El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado una Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, en los que instan al gobierno a exigir el inmediato cese de los bombardeos sobre la Franja de Gaza; un alto al fuego inmediato; un intercambio de prisioneros y rehenes supervisado por Naciones Unidas; y a un llamamiento a respetar sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Con la misma urgencia instan a la apertura de corredores humanitarios que permitan socorrer y asistir a la población civil en peligro, así como el acceso de la ayuda humanitaria, “que debe ser aumentada de manera urgente”.
Partiendo de la condena “de forma inequívoca” de los “actos de terror y ataques contra la población civil de Hamás y el Estado de Israel” y la solidaridad con todas las víctimas, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar recuerda que los ataques no son un hecho aislado, que son ya más de 75 años de conflicto, y muchas décadas de ocupación, bloqueo y violación sistemática de derechos humanos por parte de colonos y fuerzas de seguridad y defensa israelíes, que han derivado en la consolidación, por parte del Estado de Israel, de un régimen de apartheid, un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002.
También señalan la doble vara de medir de quienes condenan estos ataques a la vez que “ignoran de forma sistemática, los crímenes diarios del Estado Ocupante, culpable de que el 95% de los fallecidos en el conflicto desde 2006 sean palestinos”
En esa línea denuncian que el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, ni siquiera en el ejercicio de la legítima defensa como establece, de forma taxativa, el derecho internacional y las Convenciones de Ginebra de 1949” Y en ese sentido la respuesta de Israel supone un castigo colectivo contra la población gazatí, y un ejercicio de violencia impune contra todo el pueblo palestino, lo que constituye un crimen de guerra con potenciales repercusiones regionales e internacionales.
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar califica de “enormemente preocupante e irresponsable” la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que “contraviene los valores fundacionales del proyecto europeo, así como el espíritu de multilateralismo democrático y protección de los derechos humanos que debería guiar la política exterior de una Europa autónoma en el actual contexto de incertidumbre geopolítica”.
En ese sentido exigen que tanto la Unión Europea como nuestro país sean parte de la solución al conflicto, redoblando sus esfuerzos para que Israel cumpla con sus obligaciones ante el sistema internacional y los Acuerdos de Oslo, y avanzando hacia el reconocimiento efectivo e integral del Estado palestino. De momento piden que el gobierno solicite a la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Asociación UE—Israel, a la luz de las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos de su Gobierno y la revisión de los fondos que Israel recibe del Instrumento Europeo de Vecindad u otros programas europeos. Igualmente pide que España solicite a los estados miembros la suspensión de la venta de armas a Israel.
La PNL presentada hoy insiste en que sin atajar el problema de raíz no se podrá transformar la situación de Israel y Palestina, y mejorar la vida y el bienestar de sus pueblos. Por ello insta al gobierno español a que exija el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la retirada de los territorios ocupados, el desmantelamiento del muro y el fin de la expansión de los asentamientos ilegales de Israel, acelerados por el ejecutivo de Benjamin Netanyahu, así como el cese de la violencia en Jerusalén y Cisjordania.
Propuesta de Declaración institucional
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar también ha presentado una propuesta de Declaración institucional ante “los graves y dramáticos acontecimientos que se han sucedido desde el pasado sábado 7 de octubre en la Franja de Gaza y el Estado de Israel” que deberá ser aprobada por unanimidad en la Junta de Portavoces.
En ella, además la condena de los atentados y solidaridad con las víctimas, alto el fuego entre ambas partes, con la mediación de Naciones Unidas, fin del asedio y bombardeo, y petición a la comunidad internacional y la UE de priorizar la protección a la población civil, alienta al “reinicio de las negociaciones entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina, bajo patrocinio de Naciones Unidas y con las debidas garantías internacionales, para la solución de los dos estados, que permita convivir a israelíes y palestinos en sus respectivos estados viables”. Eso conlleva el reconocimiento del Estado de Palestina con capital en Jerusalén, en las fronteras de 1967, con los intercambios de territorio necesarios negociados, con seguridad y el retorno de los refugiados, de acuerdo con la Declaración de Principios (Acuerdos de Oslo) y las resoluciones 242 y 338 de NNUU.
La propuesta de Declaración Institucional incluye el apoyo a la presencia del contingente y los mandos españoles en FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano), de acuerdo con el mandato del Consejo de Seguridad, y la voluntad de solicitar la intervención del Fiscal de la Corte Penal Internacional para que, con la contribución de los relatores especializados de derechos humanos de NNUU, amplíe la investigación en curso sobre las potenciales violaciones habidas por todas las partes en el actual conflicto de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
