La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y los gobernadores electos para 2023 se reunieron este lunes para buscar una salida a la crisis política en el Perú, después de que la presidenta Dina Boluarte haya evitado reunirse con ellos, a pesar de las reiteradas peticiones de las autoridades regionales.
“¡El Congreso de la República debe cumplir con aprobar el adelanto de elecciones exigido por el pueblo, para que cese la violencia!”, afirma el comunicado difundido por la ANGR tras su asamblea.
“Reiteramos nuestra posición que el adelanto de las elecciones se realice en el año 2023 y el recorte del mandato presidencial en el marco de la Constitución, en ese mismo plazo, como una salida efectiva a la crisis política. Iniciar el debate de las reformas políticas necesarias”, agrega el comunicado.
Los presidentes regionales también exigen que se termine el estado de emergencia y que se instale una comisión especial para investigar y sancionar a los responsables de las muertes en regiones.
“Nuestra firma condena por las muertes ocurridas en varias regiones del país, hechos que deben ser investigados y sancionados en el marco de nuestra legislación peruana y legislación internacional de la que el Perú es parte. Exigir al Ejecutivo y Legislativo la instalación de una comisión sumaria para estos fines”, demanda la ANGR.
Paro en Ayacucho y Puno el 20 y 21 de diciembre
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho junto con otras organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y de trabajadores realizan un paro regional a partir de este martes 20 de diciembre en demanda del cierre del Congreso y la convocatoria de una Constituyente para cambiar la Carta Magna.
Para las organizaciones y grupos sociales de Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la represión, la situación revela la ofensiva de la derecha y la ultraderecha para apoderarse del país, de acuerdo con un comunicado del frente.
En la víspera del paro en Ayacucho, circuló por redes la amenaza de un general de la Policía en el mercado contra los ciudadanos, para amedrentar y limitar el derecho a la protesta pacífica:
En el departamento de Puno, tras una asamblea general este lunes se decidió radicalizar las acciones de protesta con el bloqueo total de carreteras a partir de este 20 de diciembre, informó el presidente del Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca, Félix Suasaca.
Señaló que en algunas localidades de las zonas norte y sur de la región, la población continúa en pie de lucha y mantienen bloqueadas algunas vías, medida que se radicalizará desde el martes 20 de diciembre y, de no obtener resultados favorables, viajarán hacia la ciudad de Lima.
“Este miércoles nos reuniremos para decidir si viajamos o no a la ciudad de Lima, donde protagonizaremos una segunda marcha de los cuatro suyos, porque Dina Boluarte no nos representa”, indicó
Boluarte cambia su primer ministro y nombra Director de Inteligencia vinculado a la ultraderecha
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció la destitución de su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política que atraviesa el país y que ha causado al menos 25 muertes (cifra oficial provisional) y cientos de heridos en protestas que exigen la convocatoria a elecciones adelantadas y la excarcelación de Pedro Castillo.
El Congreso de la República mantiene un 80% de desaprobación, según el último estudio de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Este martes 20 el Pleno del Congreso retoma el debate del adelanto de elecciones. Un sector de la derecha opta por que los nuevos comicios sean en 2024 y la izquierda pide que sea en 2023 pero acompañado de un referéndum para una Asamblea Constituyente.
El nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en reemplazo de Wilson Barrantes, Juan Carlos Liendo, general retirado que era asesor de la Comisión de Inteligencia presidida por el congresista José Cueto de Renovación Popular (ultraderecha).
Según denunció la periodista Jacqueline Fowks, el nuevo jefe de inteligencia fue ayudante de Julio Sallazar, quien dirigió el servicio de inteligencia bajo Fujimori y fue condenado por varias masacres.
Evidencian vandalismo y violencia de policías infiltrados
Como ocurrió en el estallido social en Colombia (2021), la acusación de vandalismo para desacreditar a los manifestantes y justificar hasta el asesinato de civiles desarmados con disparos a la cabeza y al tórax, se está probando falsa. Diversos videos prueban la infiltración de las protestas por policías de las fuerzas especiales (grupo Terna), que causan violencia y destrucción antes de comenzar a agredir a los manifestantes y practicar detenciones ilegales:
La mayoría de jóvenes que han muerto en las protestas son de Ayacucho y Apurímac. Sus familias les dieron sepultura este fin de semana y exigen una investigación para determinar responsables. En Apurímac, la mayoría eran adolescentes entre 15 y 19 años.
