COVID ha puesto de manifiesto la cara más cruel de las políticas neoliberales. Un sistema que sobrevive a costa de mercantilizar nuestros derechos. No es casualidad que esta pandemia haya causado estragos especialmente en regiones como la Comunidad de Madrid, en las que los gobiernos han demostrado estar dispuestos a mercadear con la vida.
Las consecuencias más dolorosas y dantescas las han pagado nuestros mayores. Un colectivo de especial vulnerabilidad ante esta pandemia y a los que no solo no se ha protegido sino que se les ha abocado a morir en el olvido. Los acontecimientos nos obligan a asumir, antes de todo, un primer reto: hacer frente a la confusión y la desmemoria. Un reto colectivo que se ha convertido en una obligación como sociedad. Hacer justicia. Señalar las mentiras, esclarecer lo sucedido y depurar hasta la última de las responsabilidades. Demostrar que hicieron lo que quisieron, no lo que pudieron.
Según los datos trasladados el pasado 16 de junio, , lo que supone la muerte de 7.690 personas, 1.203 de ellas confirmados por COVID. Esta cifra sitúa a Madrid a la cabeza en porcentaje de residentes fallecidos, siendo casi el doble que la segunda Comunidad, Cataluña, con un 9,2%. El tiempo ha demostrado la negligente y nefasta gestión de la derecha madrileña, desde que el pasado 12 de marzo afirmasen que “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”. Cada vez que la cruda realidad chocaba con su lógica mercantil, el PP madrileño tomaba una decisión política que demostraba su voluntad de mirar hacia otro lado. La presidenta rechazó la petición de intervención del ejército realizada por parte del Consejero de Políticas Sociales el 19 de marzo. El propio Pablo Casado denunciaba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuviesen “reclamando información por mandato de la Fiscalía General del Estado en residencias de Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular”. Para cuando pudo acceder a los centros, el Ejército encontró mayores muertos en sus camas y personas en «situaciones extremas y malas condiciones de salubridad».
Entonces, Ayuso decidió que la mejor respuesta a los correos del Consejero de Políticas Sociales alertando de las condiciones indignas y de que la situación en los hospitales estaba dificultando la derivación de las personas más vulnerables, era quitárselo de en medio. Su destitución ofrecía un titular siguiendo el principio de renovación planteado en las normas de la propaganda de Goebbels, al más puro estilo de propaganda nazi: Contrarrestar el nivel creciente de acusaciones con argumentos nuevos a un ritmo vertiginoso. Un titular para tapar la primera cifra oficial de fallecidos, que ya por entonces superaba las 1000 muertes.
Y lo peor aún estaba por llegar. Sin poder derivar a los enfermos a los hospitales, los profesionales sociosanitarios de las residencias tuvieron que hacer frente a esta crisis con plantillas al 50% por contagios o cuarentenas. Sin EPIs ni protocolos de prevención. Con ratios ya muy por debajo de las necesidades reales y en unas condiciones ya denunciadas desde hace años. Mientras el Ayuntamiento de Madrid enviaba efectivos a otras Comunidades, la Consejería de Sanidad entendía que con 28 equipos de Atención Primaria y 38 profesionales sanitarios de hospitales se podía cumplir con la tarea de medicalizar las más de 700 residencias de la región. Un incumplimiento flagrante de la Orden Ministerial del 21 de marzo de medicalizar las residencias y aislar los casos, tarea que correspondía “a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma”. La situación era tal que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por dos veces, tuvo que obligar al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a dotar del personal sanitario necesario y de materiales precisos para llevar a cabo los tratamientos y pruebas diagnósticas en cuatro residencias de Alcorcón y ocho de Leganés. Centros muy castigados por la enfermedad con un altísimo número de fallecidos.
Hoy conocemos que no solo no se medicalizaron las residencias, sino que se negó la atención sanitaria en hospitales a sus residentes a través de protocolos de exclusión. Decisiones políticas basadas en la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la salud. Una noticia tan dantesca que hizo que el gobierno regional desmintiese primero su existencia para luego afirmar que se enviaron por “error”. Protocolos que no se aplicaron en casos de residentes con seguros privados y que no se enviaron a los hospitales privados. Rechazos a la atención hospitalaria en centros públicos, mientras existían UCIS libres en la sanidad privada, poniendo en evidencia que el plan histórico anunciado por el ejecutivo regional que “uniría la sanidad pública y privada bajo una única coordinación” era una falacia. Tampoco fueron errores. Se trata de decisiones políticas que han costado vidas.
Los datos del Informe MOMO (Monitorización de la Mortalidad diaria) de 12 de abril, sobre el exceso de mortalidad, hablaban por sí mismos. Mientras la media estatal de exceso de mortalidad en población mayor de 74 años era del 71’4 %, Madrid triplicaba esa cifra, con un 245’7%. A pesar de estos datos, para el ejecutivo regional todo estaba bajo control tras el encargo a Encarnación Burgueño, hija de uno de los ideólogos de la privatización de la sanidad madrileña, de medicalizar las residencias. Una persona sin experiencia previa que llevó a cabo la que bautizara como «Operación Bicho» y “flipaba colorines” por poder hacerse “los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid” a través de una empresa casi sin estructura que reclutó a médicos venezolanos a los que no dio de alta en la seguridad social.
Miles de familias madrileñas han sufrido las consecuencias más injustas producto de la política privatizadora más voraz que durante años ha hecho negocio con la vida de los mayores. Tener que hablar de la muerte para defender la vida demuestra que el capitalismo mata. Un modelo incompatible con la vida, que sobrevive a costa de políticas miserables, y veremos si delictivas. El hecho de que en Madrid se hayan tomado decisiones políticas más crueles que la propia naturaleza de COVID, hace que el gobierno regional acumule, a 29 de junio, 150 diligencias y una querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de Madrid ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
A pesar de la política de oscurantismo sobre las cifras de cada centro ya nadie niega el drama vivido en las residencias de Madrid durante esta pandemia. Una situación que nos arroja un deber como sociedad con toda una generación que pasó una guerra y una posguerra que ha sido abandonada. No es justo. Les debemos justicia y garantías para que este dolor no se repita jamás. Eso también es defender la vida.
