Toni Valero nació en el madrileño barrio de Chamberí hace 42 años, pero se crió en Málaga, donde vive con su pareja y sus dos hijas. Empezó a militar a los 18 años en la UJCE convirtiéndose en el secretario general de la organización en Andalucía. En 2013 fue nombrado responsable de Organización y Finanzas de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA), ejerciendo como número dos de la formación política. Con talante conciliador, se dice de él que se lleva bien “con todo el mundo”. Cuando en junio de 2021 Antonio Maillo dimite como coordinador de IU Andalucía, Valero fue quien generó más consenso para tomar el relevo. Dos años después fue reelegido con el 86 % de los votos de la nueva coordinadora andaluza.
Valero es profesor de historia de un instituto público en San Pedro de Alcántara donde espera volver cuando deje la primera línea de la política. Pero ese momento está muy lejos. Este verano encabezó la lista de Málaga por Sumar y acaba de cruzar Despeñaperros para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados en una de las legislaturas que augura ser una de las más difíciles desde la Transición. La derecha política, que no suma mayoría para gobernar, se moviliza a todos los niveles para impedir que se renueve un gobierno progresista de PSOE y Sumar; el poder judicial hace política contra el gobierno; el mediático condiciona a la opinión pública y el económico no esta dispuesto a una política fiscal y laboral en favor de los intereses de la mayoría.
ACUERDO DE GOBIERNO
GEMA DELGADO: ¿Cómo valoras el acuerdo de Gobierno entre Sumar y PSOE y qué puntos destacarías de él?
«Se continúa con la senda de protección de la clase trabajadora en transición digital, causalidad ante el despido, reducción de jornada y subida del SMI»
TONI VALERO: Es un acuerdo positivo para las capas populares porque permite avanzar en las bases de un nuevo país. Esto es así porque el acuerdo se escora en favor de los intereses de la mayoría social a la hora abordar los retos de nuestra economía y de nuestro Estado del bienestar. La transición digital y energética se aprovechan para fortalecer el tejido productivo del país, especialmente las pymes y cooperativas, así como para afrontar la autonomía estratégica. Se continúa con la senda de protección de la clase trabajadora con la adecuación de un Estatuto del Trabajo a la transición digital, con el refuerzo de la causalidad ante el despido, con la reducción de la jornada laboral o con la subida del SMI. Hay también un protagonismo del sector primario y del mundo rural, para el que se contempla la monitorización de los mercados a fin de cumplir con la ley de la cadena alimentaria, la defensa de la agricultura profesional y social, así como garantizar una cartera de servicios públicos básicos a menos de treinta minutos. Esta última medida contribuye a fortalecer el Estado del bienestar, la cohesión territorial y a asentar a la población al territorio. Es un objetivo coherente con más medidas del acuerdo tendentes a reforzar los servicios públicos, muy especialmente el sistema sanitario público tan maltratado y expoliado por las políticas neoliberales que aplican los gobiernos autonómicos en manos del Partido Popular.
«La monitorización de los mercados para cumplir con la ley de la cadena alimentaria, protegerá al sector primario y al mundo rural»
El conflicto abierto entre la necesidad de aumentar la producción de renovables y su impacto en el mundo rural con la instalación de grandes macroproyectos en manos de fondos de inversión se acomete en una buena línea. Por una parte se pretende promover la proliferación de comunidades energéticas y, por otra, para evitar el daño en el patrimonio natural y paisajístico así como en el sector agroganadero se acuerda un mapa nacional de renovables sujeto a criterios de sostenibilidad, no obstante es imprescindible que dichos criterios sean inexcusables para evitar una burbuja especulativa en torno a los macroproyectos de renovables. También debemos destacar por su impacto en el sector primario y en el medio natural la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Desertificación, así como la Estrategia de adaptación al cambio climático con Planes contra el Calor en centros educativos, muy necesaria ante la dejadez de gobiernos autonómicos como el andaluz con el problema en el que se encuentran muchos centros educativos ubicados en zonas de severidad climática.
Por último se podría ahondar en otros puntos positivos como la reforma del modelo de financiación autonómica, la apuesta por el ferrocarril, la derogación de la ley mordaza, la ampliación de permisos de paternidad y maternidad… pero quiero llamar más la atención sobre las políticas feministas que consolidan a nuestro país como referencia internacional. Unas políticas feministas que se concretan también de manera transversal con un enfoque de género en muchas partes del acuerdo.
G.D.: En las negociaciones siempre se dejan cosas por el camino. ¿Qué echa de menos IU en ese acuerdo?
