Afrontamos la recta final del año con el reto de renovar el Gobierno progresista en la próxima sesión de investidura, una vez que ha quedado demostrado que Feijóo no era una alternativa real para asumir la Presidencia del Gobierno. No es solo una cuestión numérica, sino principalmente de voluntad política para llegar a un acuerdo que reedite no solo los acuerdos programáticos que guiaron la legislatura que toca a su fin, sino que aborde de manera inmediata una rearticulación territorial de nuestro país en clave federal, plurinacional y solidaria.
Con el objetivo de demostrar que la España plural es capaz de articular un Gobierno estable, capaz de profundizar en el carácter democrático de las instituciones públicas, son tres los ejes sobre los que debe girar el acuerdo de investidura. En primer lugar, el objetivo tiene que ser retomar todo aquello que quedó pendiente de concreción en el anterior periodo, además de dar continuidad a todas las medidas que constituyeron un escudo social para que las familias trabajadoras no volvieran a soportar el peso de las crisis del Covid19 y la guerra de Ucrania. Así, los primeros compases del próximo gobierno, que empiezan ya con la negociación previa a la investidura, son una oportunidad inmejorable para la recuperación de derechos y libertades a través de las reformas del Código Penal, de la Ley de Secretos Oficiales o de la ley mordaza, asuntos de interés nacional para prácticamente todas las fuerzas que no encajan en el bloque reaccionario que constituyen PP y Vox.
En segundo lugar, es el momento de desarrollar una agenda de trabajo para profundizar la federalidad del Estado desde parámetro plurinacionales y solidarios, reivindicaciones históricas de nuestro espacio político. Una España dirigida sobre parámetros plurinacionales, en los que la defensa del interés nacional sea compatible con el reconocimiento de la pluralidad de naciones que componen nuestro país, así como con el impulso de un nuevo sistema de financiación de los territorios que compense a los más pobres frente a los más ricos. Un marco, al fin y al cabo, continuista con la tradición republicana que tiene la oportunidad de seguir avanzando posiciones hacia la democratización de la jefatura del Estado.
Finalmente, en tercer lugar, es necesario resolver los problemas políticos desde la política, valga la redundancia. La vía coercitiva y judicial para resolver la pulsión plurinacional de nuestro país ha demostrado ser un rotundo fracaso. En este punto, medidas como la amnistía son perfectamente viables en nuestro marco legal y jurídico. Como recordaba nuestro secretario general en el Congreso de los Diputados, el indulto, la renuncia a la acción penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad. La amnistía es una institución recogida en tratados internacionales en vigor en España, también contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno, solo con el límite de aplicación en delitos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de guerra. La Constitución no prohíbe la amnistía, sino que es una facultad del legislativo que opera sobre una conducta y no socaba en ningún caso la autoridad del poder judicial. Los objetivos de la amnistía en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. Algo que la anomalía democrática representada por el PP y sus aliados de Vox están dispuestos a sacrificar y que ahora tenemos la oportunidad de consolidar con la renovación del gobierno progresista.
