Un año más llega el momento de reivindicar lo que tendría que ser norma y normalidad en cualquier sociedad democrática. En este 8 de marzo, fecha señalada en el calendario como Día Internacional de la Mujer, un reconocimiento especial al logro de la despenalización del delito de aborto en Colombia
En el último año han sucedido numerosos acontecimientos con la mujer como protagonista destacada en la política, en la economía, en la ciencia, en la cultura o en el deporte. Nombrar siempre supone dejar a alguien fuera de la lista, por eso no queremos poner nombres y apellidos a este día memorable. Simplemente recordar algo de lo que la lucha de las mujeres ha posibilitado: la legalización del aborto en Colombia durante las primeras veinticuatro semanas de gestación.
A nadie se le escapa que la consecución de derechos para las mujeres es mucho más difícil que aquellos que “no tienen género”. Ellas necesitan luchar más y por más tiempo, sobre todo porque quienes determinan, desde las leyes y desde los gobiernos, los posibles triunfos femeninos son mayoritariamente hombres.
Naciones Unidas reconoce que las mujeres padecen “una mayor vulnerabilidad derivada de factores sociales, económicos y culturales”. Por eso este logro en Colombia es un paso más en la consecución de la “igualdad de género hoy para un mañana sostenible” que demanda la ONU en este 8 de marzo de 2022.
La sentencia C-055 de 21 de febrero de 2022 declara “exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y, sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 de 2006”. Finalmente, exhortó al Congreso de la República y al gobierno nacional a “formular e implementar una política pública integral en la materia”.
El fallo de la Corte Constitucional colombiana abre un nuevo panorama para ellas y sus derechos en el país y por extensión en la región latinoamericana. Con esa decisión se subsanan años de reclamar en el desierto por un derecho reiteradamente ignorado por parte de un Congreso de la República netamente macho, blanco y conservador.
En esa lucha destaca el papel del colectivo Causa Justa: “Un movimiento que busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres (…) Impulsado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos, y diferentes actores entre quienes se encuentran activistas, prestadores de servicios de salud, referentes de la academia y centros de investigación de todo el país”.
El proceso llevado a cabo por esta entidad ha contado con el apoyo de un escrito amicus curiae de Human Rights Watch en el que solicitaban a la Corte “tener en consideración los estándares de derecho internacional de los derechos humanos en materia de aborto”. Para la organización internacional sin ánimo de lucro “la criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”, destacando en sus informes de los últimos quince años que “los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres y las niñas recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas”.
El dictamen es, le pese a quien le pese, incluido el pelele presidente del país, un hito para las mujeres, para la autonomía sobre su propio cuerpo y su salud sexual y reproductiva. Pero también es un triunfo de la democracia, un logro para que ese cincuenta por ciento de la población sienta que realmente forman parte de la sociedad a la que aportan y pertenecen, que hay equidad y justicia social.
Porque el derecho al aborto no supone ni significa el deber de abortar, supongo que para nada un trago agradable. Es dar la opción a las mujeres de que decidan sobre su cuerpo sin el estigma del delito y del señalamiento social.
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