Recientemente, Unidas Podemos y el PSOE han llegado a un acuerdo con el fin de desbloquear los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Para que viesen la luz, ha sido necesario pactar la puesta en marcha de una ley de vivienda que abordase una de las problemáticas sociales que más asolan y golpean a las clases populares: el alquiler. A priori, el objetivo que ambas formaciones políticas buscaban (quizá una más que otra) era facilitar el acceso a la vivienda a la población joven mediante una limitación del precio del alquiler y una ayuda económica gubernamental de 250 euros para todas aquellas personas menores de 35 años.
Para contextualizar la situación social en la que llega esta ley, debemos destacar que el acceso a la vivienda supone un obstáculo casi insalvable para los proyectos vitales de las nuevas generaciones con un bajo poder adquisitivo. Es, ni más ni menos, resultado directo del actual modelo de producción que arrincona a la población joven y de un mercado laboral precarizado que la condena a malvivir y a modificar sus expectativas de futuro.
Sin haber resuelto la lacra social que suponen los desahucios, pues el Real Decreto que teóricamente los prohíbe es solo una tirita que no puede contener la hemorragia descontrolada. La gente continúa perdiendo sus casas en favor de los bancos, los fondos buitre y demás propietarios especuladores. Para afrontarlo, las asociaciones vecinales de vivienda, así como colectivos como la PAH, han seguido funcionando como siempre, dando cobijo, apoyo y asesoría a todas aquellas familias que veían la calle como su próximo hogar.
Como la mayoría de las políticas adoptadas por cualquier gobierno liberal en Occidente, esta guarda una cara oscura que no necesariamente supone una ayuda real a las clases populares y sí a los acumuladores de capital y grandes propietarios. Esta nueva ley de vivienda contiene otros muchos puntos pero en las siguientes líneas nos centraremos en las dos medidas anteriormente expuestas y que procederemos a desarrollar.
En estas circunstancias, en las que la clase obrera sigue sufriendo directamente los efectos del capitalismo encarnado en un neoliberalismo salvaje y egoísta, llega un subsidio de 250 euros para el pago del alquiler, seguido de una regulación de precios para aquellos inmuebles pertenecientes a grandes propietarios cuya aplicación correrá a cargo de las comunidades autónomas. En un primer momento, parece ser un auxilio necesario: 250 euros que ayudan a mitigar el desorbitado agujero que deja el pago del alquiler en la nómina laboral.
¿Ayuda indirecta para los especuladores?
¿Ante qué problemas nos encontramos realmente? En los últimos meses, han sido un gran número de medios los que se han hecho eco de la situación actual: “Los jóvenes deben destinar un 105 % de su sueldo para pagar un alquiler medio en Madrid”. Desde una perspectiva más general y poniendo el foco en el ámbito nacional, la cifra alcanza el 60 % de los ingresos mensuales. Ante esta desoladora —y brevemente expuesta— realidad, todo apunta a que un subsidio por parte del gobierno de 250 euros es un paso en la dirección correcta. Pero no todo lo que reluce es oro.
Como toda ayuda suministrada por las instituciones, la cantidad económica destinada a la partida de gastos proviene de dinero público, es decir, de dinero aportado, de una u otra forma, por todos los ciudadanos en nuestro país. Aquí es donde identificamos uno de los primeros problemas: un traspaso de dinero público hacia la cuenta corriente de los grandes propietarios y entidades que especulan y juegan con un derecho como es el de la vivienda. Esta ayuda indirecta para los especuladores tendría que ser motivo suficiente para revisar si el subsidio de 250 euros es todo lo certero que debería ser. Pero esto no acaba ahí. Como hemos señalado más arriba, las distintas políticas destinadas al control de los precios del alquiler deberán ser aplicadas por las comunidades autónomas, presididas muchas de ellas, por no decir la totalidad, por personalidades que no buscan el bien común o la salvaguarda de sus conciudadanos sino continuar enriqueciendo a las élites de siempre, lo que arroja un gran interrogante sobre la efectividad futura del bono económico y las distintas medidas de la ley.
¿Qué podría ocurrir? Sencillamente que los precios del alquiler continuasen creciendo. La no aplicación de las medidas para paliar los precios del alquiler podría suponer un incremento de este, justificándose por parte de los especuladores en el ingreso extra que la unidad familiar recibirá. Si hasta el momento se debía hacer frente a un alquiler de 800 euros, ¿por qué ahora no iba a subir este hasta los 1.000 o 1.050 euros? Entre todos estaríamos llenando los bolsillos de los grandes propietarios con dinero público, sin encontrar solución y volviendo a la casilla de salida.
En conclusión, estas medidas no pueden considerarse una victoria porque sencillamente no lo son. La posibilidad de que la ayuda económica suponga un beneficio para los rentistas es alta, más aún si no se instaura un límite de precios. Por ello, se debe considerar esta nueva ley de vivienda como un punto de partida, de forma que, mediante el trabajo y la presión se siga avanzando hacia políticas que realmente otorguen herramientas a la clase trabajadora para desarrollarse y llegar a ciertas cotas de comodidad vital con el fin de legislar y actuar para la mayoría y no para una minoría aristocrática.