T.V.: Efectivamente, el acuerdo adolece de algunos déficits. No es valiente en el impulso decidido que necesita el sistema educativo público en detrimento del sistema educativo privado, hoy mayoritariamente concertado. Mantiene políticas que consolidan el modelo en lugar de ir revirtiéndolo progresivamente.
También echamos en falta un Plan de Trabajo Garantizado así como una mayor concreción de los mecanismos para garantizar el acceso a la vivienda en alquiler. No olvidemos la capacidad que tiene el lobby inmobiliario para influir en los gobiernos del PSOE y dejar en papel mojado dignas pretensiones pero sin concreción práctica.
En esta línea de posición tibia del PSOE continúan sus reticencias a una profundización en la laicidad del Estado a pesar de que la democracia de este país necesita una revisión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
Por último, se obvia una posición sobre el Sáhara acorde a las resoluciones de las NN.UU. La injustificable posición de Pedro Sánchez en la pasada legislatura, acordes a las tesis del gobierno marroquí, no son enmendadas.
G.D.: ¿Crees que con la composición de este Parlamente se podrá conseguir la subida del SMI, la ampliación del permiso por paternidad y la reducción de la jornada laboral por ejemplo? Me refiero en concreto a la posición que pueda adoptar PNV y a Junts.
T.V.: Qué duda cabe que PNV y Junts son fuerzas conservadoras ligadas a los intereses de las patronales vasca y catalana. No obstante, no deberíamos caer en un determinismo que obviara más factores que operan en esta legislatura. Ambas fuerzas políticas mantienen una dura disputa con otras referencias nacionalistas escoradas a la izquierda que conectan con bases electorales compartidas. En particular es notorio el crecimiento de Bildu gracias, en parte, a haber dado su apoyo a los avances sociales de la anterior legislatura. A esta consideración debemos añadir otra más. Si PNV y Junts se ubican en el bloque democrático de la investidura, con pretensión de dar estabilidad a un gobierno con el que acordarán políticas, tendrán también que apoyar medidas de la agenda social, vital para la legitimación del gobierno frente a la alternativa del Partido Popular y Vox.
«Apostamos por un modelo productivo diversificado, con empresas públicas en sectores estratégicos y con protagonismo de pymes y cooperativas»
G.D.: Es un momento de transición ecológica que puede convertirse en una oportunidad para cambiar el modelo productivo de este país. ¿Cuál es el modelo que reclama IU?
T.V.: Apostamos por un modelo productivo diversificado, con empresas públicas en sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, etc.), con protagonismo de pymes y cooperativas en la composición del tejido productivo y con un impulso de la industria verde. El sector industrial y los servicios públicos deben jugar un papel protagonista en el modelo de crecimiento económico. Como dices, se abre una oportunidad para mejorar la calidad del empleo y para impulsar la formación profesional desde lo público en coherencia con el cambio de modelo.
También hemos de tener en cuenta la necesaria cohesión territorial y social del país. En gran medida la España vaciada es consecuencia de los desequilibrios provocados por actual modelo productivo.
G.D.: La política internacional es un terreno en el que es difícil caminar junto al PSOE pero se ha conseguido la voluntad de trabajar por el reconocimiento al Estado de Palestina ¿Qué te parece que Sumar haya conseguido insertar este punto?
T.V.: Efectivamente, las incoherencias en política internacional del PSOE son notorias. Sirva como ejemplo la nefasta posición de Pedro Sánchez sobre el Sáhara y la relación preferente de la diplomacia con el régimen marroquí. Quizá por este punto de partida hayamos de considerar un éxito insertar el reconocimiento del Estado de Palestina en el acuerdo. Sin duda, hay una presión social en favor del pueblo palestino acrecentada en estas semanas por el genocidio televisado que está sufriendo. El acuerdo de gobierno no podía ser ajeno a esa demanda coherente con el derecho internacional y con la posición mayoritaria de la sociedad española. La sociedad española percibe que defender el derecho internacional para Palestina es también defender la democracia en nuestro país. Hay un claro protagonismo del gobierno israelí en la ola reaccionaria internacional.
«La Presidencia de la UE debería conllevar un mayor alineamiento con la posición de las Naciones Unidas, en particular con la exigencia de alto el fuego»
«La votación del 27 de octubre en NN.UU. evidenció la posición colaboracionista con Israel de Alemania, Italia, Países Bajos y los gobiernos del Este»
G.D.: ¿Crees que la Presidencia de la UE por parte de España será importante para lograr el alto al fuego y hacer avanzar esta reivindicación que ya viene reconocida en los acuerdos de Oslo?
