El 22 de enero, cuando habían muerto diecisiete personas a causa de la Covid-19, el gobierno chino decretó el cierre de Wuhan y otras once ciudades de Hubei, e inmediatamente anunció la clausura de toda la provincia, bloqueando carreteras, trenes y aviones, y estableciendo un estricto control para detener la expansión del coronavirus con el confinamiento de todos los habitantes. El 30 de enero, cuando la Covid-19 sólo había causado ciento setenta muertos en China, aunque la alarma ya se había desatado con más de ocho mil infectados, el secretario de Comercio del gobierno de Trump, Wilbur Ross, no pudo evitar un comentario de satisfacción contenida ante la prensa, afirmando que la crisis del coronavirus en China y la paralización de su economía “aceleraría el retorno de empleos a Estados Unidos”. Ese mismo día, ante la epidemia, Trump aseguraba que “lo tenían todo controlado”, y unos días después se permitió afirmar que el virus desaparecería con el calor. El 28 de febrero, cuando todavía no había muerto nadie en Estados Unidos a causa de la Covid-19, Trump se preguntaba ante los periodistas si la prensa no estaba “histérica”, y se ufanaba: “Ningún país está más preparado o es más resistente que Estados Unidos”.
En las semanas transcurridas, China, que envió cuarenta y cinco mil médicos a Hubei, ha conseguido controlar la pandemia con estrictas medidas, pero se ha extendido por el mundo. En Estados Unidos, además de la reacción de Ross, Trump siguió asegurando que todo estaba bajo control, hasta que la realidad estalló en las calles norteamericanas: el 12 de abril, tras la incorporación de Wyoming, por primera vez en su historia todos los estados de la Unión estaban ya bajo la declaración de “desastre”: 500.000 personas se han contagiado en Estados Unidos y más de 20.000 han muerto. Se han superado los 2.000 fallecimientos diarios.
Nueva York se ha convertido en la ciudad más afectada y la crisis se ha agravado c0n la población a merced de un sistema de medicina privada que asegura una catástrofe para los más pobres. Derrick Smith, que trabaja como anestesista en un hospital de Manhattan, revelaba su dolor y su impotencia: explicó que mientras le ponía un respirador a un afectado por el coronavirus que casi no podía hablar, las últimas palabras que le escuchó fueron “¿Quién lo va a pagar?”. El paciente sospechaba que iba a morir y sabía que su esposa tendría que hacerse cargo de la factura hospitalaria.
Decenas de millones de personas no tienen protección médica en Estados Unidos, el único país desarrollado que carece de una sanidad pública que proteja a su población. Además, millones de personas que cuentan con un seguro privado deberán hacerse cargo de los gastos médicos porque las compañías rechazan asumir los costes. El elevado precio del tratamiento contra el Covid-19 está haciendo que miles de personas renuncien a hacerse las pruebas aunque tengan síntomas: cualquier persona debe pagar por una visita, o por una prueba médica que necesite, y como consecuencia de la pandemia las aseguradoras están aumentando sus tarifas, a veces hasta un 40%. Esa circunstancia, y una sanidad privada omnipresente que busca por encima de cualquier otra consideración el beneficio privado, hacen que Estados Unidos esté envuelto en una catástrofe, incapaz de detener una mortandad que ya es la mayor del planeta. A ello se añaden los dieciocho millones de personas que han perdido su trabajo en el último mes, y con él su seguro médico.
Mientras un ejército de vampiros olfatea el negocio de la desgracia ajena y la muerte recorre las calles de Estados Unidos, Trump y su gobierno, los hospitales privados y las compañías de seguros, abandonan a su suerte a los familiares que han tenido la desgracia de ver morir a los suyos. Derrick Smith confesaba a la CNN que nunca olvidaría las palabras de aquel paciente que ya no podía respirar.
