La recién estrenada campaña de la declaración de la renta (en adelante IRPF) pone de nuevo ante nuestros ojos una de las más abiertas contradicciones del Estado español que, de una parte, se define como aconfesional en la Constitución (art. 16) pero, a la vez, pone todo su aparato institucional al servicio de una financiación privilegiada a la Iglesia Católica (IC), a costa de todos los contribuyentes obligados al pago del IRPF.
En efecto, la declaración del IRPF incluye preceptivamente dos casillas a través de las cuales el contribuyente puede establecer que el 0,7% de su impuesto sea destinado a la IC, a “fines sociales” o a los dos a la vez. A través de esa recaudación, la IC recibe del conjunto de contribuyentes 285 millones de euros y los destinatarios de “fines sociales” 330 millones, según los datos de la campaña de 2019. Ambas cantidades no son aportaciones nuevas de los contribuyentes que han elegido marcar con una cruz esas casillas sino cuantías que se restan del impuesto que los contribuyentes deben aportar al Tesoro Público.
En el caso de la IC, esta práctica procede del Acuerdo sobre Asuntos Económicos firmado por el gobierno español con la Santa Sede hace más de cuarenta años (1979), negociado cuando aún no había sido publicada la actual Constitución. Un acuerdo que ha sido sistemáticamente incumplido, pues esa asignación tributaria a través del IRPF se acordó con carácter temporal, “hasta que la IC asumiera su propia autofinanciación”. Pero vemos cómo cuarenta años después nada ha cambiado, salvo la enmienda de 2007 que elevó el porcentaje del 0,5% al 0,7%. De ahí que cada campaña del IRPF reaviva la contradicción entre un Estado que dice ser aconfesional y una IC que, lejos de autofinanciarse, continúa defendiendo privilegios propios del viejo nacionalcatolicismo.
Por qué no marcar la casilla de asignación tributaria a la Iglesia Católica
Primero, y fundamentalmente, porque en un Estado democrático y aconfesional las confesiones religiosas, que son entidades privadas, deben autofinanciarse y pagar impuestos como cualquier otra asociación de carácter civil. Los privilegios del pasado histórico no tienen cabida en un Estado de derecho.
Segundo, porque la misma democracia y el principio de justicia social exigen que toda la ciudadanía debe contribuir a sostener los gastos públicos según su capacidad (Art. 31 CE). Y marcar la casilla a la Iglesia Católica o Fines Sociales resta de la caja común del Estado el 0,7% o el 1,4% de la cuota de cada declaración, reduciendo así los ingresos para servicios públicos en beneficio de organizaciones privadas como la Iglesia católica y las ONGs. Quienes marcan la casilla están detrayendo unos 285 millones de euros al año del común para engrosar las arcas de la Iglesia Católica.
Tercero, porque es manifiestamente injusto y antidemocrático que, siendo la distribución de los impuestos función exclusiva del Parlamento a través de los Presupuestos Generales del Estado, una pequeña parte de los contribuyentes (apenas un tercio marcan la casilla de la IC) tengan el privilegio, que los demás no tienen, de decidir a dónde destinar parte de sus impuestos, cuando sus obligaciones tributarias tienen como finalidad atender a las necesidades de la sociedad entera.
Cabe añadir otras muchas razones, como la discriminación que ello supone frente a otras confesiones religiosas (Art. 14 CE), la opacidad en el gasto de esa donación a la IC y el discutible destino final de los fondos: campañas publicitarias, financiación a medios de comunicación antidemocráticos (Trece TV o la COPE) y sólo el 3% (unos 6 M€) para labor asistencial a través de CÁRITAS.
En la raíz de todo ello, como piedra angular que sostiene el andamiaje, está la base jurídica que aparentemente todo lo justifica, los acuerdos de España con la Santa Sede de 1979 que sustentan este sistema de financiación a través del IRPF, las exenciones fiscales (IBI y otros impuestos), los supuestos derechos de la IC en el sistema educativo, el adoctrinamiento confesional en la Escuela o la simbología religiosa por todo el país. Sólo la derogación de esos acuerdos puede abrir la puerta a cambios sustanciales en esta materia.
