Persecución política contra Evo Morales

Este lunes pasado conocíamos la imputación por terrorismo contra Evo Morales por parte de la Fiscalía boliviana al servicio del Gobierno golpista de Áñez.

La imputación contra el mandatario boliviano por terrorismo se produce bajo una acusación fundada en el llamado «Caso Audio». Las pruebas aportadas por la Fiscalía contra Evo se basan en una serie de audios manipulados confirmando que Bolivia se ha convertido en un Estado policial desde el Golpe del pasado noviembre y cuyo Gobierno de facto va a hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance para perseguir políticamente a Evo y al resto de candidatos y candidatas del MAS, dificultando el poder ejercer sus derechos de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Estos hechos ponen en entredicho el papel de la Fiscalía y la separación de poderes en Bolivia. La comunidad internacional, con la UE a la cabeza, debe dar una respuesta contundente al Gobierno golpista de Jeanine Añez que estaría usando la persecución política, judicial y policial contra Evo y el resto de candidatos del MAS para tapar la catastrófica gestión que el Gobierno de la autoproclamada ha llevado a cabo en la crisis de la pandemia. Además, las encuestas de cara a las próximas elecciones presidenciales arrojarían unos resultados nefastos para el actual Gobierno de facto por lo que esta imputación sería un intento más de desviar la atención frente a unos resultados que favorecerían al MAS de forma clara.

La Unión Europea debe garantizar que ninguna fuerza política sea criminalizada, algo que el Gobierno golpista no parece dispuesto a cumplir, por eso es fundamental el envío de una misión de observación electoral, por parte de la UE, al país andino, que constate sobre el terreno que las próximas elecciones presidenciales se desarrollan con todas las garantías.

Es el momento de redoblar los esfuerzos para la liberación de los dirigentes políticos encarcelados y utilizar también nuestras herramientas diplomáticas para garantizar que ninguna fuerza política es criminalizada o intimidada por las autoridades.

Está en nuestras manos no permitir que el lawfare y los golpes de Estado se conviertan en alternativas que condenen a los pueblos que han optado por ser libres y dueños de su destino.