Este miércoles la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), ha hecho públicos y puesto a disposición de la ciudadanía varios documentos útiles para exigir el cumplimiento de la reciente Ley 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que lleva en vigor desde el 26 de mayo del 2023.
«A partir de la entrada en vigor de la conocida como “Ley vivienda” no se puede ejecutar ningún desahucio de familia vulnerable sin que el gran propietario (más de 10 viviendas) pase por una intermediación obligatoria con la administración pública», recuerdan desde la PAH.
Por ello, con la entrada en vigor de esta Ley desde los juzgados se deben inadmitir todas las nuevas demandas y suspender los procedimientos de desahucio en curso que cumplan los siguientes requisitos: que el gran propietario tenga más de 10 viviendas, que se trate de vivienda habitual y que la familia sea vulnerable, es decir, que sus ingresos sea 3 IPREM o cumplan los criterios de la moratoria estatal, para los casos de impago de hipoteca, impago alquiler o finalización de contrato, y en los casos de ocupación que se demanden por la vía civil.
Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas presentan estos documentos jurídicos para dar batalla judicial y dar respuesta a las miles de familias que actualmente tienen su desahucio paralizado gracias a la moratoria estatal y que se encuentran desinformadas o angustiadas porque no saben qué va a pasar después del 30 de junio, una vez que ésta decaiga. Además, también se podrán defender las familias vulnerables que a día de hoy ven que en breve entrarán en un procedimiento judicial por su situación económica que no les permite seguir pagando la hipoteca, el alquiler o que se han visto obligadas a ocupar una vivienda vacía de un banco.
Ponen como ejemplo los datos publicados sobre el impacto de la moratoria en Cataluña, sólo en 2022 se habrían parado 26.658 desahucios en toda España, cifras que acumulando los suspendidos en 2020, 2021 y 2023 equivalen a miles de desahucios que ahora deben canalizarse con las medidas de la ley vivienda. Los impulsados por grandes propietarios deben ir a una intermediación que deberá aportar soluciones, pero la moratoria no distinguía entre propietarios, de manera que se deben prever medidas extraordinarias para ofrecerles alternativa de vivienda.
Además desde la PAH señalan que aunque la Ley dista mucho de lo que pedían los movimiento sociales de vivienda como el alquiler social obligatorio, advierten que exprimirán hasta la última coma para paralizar los desahucios y conseguir soluciones habitacionales para familias con riesgo de desahucio.
En este sentido, los documentos que han presentado hoy utilizan la modificación de la LEC para conseguir la intermediación que contempla la Ley, para exigir después que en ella se aporten soluciones que eviten que familias vulnerables pierdan su casa. Los Documentos útiles jurídicos que presentan son los siguientes:
- Documento 3. Modelo escrito obligatoriedad intermediación con la administración para desahucios hipotecarios
Además en el comunicado instan a las comunidades autónomas a trabajar para desarrollar el proceso de intermediación para que sea lo más garantista, consiguiendo arrancar a los grandes tenedores a soluciones dignas, como un alquiler social o realojos dignos, y así evitar el desahucio. En Cataluña, primer territorio donde la PAH consiguió aprobar una ley antidesahucios, reclaman que en la intermediación se exija el cumplimiento del alquiler social obligatorio de la Ley 24/2015, con sanciones automáticas si se incumple, medida que Comunidades como Valencia, Navarra o Baleares también incorporaron en parte y que debe ser aprobada en todos los territorios.
Por último reclaman que todas las administraciones, incluída la de Justícia, se pongan a trabajar para que toda familia vulnerable conozca sus derechos y para que los bancos, fondos buitres y grandes propietarios cumplan con sus obligaciones.
