Es la apuesta más ambiciosa por la estabilización del empleo hecha en democracia

La importancia de la reforma laboral recientemente convalidada en el Congreso solo se puede entender correctamente si la ponemos en relación con las políticas laborales y económicas con las que España ha abordado históricamente sus crisis.

Ante crisis más o menos intensas, ya fueran causadas por ciclos económicos, procesos de desindustrialización o colapsos como el de 2008, nuestro país siempre utilizaba un cóctel de recetas, en mayor o menor proporción, que consistía en:

– Devaluación interna. Primero de la moneda y, tras la entrada en el euro, de los salarios.

– Precarización de la contratación, desde la apuesta política de los años 80 por la temporalidad. Primero como fórmula para combatir (supuestamente) el desempleo juvenil, y luego como forma cronificada de las empresas para tener “colchones” de trabajadores prescindibles mediante el contrato temporal-despido, y así ajustarse a los ciclos económicos o transiciones en el empleo.

– Impulso de la descentralización productiva como forma de externalización de costes y riesgos de las empresas, mediante fórmulas variadas: las ETT, las empresas multiservicios, el falso trabajo autónomo, la economía de plataforma, etc.

– El debilitamiento de la negociación colectiva.

– La pérdida de tejido productivo en cada uno de los episodios de crisis.

Esta reforma laboral, unida a otras medidas que ya se venían adoptando -buena parte de ellas en el propio marco del diálogo social- por primera vez reman en dirección contraria. Es la apuesta más ambiciosa por la estabilización del empleo hecha en democracia y es muy probable que la caída de la temporalidad sea intensa en los próximos trimestres y años.

Recupera poder en la negociación colectiva con la vigencia indefinida del convenio colectivo y evitando que los convenios de empresa puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales.

Por primera vez se avanza en una internalización de costes, mediante la regulación de la subcontratación, la eliminación de la ya citada prevalencia del convenio de empresa o la incipiente regulación de los riders, de forma vanguardista en Europa donde las plataformas disputan por abrirse paso como un caballo de Troya del propio derecho laboral.

La estabilización de la contratación va acompañada de una actualización de los ERTE y el mecanismo RED como formas alternativas a los despidos, que siempre ha sido la fórmula usada por la empresa española en los cambios de ciclos económicos.

Estas reformas se hacen mientras se sube el SMI, se evitan la destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo mediante una inédita política de intervencionismo público, que además facilita la recuperación de las tasas de empleo y cotizantes a la seguridad social en menos de dos años, cuando en la anterior crisis hizo falta una década.

Por tanto, no es exagerado decir que esta reforma es una enmienda a la totalidad de la orientación de las políticas laborales anticrisis hechas anteriormente. Además se hace con acuerdos en el marco del diálogo social, lo que debiera haberla blindado políticamente hablando, hasta el punto de ocupar una nueva centralidad sobre cómo hacer las cosas de la que se debieran haber apropiado el conjunto de izquierdas de España. Por desgracia, lecturas cortoplacistas y seudo-electoralistas llevaron a una rocambolesca aprobación de la reforma con el voto a favor de partidos cuyas propuestas laborales nada tienen que ver con lo acordado, y el rechazo de otros que en lugar de apropiarse de lo logrado en estos dos años vieron una oportunidad de generar problemas en el espacio de UP así como de devaluar el papel sindical y de los agentes sociales.

Esta es una excelente reforma laboral, que ataca algunos de los elementos centrales de debilitamiento del poder organizado de los trabajadores (temporalidad o negociación colectiva), y que aprovecha la ventana de oportunidad abierta en Europa. La consolidación de empleos más estables, mejores salarios, reducción de las tasas de precariedad, y su ligazón con la reconstrucción de un nuevo contrato social es un activo político de primer orden para afrontar la ola reaccionaria instalada en España. Convendría no distraerse demasiado.