Por qué no marcar la casilla de asignación tributaria a fines sociales
Esta segunda casilla fue introducida en el IRPF mucho más tarde (2007) que la de la IC, sin justificación clara por parte del gobierno. Tal vez como coartada para evitar el sonrojo de que un “Estado aconfesional” mantuviera como única opción la asignación tributaria a la IC.
La parte del impuesto general sustraído por esta casilla ascendió en 2019 a 330 millones, suma que el gobierno distribuye de forma discrecional entre diferentes ONGs, para financiar proyectos sociales de distinto tipo, aunque no todos coincidan con el interés general. La mayoría de esas ONGs tienen vinculación más o menos explícita con la IC y reciben el 35% de lo recaudado por esta casilla, algo más de 100 millones. Como consecuencia, la IC y sus organizaciones caritativas obtienen en conjunto más de 400 millones anuales a través del IRPF, cantidad que se detrae de los PGE. Una cifra con la que, en estos días de penurias, por la pandemia que soportamos, se podría adquirir una gran cantidad de material sanitario.
La llamada a no marcar tampoco esta casilla obedece a razones similares a la anterior:
1. Porque los fines sociales no son otros que atender a las necesidades sociales de toda la población, lo que es deber y responsabilidad del Estado, sin depender de cuántas/os contribuyentes marquen esa casilla, o cuál sea la renta de quien lo haga. La atención a fines de interés social debe formar parte de las políticas de cualquier gobierno. Un Estado democrático no puede dejar la financiación de los servicios públicos o la protección social al albur de eventuales acciones filantrópicas o caritativas de algunos de los contribuyentes, sino que debe ser definida por el Parlamento y controlada a través de los debates presupuestarios para garantizar la mayor objetividad y equidad.
2. Porque su efecto es restar, no sumar. Igual que ocurre con la casilla de la IC, quien marca esta casilla contribuye a los gastos comunes del Estado en menor medida que los demás ciudadanos. Marcar con la cruz esta casilla implica detraer de la bolsa común un 0,7% o un 1,4% de la recaudación general, si se marcan las dos casillas. Algo que en estos tiempos de precariedad absoluta de la sanidad pública resulta un insulto a toda la ciudadanía.
3. Porque fomenta discriminación entre los contribuyentes en función de sus creencias. Unos pueden decidir lo que a otros se les niega. Y eso colisiona con el principio de no discriminación del Art. 14 de la Constitución.
4. Por su discrecionalidad. Este sistema de financiación de la política social propicia que los gobiernos, sean del PSOE o del PP, puedan utilizar a voluntad propia a las diferentes ONGs con fines partidistas. Nadie lo controla.
En definitiva, los llamados fines sociales no deben depender de lo que decidan los contribuyentes que, además, no aportan un solo céntimo de su bolsillo, sino que deben de tener partidas específicas en los Presupuesto Generales del Estado. Dejar que los Fines Sociales dependan del IRPF supone delegar en los contribuyentes y en entidades privadas una función que es competencia exclusiva del Estado: garantizar la solidaridad y los servicios sociales para todos. Mantener esta casilla es dar paso a políticas liberales de privatización y externalización de servicios públicos que dan lugar al mercado de la caridad y la asistencia social como negocio privado soportado con dinero público.
Como ciudadanas/os responsables y como cristianas/os comprometidos, a quienes les duele una Iglesia tan insensible a las necesidades del pueblo, reivindicamos con el máximo rigor lo siguiente:
– Que la IC ponga en marcha el compromiso de hace cuarenta años de avanzar decididamente hacia su completa autofinanciación.
– Que el Estado elimine de la declaración de la renta las casillas de asignación tributaria de privilegio y proceda a derogar los caducos acuerdos de 1979 con la Santa Sede.
Y, como medida previa a nuestro alcance, proponemos a toda la ciudadanía que en esta campaña de declaración del IRPF de 2020 NO MARQUE NINGUNA DE LAS CASILLAS DE ASIGNACIÓN TRIBUTARIA, NI LA DE LA IC NI LA DE FINES SOCIALES. No marcar ninguna casilla es la única forma de que todos los impuestos queden en la hucha común, para atender a las necesidades de todas/os.
