Cuando pensamos en privatizaciones imaginamos a un gobierno sacando a la venta unas determinadas infraestructuras o servicios públicos. Esa sería una forma muy evidente de privatizar, por lo que no es el modo que los gobiernos neoliberales eligen para cometer su crimen contra los derechos sociales de los ciudadanos. Dos recientes noticias nos aportan pistas de cómo se privatiza de forma más sutil y eficiente dos servicios públicos básicos, la educación y sanidad.
Un estudio difundido por el Centro de Políticas Económicas (EsadeEcPol) bajo el título Educación en la Sombra muestra que se ha triplicado el gasto de las familias en clases particulares para los estudiantes, concretamente el 24% del estudiantado español recibe clases particulares. Como era de suponer, se confirma que los hogares ricos gastan hasta cinco veces más que los más pobres.
Por otro lado, en 2020, la pandemia y el confinamiento afectaron mucho más al gasto en clases particulares de los hogares ricos que en los de menor ingreso.
La conclusión es clara, la diferencia educativa ya no es solamente entre colegios privados, concertados y públicos; ahora dos mismos niños que vayan al mismo colegio tendrán formaciones diferentes en la medida en que uno de cada cuatro tendrá reforzada su educación a golpe de chequera familiar. Si se lo pueden permitir, claro.
Es evidente por tanto el impacto negativo que eso supone sobre la equidad educativa. Según el documento, algo que antes era considerado un bien de lujo (llevar a tu hijo a clases particulares) se está convirtiendo en un bien de primera necesidad.
En cuanto a la sanidad, el fuerte impacto de la pandemia en el sistema sanitario público, ha coincidido en España con un fuerte aumento de las pólizas de seguros privados.
La facturación de este negocio alcanzó en 2021su récord histórico, con 9.849 millones de euros, casi un 5% más respecto a 2020 (9.387 millones). La subida en los dos años de pandemia ha sido del 10,2%, todo ello según datos de la patronal del negocio asegurador Unespa. La facturación es ahora 914 millones mayor que antes del coronavirus. En España hay más de 11 millones de asegurados.
El crecimiento es de más del 100% desde 2006, y de un 259,4% desde el año 2000.
Las sociedades profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes han alertado durante la pandemia, especialmente en 2021, de que el desgaste de la medicina de familia allana el terreno al seguro privado. La recesión de 2006-2008 ya provocó una intensa etapa de recortes, que se han reflejado en el sistema público durante la crisis sanitaria. Por otro lado, bancos y aseguradoras han redoblado su oferta y se ha desatado una carrera de seguros médicos.
No hace falta que el Estado privatice nada, basta con que la atención primaria pública pierda prestigio y acumule retrasos, o que las listas de espera para intervenciones, incluso menores se alarguen por la prioridad de la asistencia al Covid. Todo ello ha sucedido, los ciudadanos han comprobado que atenciones mínimas y baratas que antes eran atendidas con eficacia y diligencia en la sanidad pública ahora eran postergadas. Se trataba de prestaciones sanitarias de poco coste, que eran todo un negocio para la sanidad privada y no ha perdido la oportunidad de ofrecerla mediante seguros médicos privados low cost.
El método es extensible a otros sectores en cuanto se deja un hueco para que asome la opción privada. Durante el confinamiento, Correos prácticamente cerró sus servicios a pesar de que la demanda de envíos se disparó, mientras las empresas de mensajería, con Amazon a la cabeza, multiplicaron su negocio. Ahora, con la entrada de empresas privadas de trenes de largo corrido, bastará con el empeoramiento de los servicios de Renfe para ejecutar la privatización de facto.
Pero los consumidores y sindicatos pueden también ser responsables. Los primeros, en la medida en que no exigen un adecuado nivel de los servicios públicos y se limitan a irse al privado; y los sindicatos, preocupados solo por mejoras laborales que pueden ser a costa de la calidad del servicio de una empresa pública.
