El Grupo de Puebla es un espacio político, social y académico integrado por personalidades -no por fuerzas políticas- de la izquierda política latinoamericana, España y Portugal, constituido en el año 2019 en la ciudad mexicana de Puebla. Fue creado en un momento en el que la mayoría de gobiernos de América Latina estaban controlados por fuerzas políticas reaccionarias, como consecuencia de las campañas de ataque y desestabilización contra los gobiernos y fuerzas políticas de izquierdas que se orquestaron mediante acciones de injerencia y desgaste, incluyendo guerra jurídica -destitución de Dilma Rousseff y encarcelamiento de Lula- y golpes de Estado como el perpetrado en Bolivia contra Evo Morales. Es lo que se llamó el “invierno conservador” (2016-2021). El Grupo de Puebla pretende complementar el espacio de coordinación de fuerzas políticas que representa el Foro de Sao Paulo, aglutinando a dirigentes políticos, sociales y académicos de izquierdas para combatir estas acciones de desestabilización, conspiraciones golpistas y lawfare. También para articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista, enmarcadas en la estrategia de construcción de la unidad de los pueblos latinoamericanos y la garantía de la soberanía nacional e independencia de estos frente a la permanente injerencia imperialista.
Los pasados días 10 y 11 de noviembre, el Grupo de Puebla celebró en Santa Marta (Colombia) su VIII Encuentro, donde participaron más de 150 dirigentes políticos y académicos, para profundizar la estrategia de cooperación y coordinación de las propuestas políticas de progreso y transformación de América Latina, desde el convencimiento de la necesidad de caminar para ello junto a los movimientos sociales, el activismo juvenil y de los pueblos originarios y afrodescendientes, el movimiento sindical y el feminismo.
Su propuesta estratégica se construye sobre la necesidad de recuperar -o poner en marcha por primera vez- mecanismos eficaces de protección social y garantía de acceso a derechos económicos y sociales para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Complementado con un trabajo de construcción de políticas de desarrollo, respetando los equilibrios ambientales: profundización de la democracia social, ambiental, participativa y local. Así se pretende ayudar a que la “segunda oleada” de gobiernos progresistas consolide e institucionalice las estructuras democráticas y sociales que se comenzaron a construir en la región con el inicio de la “primera oleada” de gobiernos progresistas y procesos constituyentes, la iniciada a consecuencia de los procesos democratizadores y progresistas que comenzaron con la llegada a la Presidencia de Venezuela de Hugo Chaves en 1999.
El Grupo de Puebla ha situado como objetivo imprescindible el avance en los procesos de integración regional de América Latina, desde el punto de vista político con la recuperación de UNASUR, y desde la perspectiva social y económica con el impulso de la CELAC. La prioridad es el fortalecimiento de las políticas públicas de medio ambiente, la equidad de género, la libre movilidad de las personas, la transición ecológica, la defensa de la selva amazónica y de los derechos los pueblos indígenas y afrodescendientes, el desarrollo de energías alternativas y la necesidad de incluir nuevos actores sociales y económicos en los procesos regionales de integración.
Bases para la soberanía
Destacada importancia ha tenido en este Encuentro la propuesta de construir políticas de integración comercial y económica que garanticen la soberanía de los países de América Latina, mediante la puesta en marcha de una arquitectura financiera adaptada a sus necesidades y sin imposiciones, que incluya la creación de una moneda única latinoamericana y un nuevo marco de relaciones comerciales y cooperación económica y social con otras regiones del mundo, también con China, lo que supone no aceptar los vetos o indicaciones de los EEUU y la OTAN.
La presencia en este Encuentro de Rui Zhu, viceministro y director de la Oficina General del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, sirvió para establecer un dialogo de intercambio entre esta potencia económica y comercial emergente en el planeta y dirigentes políticos del contiene americano tan destacados como los ex presidentes Ernesto Samper, Lionel Fernández, Dilma Rousseff, Evo Morales, o el español José Luis Rodríguez Zapatero.
