Hace unos días discutían en Twitter un diputado autonómico madrileño de Podemos y una diputada nacional del PP sobre las competencias en Sanidad de las diferentes administraciones. También Pablo Casado señalaba que una situación sanitaria como la actual es competencia del Estado y no de las autonomías. Por su parte, el gobierno precisa que la responsabilidad es de las autonomías, que son quienes tienen las competencias sanitarias transferidas. Mientras tanto, cada gobierno autonómico juega con lo que le interesa. Si la situación está bajo el control del gobierno central, como sucedió en el Estado de alarma, afirman que los contagiados y los muertos son culpa de Madrid. Si el estado central renuncia al control único, los presidentes autonómicos dicen que el gobierno central no les da recursos y que no se implica.

He echado una mirada a la Ley General de Salud Pública, y encuentro artículos para todos los gustos. El 12.4 plantea que la salud pública es competencia de comunidades autonómicas y ayuntamientos: “Las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades locales asegurarán en el ámbito de sus competencias que los respectivos sistemas de vigilancia en salud pública cumplen en todo momento con las previsiones de esta ley”.

Pero dos artículos después parece que no, que es el gobierno central. Artículo 14: “Corresponden al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad las siguientes funciones en materia de vigilancia en salud pública:

a) La gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma”.

Pero por si acaso, está el artículo intermedio, el 13.1 donde dice que son todas juntas: “Corresponde a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a la Administración local, en el ámbito de sus competencias, la organización y gestión de la vigilancia en salud pública”.

Mientras tanto, un cargo de Podemos respondía a quiénes exigían que el gobierno central tomara decisiones respecto a la situación de Madrid que eso reforzaba “un discurso contra la descentralización muy a gusto de la extrema derecha”.

Dos conclusiones por tanto: 1. La recentralización es un tema tabú en la izquierda, muera quién muera y pase lo que pase, porque eso es lo que dice la extrema derecha (alguien debería recordar que el partido nazi también decía que fumar era malo -en concreto Hitler prohibía fumar en su presencia- y no pasa nada si coincidimos en eso con ellos). 2. Cuarenta años de la creación del Estado de las autonomías y los políticos siguen sin ponerse de acuerdo y discutiendo sobre quién tiene competencias, imaginad la empanada del ciudadano de a pie.

Mantener un debate sobre a quién corresponde resolver un problema es muy grave porque supone no saber quién es el responsable de ese problema y no saber quién lo debe solucionar. Por eso Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso decidieron crear una comisión. Y ya lo dijo Napoleón: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. Pero, claro, lo dijo un dictador, mejor lo ignoramos.