La sentencia hace justicia con los trabajadores y las trabajadoras

La Justicia obliga a la patronal de la industria vinícola y alcoholera de La Rioja a subir un 3,87% los salarios

El convenio de industrias vinícolas y alcoholeras de La Rioja está en proceso de negociación desde hace año y medio. La patronal del sector elude la actualización de tablas salariales de 2022 acorde al IPC de dicho año
Industrias vitivinícolas

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJ) ha reconocido el derecho de las trabajadoras y los trabajadores del convenio de vinícolas y alcoholeras de La Rioja al incremento de sus salarios en 2022 conforme al IPC real de 2021, lo cual obliga a la patronal a incrementar los salarios un 3,87% en dicho sector.

Dicho recurso estima la demanda rectora del proceso y declara que las personas trabajadoras afectadas por el convenio tienen derecho al incremento del 100 % de sus conceptos retributivos para el ejercicio 2022 en la cuantía de la diferencia resultante entre el porcentaje del índice de precios al consumo real del año 2021 – un 6,5 por ciento- menos la suma del incremento salarial pactado para el año 2021 -un 1,3 por ciento-, más el que supone la nueva base de referencia de la antigüedad prorrateada – un 1,33 por ciento-, lo que resulta un incremento salarial del 3,87 por ciento.

Contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, pero aun así los sindicatos CCOO, UGT y USO entienden que esta sentencia es una buena noticia para el sector y hace justicia a lo que en la firma de este convenio se negoció.

Cabe recordar que el convenio de industrias vinícolas y alcoholeras de La Rioja está en proceso de negociación desde hace año y medio. La patronal del sector elude la actualización de tablas salariales de 2022 acorde al IPC de dicho año y es reacia a incluir ningún tipo de cláusula salarial. Sus propuestas de incrementos salariales para los tres años siguientes son consideradas por la parte social insuficientes.

Por ello, los trabajadores y las trabajadoras de un sector, considerado clave en la economía de la región, están llevando a cabo un periodo de movilizaciones y acciones sindicales para conseguir un convenio justo. Es decir, un acuerdo que recupere el poder adquisitivo perdido durante estos años y asegure un futuro sin pérdidas económicas y mejoras en términos de derechos laborales y sociales.

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