El 10 de febrero (probablemente pasado para ustedes cuando lean esto, pero futuro para mí mientras lo escribo) se debatirá en el Pleno de la Asamblea de Madrid una proposición no de ley del Partido Popular, que pretende instar al Gobierno de España a “que retire las modificaciones introducidas en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”, que según opinan ellos, “introducen mayor rigidez en las relaciones laborales”. Y ya de paso también piden que el Gobierno del Estado “apruebe nuevas medidas para favorecer la flexibilidad del mercado de trabajo, favoreciendo la contratación y la movilidad laboral de los trabajadores”.

Un detalle no menor es que la exposición de motivos -el texto previo que acompaña y explica las peticiones que cito en el párrafo anterior- comienza con la frase “La reforma laboral aprobada por el Gobierno de la Nación (…)” Y aquí empieza lo bueno. Resulta que las iniciativas largas de los Grupos Parlamentarios, Comparecencias, Propuestas o Proyectos de Ley, y Propuestas no le Ley como es el caso que nos ocupa, deben estar registradas con el suficiente tiempo de antelación para activarse en la junta de portavoces del martes dos semanas anterior al propio Pleno donde se debatirá. Es decir; el PP registró esta PNL que daba por aprobada la Reforma Laboral desde la primera frase el pasado 27 de enero a las 11:34, y la activó en la Junta de portavoces del día 1 de febrero, una semana antes de la convalidación del Real Decreto que suponía su aprobación definitiva. Pocas dudas de que saliera adelante. Y muchas ganas de empezar a hacer ruido con iniciativas que no son vinculantes y más allá de los titulares y el ruido tienen poca o ninguna consecuencia real ¿por qué?

El contenido de la Reforma Laboral aprobada el pasado 3 de febrero, en un final con doble giro que a más de un guionista le hubieran rechazado por demasiado forzado, supone el primer acuerdo en más de veinte años que recupera derechos, no todos los perdidos por supuesto, pero sí consolida un cambio de tendencia en la regulación y la legislación laboral con la intención de estabilizar el empleo y reducir la temporalidad. Entre otras muchas cosas, en materia de negociación colectiva recupera la ultraactividad de los convenios colectivos, vuelve a convertir en prevalente el convenio sectorial (obligando a que los convenios de empresa solo puedan mejorar condiciones y no rebajarlas), y establece un convenio sectorial de aplicación para quienes trabajan en contratas y subcontratas. Y en materia de temporalidad despliega numerosas medidas entre las que están la desaparición del contrato por obra y servicio -que ha sido el mayor soporte para el fraude en las contrataciones durante años-, reduce la concatenación de contratos, y los contratos en fraude de ley pasan a considerarse indefinidos. Hay muchas más, pero la cuestión es la dirección a la que apuntan y el proceso de negociación y diálogo social que las ha precedido. Porque estos últimos eran argumentos suficientes para que ningún grupo político en su sano juicio se posicionara en contra, ya que sería como decir que están por encima de los sindicatos en cuestiones laborales y de los empresarios en cuestiones de empresa, y esa dosis de soberbia puede ser mortal para cualquiera.

Pero es que aún hay más. Agárrense. De la aprobación de la reforma laboral dependían de forma directa la friolera de 10.000 millones de euros. Para que 10.000 de los millones de la segunda entrega de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión Europea llegasen a España en los próximos meses, era condición necesaria que la reforma laboral hubiera pasado su aprobación en el Parlamento y con ello dar cumplimiento al componente 23 del plan nacional de transformación, recuperación y resiliencia acordado entre Bruselas y el Gobierno.

El absolutamente desnortado Partido Popular puede querer hacer ruido y política del barro contra la Reforma Laboral ¿pero entenderían sus propios votantes que se interpusiera entre 10 mil millones de euros y la economía del país? Permítanme que lo dude seriamente.