En los últimos años hemos visto como una avalancha de presentación de grandes proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos golpeaba a Aragón. Actualmente, decenas de estos proyectos ya están autorizados, otros muchos más se encuentran en distintos estadios de tramitación administrativa o con estudios de campo en desarrollo.
Algunos afectan y amenazan a espacios de la Red Natura 2000, poniendo en serio peligro a especies animales y vegetales que en estos espacios habitan. Otros proyectos afectan a entornos singulares que llevan apostando desde hace décadas por otras actividades económicas como la agricultura o el turismo como alternativa laboral y herramienta para fijar población en el medio rural aragonés. Lugares emblemáticos para sus residentes y para la diversidad biológica de la comunidad autónoma se verán gravemente afectadas si no se planifica la implantación de este tipo de infraestructuras.
Áreas esteparias de gran singularidad en el Valle del Ebro, las parameras ibéricas, las comarcas del Maestrazgo, Matarraña y Sierra de Albarracín, Prepirineo y Pirineo, Moncayo o Campo de Ejea son claros ejemplos de los entornos de Aragón que se verán afectados.
Hasta la fecha el Gobierno de Aragón ha puesto alfombra roja a todas las grandes compañías y fondos de inversión extranjeros, que han puesto los ojos en el vasto territorio aragonés viendo una buena oportunidad de negocio en el sector de la energía.
La falta de transparencia y opacidad del Gobierno de Aragón en el despliegue de las renovables, así como la facilidad en cuanto a la tramitación fragmentada de muchos proyectos con evidente interconexión entre ellos (que no pasan el filtro del ministerio), implica la pérdida de la necesaria visión global de cómo ordenar la implantación y el desarrollo de fuentes de energía renovable en la región. También impide la evaluación de impactos acumulativos de decenas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas y todas sus infraestructuras de evacuación.
Desde el Partido Comunista de España en Aragón entendemos que la única forma democrática de implantación de este tipo de infraestructuras es a través de lo público, con una empresa pública que desarrolle los proyectos necesarios para la clase trabajadora. Un recurso esencial como el de la generación eléctrica no debe estar en manos de fondos de inversión extranjero y grandes corporaciones, debe recalar en control de lo público para apuntalar la soberanía popular de una nación.
Apostamos por implantar, de forma urgente, un Plan de Ordenación Territorial de los recursos energéticos y el desarrollo de una Ley de Paisajes en Aragón, que planifique territorialmente la implantación de energías renovables en nuestra comunidad, delimitando las zonas más optimas y con menos impacto y que salvaguarde el medio natural de Aragón.
Resolución aprobada en la Conferencia de vuelta de Aragón del XXI Congreso del PCE
