No habíamos salido de la crisis que estalló en 2008 y la pandemia detonó la de 2020. No recuperado el sistema de las consecuencias del COVID19, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones económicas implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea pueden asfixiar la recuperación que, gracias a la inyección de gasto e inversión pública, comenzaba a consolidarse. Menos en la crisis de 2007 y la provocada por la pandemia, las grandes recesiones de los últimos 50 años han venido precedidas por el auge de los precios del petróleo y sus derivados. Aunque todavía no podamos analizar el impacto total, ya es muy apreciable el efecto regresivo que supone dicha subida de los precios del petróleo en el consumo mundial ya que los ingresos adicionales de un petróleo más caro se concentran en un número reducido de países, pero, sobre todo, en un limitadísimo número de personas de elevadísima renta y cuantiosísimo patrimonio que son quienes se van a beneficiar en gran medida de la espiral alcista. Cada euro que ahorran familias y empresas para pagar combustible o la calefacción por una bajada del petróleo, va casi en su totalidad al consumo. En cambio, los beneficios extra obtenidos por las grandes petroleras y sus accionistas se concentran en unas pocas personas.
La menor demanda global traerá paro y subidas de precios de otras materias primas y bienes de consumo.
España no depende en demasía ni del gas ni del petróleo que viene de Rusia. Pero a nuestra economía sí que le va a afectar los efectos derivados de la subida de la inflación. Que se disparen los precios afecta de forma especial a las personas con rentas más bajas. Un reciente informe de CaixaBank Research indica que hay un diferencial de 0,8 puntos porcentuales de inflación en bienes de primera necesidad entre las personas con rentas más bajas y las más altas. Y en el último año los componentes que engloban los bienes y servicios considerados de primera necesidad, como alimentos, electricidad y calefacción, pasaron de una inflación de un 0,5% en enero a casi un 7% en diciembre y al 9,2% si se incluye la gasolina. La energía y los alimentos no elaborados tienen un peso casi del 20% en España. Un aumento en los precios de consumo de estos dos componentes que acabase estabilizándose en el 20% supondría cuatro puntos porcentuales de inflación adicional a lo largo de 2022. Si se estabiliza la situación, en la primavera de 2023 la inflación podría estar a niveles similares a los de las previsiones anteriores al inicio de la guerra. Pero eso requeriría hacer caso a la patronal y no subir los salarios por lo que serían las trabajadoras y trabajadores, especialmente los más pobres, los que sufrirían el golpe de la inflación.
El remate lo quiere poner el BCE. Que ante una subida brutal de precios ocasionada por mercados oligopólicos de la energía, opte por eliminar estímulos monetarios, producirá subidas de tipos de interés. Eso causará un efecto letal a familias. No solo se les incrementarán los precios, también pagarán más por sus hipotecas. Un disparate.
¿Puede hacer algo el Gobierno ante esta situación?
Por supuesto que sí.
En primer lugar, cortar en seco la subida de precios interviniendo en un mercado eléctrico trucado para que las grandes empresas del sector dejen de sacar partido a la situación vendiendo el 90% de energía que tiene coste de producción bajo a precio de gas disparado cuando solo es el 10%.
Y en segundo lugar, garantizar subidas de sueldos para evitar que la inflación deteriore la situación de las familias trabajadoras y tomar medidas fiscales que pasan ineludiblemente por la subida del impuesto de Sociedades o limitar el reparto de beneficios y dividendos de las empresas, además de ayudas a las personas más vulnerables.
Si nos descuidamos, aprovecharán la guerra para dar un nuevo bocado a la clase trabajadora.
Hay que moverse.
