La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha anunciado su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario y temporal a las grandes energéticas, impulsado por el Gobierno, por la presión de Unidas Podemos para gravar a las grandes empresas que se están haciendo de oro a costa del sufrimiento de la gente.
En un comunicado, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, tilda de «discriminatorio e injustificado» este tributo, que grava los ingresos no regulados en territorio nacional, con un tipo del 1,2%. Siguen así el camino emprendido por la patronal bancaria, quien también ha anunciado que recurría dicho impuesto, pese a que obtuvieron un beneficio conjunto récord de 20.850 millones en 2022, lo que supone un 28% más que el resultado de 2021.
La idea del Gobierno es recaudar 2.000 millones de euros al año de los «beneficios extraordinarios» de estas empresas en 2022 y 2023 y la previsión es que estarán en vigor en 2023 y 2024 para las energéticas.
Hasta el momento, las únicas energéticas que han dado una estimación del pago al que deberán hacer frente han sido Naturgy y Repsol. Durante la presentación de sus resultados de 2022, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, adelantaba que la compañía deberá abonar en torno a 300 millones de euros debido al nuevo impuesto. En el caso de Repsol, la cifra se eleva hasta los 450 millones de euros.
