El juez que lleva el procesamiento contra Keiko Fujimori tiene que decidir si acepta la petición del fiscal para imponerle de nuevo la prisión preventiva.
La candidata presidencial derrotada está acusada de recibir financiación clandestina para sus campañas electorales de 2011 y 2016 procedente de empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht. Jorge Barata, que fue el representante de la multinacional brasileña en Perú, declaró que había entregado un millón de dólares a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, para su campaña presidencial de 2011. La candidata ha reconocido que recibió la financiación de un grupo de empresarios que le pidieron que lo mantuviera en secreto. Los empresarios implicados confesaron la aportación ilegal de catorce millones de dólares para las campañas de 2011 y 2016. La fiscalía acusa a Keiko Fujimori de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo y pide una condena de treinta años de prisión y la disolución de Fuerza Popular. En el transcurso del procesamiento, la acusada ya cumplió dos periodos de prisión preventiva entre octubre de 2018 y noviembre de 2019 y entre enero y mayo de 2020. Ahora está en libertad condicional bajo fianza y el fiscal considera que ha violado la comparecencia restringida que le prohíbe comunicarse con los testigos vinculados a la investigación. Keiko Fujimori convocó una rueda de prensa, acompañada por uno de esos testigos, para anunciar que reclama la anulación de 200.000 votos por un supuesto fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