También es un mensaje político a los EE.UU, obsesionado en la actualidad con la estéril tarea de construir un cerco político, militar y comercial contra la Republica Popular China. Los EEUU y los países que acepten sus dictados, debieran ir asumiendo el nuevo escenario de cooperación económica y comercial decidido de forma soberana por los gobiernos de izquierda de la América Latina anteponiendo el desarrollo de estos pueblos y en especial de las mayorías sociales y los sectores más vulnerables. Es decir, anteponiendo los intereses de estos países frente a los de la potencia todavía hegemónica. Muchos países deberían tomar nota de esta digna actitud y pragmática que previsiblemente supondrá un importante avance social y económico de la región latinoamericana.
El Modelo Solidario de Desarrollo que se formula solo será posible si se articula -tal y como se ha defendido por el Grupo de Puebla- en torno a la igualdad como valor central, la reducción de las asimetrías mediante una nueva política económica, diversificada y basada en la incorporación del conocimiento, la transición ecológica, la lucha contra el narcotráfico y las economías ilícitas y el fortalecimiento de una nueva institucionalidad democrática que avance en la integración regional. La Igualdad como eje central de las políticas es la herramienta que se pretende utilizar para generalizar derechos, lo que requiere incorporar a la acción política las reivindicaciones feministas y del movimiento LGTBIQ+. Es la manera de erradicar todas las formas de discriminación y violencia de género y garantizar la participación activa de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en los espacios de toma de decisiones.
Combatir el Lawfare contra los gobierno progresistas
El Grupo de Puebla ha priorizado desde su constitución el combate al Lawfare, la estrategia de guerra jurídica que, con la supuesta excusa de la lucha contra la corrupción, busca acabar con gobiernos progresistas, fuerzas políticas de izquierdas y con sus liderazgos, como ha ocurrido en contra de Cristina Fernández, Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador, el gobernador del departamento del Magdalena (Colombia) Carlos Caicedo, Lula, Evo, Marco Enríquez-Ominami, o contra el proceso de paz en Colombia mediante el “entrampamiento” orquestado contra Jesús Santrich e Iván Márquez, entre otros.
Precisamente para combatir esta estrategia de lawfare impulsada por la internacional ultraderechista -que también golpea en España de forma permanente a Unidas Podemos-, el Grupo de Puebla creó el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), sin duda la herramienta más eficaz contra la guerra jurídica asimétrica con que cuentan en estos momentos las fuerzas democráticas y progresistas de América Latina y quizás de todo el mundo.
Nos felicitamos de la consolidación que el Grupo de Pueblo ha conseguido en estos últimos años, consolidación que supone un avance para las ideas de progreso en el mundo y para el fortalecimiento de los gobiernos izquierdas y los procesos de emancipación de los pueblos de América Latina.
LULA Y PETRO ABREN EL CAMINO
El Grupo de Puebla prestó especial atención a la victoria de Lula en las elecciones presidenciales en Brasil y a las posteriores amenazas de la ultraderecha brasileña de Bolsonaro, intentando impedir una transición ordenada en la presidencia de esta potencia regional, así como a los importantes cambios habidos en Colombia, donde por primera vez desde la independencia existe un gobierno de clara orientación popular y de izquierdas, que ha puesto en marcha la política de “paz total”, para acabar con los numerosos conflictos armados internos que asolan a este país, con diferentes características, causas y actores en cada región. Tanto el Grupo de Puebla como el gobierno del presidente Gustavo Petro son conscientes de que la paz, el derecho humano síntesis sin el cual no es posible disfrutar del resto de derechos, es requisito imprescindible para garantizar el progreso social y generalizar los derechos sociales y políticos al pueblo colombiano.
(*) Secretario General del PCE. Integrante del Consejo Latinoamericano
de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla
