El Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el 25 y 26 de octubre la Ley 181 o Ley de paz total, que define la política del Gobierno de Gustavo Petro para facilitar la labor del Comisionado de Paz y sentar las bases de negociación de acuerdos de paz y sometimiento judicial para grupos armados con control territorial.
La Ley de Paz Total modifica la llamada Ley de Orden Público vigente desde 1997, conocida como Ley 418 y le concede al presidente Petro una prórroga de cuatro años y poderes para convocar a diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los grupos criminales organizados. La Ley de Orden Público se convierte en política del Estado colombiano, para que futuros gobiernos no puedan cambiar los acuerdos que se firmen.
El proyecto incluye la creación de un Gabinete de Paz, con delegados de todos los Ministerios del Poder Público, así como la unificación de los recursos para la paz que han sido administrados por cuatro entidades, lo que dificultó la coordinación para la implementación integral del acuerdo.
Uno de los primeros lineamientos del proyecto es la implementación de la llamada «Seguridad Humana» que es directriz para todas las acciones de las fuerzas mlitares y de Policía, y se traduce, por ejemplo, en cambiar los indicadores de números de «bajas» a vidas salvadas.
Además de este cambio en la filosofía de la acción del Estado, el proyecto también considera la articulación de todo el Estado y el poder ejecutivo. En el texto plantea que la Paz Total será una política de Estado vinculante a los gobiernos y prevé la creación de un gabinete de la Paz que se reunirá cuando el Presidente lo convoque y tendrá por objetivo evaluar las acciones para implementar los avances y acuerdos.
SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ
Con 60 votos a favor y 4 en contra, el Senado aprobó la eliminación progresiva del Servicio Militar Obligatorio, y la Cámara de Representantes salvó la posibilidad del Servicio Social para la Paz con 138 votos a favor y solamente 19 en contra, después de que el uribismo lo tumbara en el Senado, aprovechando ausencias en la bancada del Pacto Histórico.
El Servicio Social para la Paz reemplazaría el Servicio Militar Obligatorio, que en realidad solamente prestan los jóvenes de los estratos más humildes. Si se implementa, los jóvenes podrían escoger una forma de servicio a la sociedad, en lugar de la guerra: promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas; trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos; refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz; promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, y servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
Representantes de partidos políticos, agrupaciones sociales y defensores de Derechos Humanos celebran el visto bueno al proyecto de ley.
La bancada del partido Comunes saludó los esfuerzos hacia la paz completa y señaló que la iniciativa se fortalece con la implementación integral del Acuerdo de Paz y el proyecto de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales.
El uribismo se ha opuesto en ambas cámaras al Proyecto de Ley de Paz Total, arguyendo que causará “impunidad”, pero no ha podido frenar su aprobación.
La iniciativa de la Paz Total da vía libre a la estrategia territorial que adelanta el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y una vez cuente con la firma del Presidente, después de la conciliación, podría representar el inicio formal de las conversaciones de Paz con el Ejército de Liberación Nacional, así como con otros grupos que han manifestado su intención de sumarse a los esfuerzos de paz en Colombia, tales como la llamada Segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC o las AGC.
