Después de siete años de negociaciones llevadas a cabo con el mayor de los secretos, este mes de febrero se ratificó en el Parlamento Europea el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, ya firmado por las partes implicadas en octubre de 2016.
Ahora ha de emprenderse la recta final antes de su puesta en marcha de manera definitiva: la ratificación por parte de los 28 países miembros de la UE, así como la «Asignación Real» por parte de Canadá.
En España, que se ha caracterizado en esta ocasión por su tremenda agilidad parlamentaria para impulsar este trámite parlamentario, estamos muy cerca de culminar el desastre democrático de la ratificación definitiva del CETA.
A pesar de que desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea, donde estamos los y las diputadas de IU, se ha tratado por todos los medios de garantizar un debate real y participativo, de convocar a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y, en última instancia, de conseguir al menos un recurso del control previo de constitucionalidad por entenderse que existen potenciales contradicciones entre algunas disposiciones del CETA y algunos artículos de la Constitución, además de presentarse una enmienda a la totalidad, la realidad con la que nos hemos encontrado es que no existe ningún interés por parte de los grupos políticos que constituyen la triple alianza neoliberal (a saber, PP, PSOE y C´s) por darle más publicidad a esta aprobación ni, por supuesto, retrasarla por ningún motivo.
El hecho de que el 18 de mayo rechazaran el recurso de constitucionalidad, trámite parlamentario que tan del gusto ha sido para estos partidos en otros momentos, cuando se ha tratado de otros proyectos parlamentarios, es muy indicativo de las prisas que tienen por aprobar este acuerdo comercial con Canadá y, con ello, en dar luz verde a una larga serie de inseguridades jurídicas, sociales, ambientales y económicas.
Y este hecho resulta al menos contradictorio con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, el pasado 10 de mayo, anuló la decisión de la Comisión Europea de no admitir el registro de la Iniciativa Ciudadana Europea para solicitar la revocación del mandato de negociación del TTIP y la no firma del CETA. Cuanto menos, este hecho debería hacer reflexionar a quienes con su rotundo no evitaron algo tan poco revolucionario como pedir un informe de constitucionalidad.
En Europa también lo han ratificado Letonia, República Checa y Dinamarca. Otros países están, al menos, tratando de ser más prudentes y no buscar una aprobación a la carrera sin garantías jurídicas. Y no, no es el caso de España.
A pesar de que es probable que en el próximo mes de julio entre en vigor la mayor parte del CETA, no será total la aplicación hasta finalizar la ratificación por parte de todos los países miembros. En el caso de España aún tenemos una posibilidad de paralizar este tratado que constituirá la mayor violación de la soberanía popular de los últimos tiempos: en septiembre tendrá que ratificarse (o no) de manera definitiva. En ese momento, aquellos partidos que se vanaglorian de haber vuelto a escuchar a sus bases, de volver a ser de izquierdas, podrán demostrar que han escuchado a sus dirigentes autonómicos y locales, ya que todos los parlamentos autonómicos y los numerosos ayuntamientos que han aprobado mociones contra el CETA lo han hecho con representantes del PSOE.
Con la aprobación de este tratado nos jugamos mucho. Como se definió brillantemente, se trata de un «golpe de estado a plazos». En nuestras manos y, sobre todo, en las manos de aquellos que se dicen representantes del pueblo, está decidir si queremos ser cómplices de generar grandes espacios de impunidad para que el objetivo principal, el balance de beneficios empresariales, sea siempre el máximo posible, independientemente de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y de la explotación de los territorios y recursos.
