folios de extensión, se demuestra cómo Bosal Internacional y Bosal Nederland actúan como únicas organizadoras de las empresas del grupo a nivel mundial, y cómo a través de operaciones financieras, de manera regular todas las empresas del grupo reportaban el estado de cuentas a la matriz, dónde ésta a través de unas figuras desviaban definitivamente los beneficios a los paraísos fiscales de Liechtenstein y Las Antillas Holandesas a nombre de la familia.
Se demostró en el informe de la administración concursal y en el propio juicio del expediente de regulación de empleo, que existe un grupo de empresas y que por lo tanto no podía haber causa de despido de los trabajadores porque el grupo no se personó en el ERE, aunque había que extinguir los contratos laborales porque no había actividad, por lo cual el juez estima el despido a 45 días por año trabajado, el máximo de indemnización por ley.
Esto crea a su vez un problema legal, porque en la vía mercantil sólo se puede reclamar a la empresa que está concursada, por lo tanto se ha tenido que ir por la vía de lo social a reclamar al grupo esas indemnizaciones, proceso en el que se está en este momento.
El administrador único, el director general del Grupo Bosal y los directivos de la empresa en Sagunto declararán como investigados los próximos 23, 25 y 27 de mayo por el anuncio de quiebra de la factoría. Esta querella criminal se presentó para denunciar «el presunto delito que ha podido cometer la multinacional Bosal al declarar la quiebra de su factoría en Sagunto y la vulneración de derechos de los trabajadores que ese proceso ha conllevado», según afirma el sindicato CCOO.
Las acciones de protesta de los trabajadores de esta empresa metalúrgica han sido especialmente activas desde un punto de vista político. Entre otras acciones que realizaron se cuenta la entrega de una camiseta reivindicativa de la empresa al presidente del Gobierno Mariano Rajoy por parte del portavoz del Izquierda Unida, Cayo Lara, en plena sesión del Congreso de los Diputados.
Este hecho es el reconocimiento de que la lucha obrera sigue siendo fundamental para poner trabas a las empresas, en especial a las multinacionales que, con ayuda de las reformas laborales sufridas en los últimos años, intentan escapar de su responsabilidad con los trabajadores, solo preocupadas en lograr beneficios a costa de todo.
Tanto la lucha de los trabajadores en permanente protesta, y de diversas formas y la entrega de Begoña, sindicalista de CCOO, único sindicato presente en el asesoramiento legal, tienen todavía mucho trabajo por delante para conseguir que se cumpla con los derechos de los trabajadores, en el marco de una comarca especialmente castigada por la crisis de su industria.