T.V.: La Presidencia de la UE debería conllevar un mayor alineamiento con la posición de las Naciones Unidas, en particular con la exigencia, casi desesperada, de su secretario general, António Guterres, de alto el fuego. Los gobiernos de Colombia, Cuba, Brasil, Bolivia, Chile… están dando un ejemplo en cómo estar a la altura en la actual crisis provocada por los bombardeos e invasión de Gaza por parte de Israel. La Presidencia de la UE ha de expresar, cuanto menos, que Europa quiere hacer prevalecer el derecho internacional y humanitario, y debería promover un embargo de armas a Israel. No obstante, la votación de 27 de octubre de la Asamblea General de NN.UU. pidiendo el cese de hostilidades evidenció la posición colaboracionista con Israel, de países como Alemania, Italia, Países Bajos y los países del Este. Con estos mimbres se asume la Presidencia de la UE así que ya veremos hasta dónde llega el empuje de la UE para frenar el alto el fuego y no digamos, reconocer al Estado de Palestina.
«Los poderes fácticos van a presionar para evitar los avances sociales, ya lo hemos visto en el propio proceso de investidura»
G.D.: Desde el gobierno es desde donde se cambia el BOE y se implementan las leyes pero la presión de la sociedad civil organizada es la que puede reorientar el contenido de esa legislación. ¿Qué papel deberían tenerlos sindicatos y la movilización social para lograr avances laborales y sociales en esta legislatura?
T.V.: Los poderes fácticos van a presionar para evitar los avances sociales, ya lo hemos visto en el propio proceso de investidura. A eso hemos de añadir una aritmética parlamentaria precaria. Se da la paradoja de que en el Congreso no hay una mayoría de las fuerzas progresistas pero sí hay una mayoría proclive a aprobar muchas medidas progresistas, siendo más difícil en materia económica. Junto a esos dos condicionantes nos podemos encontrar con unas directrices europeas más neoliberales, alejadas de las políticas expansivas practicadas durante la pandemia. Por tanto, es imprescindible el protagonismo popular para escorar la balanza. Este gobierno de coalición necesita del empuje popular en la calle para hacer valer la agenda progresista contemplada en el acuerdo. Si el mismo PSOE requiere de presión social para cumplir su propio programa electoral, no digamos un gobierno de coalición que está en el punto de mira del poder financiero, del poder mediático y de las grandes empresas energéticas.
A resultas de lo anterior, la legislatura debería ser expresión de una movilización social sostenida que haga cumplir con la agenda social pero, no de menor importancia, que evite que la calle, el debate público, sea hegemonizado por la derecha y la ultraderecha. Las fuerzas reaccionarias intentarán servirse de la calle para crear la idea de que estamos ante una legislatura provisional y con un gobierno ilegítimo.
«El papel de los sindicatos de clase es fundamental, por su capacidad de movilizar y porque están actuando como barrera frente a la ola reaccionaria en otros países»
En todo esto el papel de los sindicatos de clase es fundamental. Primero por su capacidad de movilizar, de sintonizar con los intereses de las capas populares y de influir en el gobierno de coalición. Y segundo porque el movimiento obrero se está erigiendo, como podemos ver actualmente en los EE. UU. y en otras partes del mundo, en una barrera frente a la ola reaccionaria.
«Hay que ‘institucionalizar’ el espacio político de Sumar, es decir, dotarlo de estructuras de coordinación y de método a fin de garantizar la participación democrática»
SUMAR
G.D.: Sumar está en construcción. ¿Cuál es el abanico de posibilidades que podrían configurarse? Y ¿por cuál se pronuncia el PCE e IU?
T.V.: La construcción de Sumar debe responder a su finalidad. Entendemos que esta debe ser evitar la fragmentación electoral en el campo de la izquierda; articular formas de participación política diversas acordes a cómo se implica hoy la gente en política, a veces de manera continuada y otras de manera coyuntural, en cualquier caso, ha de ser flexible para responder a los distintos intereses y voluntades de compromiso de quienes quieran ser parte de Sumar; garantizar la democracia interna, porque lo que propugna la izquierda para la sociedad ha de ejemplificarlo; y encarnar un programa político ecosocialista, feminista y pacifista.
Para alcanzar esa finalidad la construcción debería contemplar el concurso de actores dispares, tanto de personas a título individual como de organizaciones políticas con sus militancias. Hay que “institucionalizar” el espacio político, es decir, dotarlo de estructuras de coordinación y de método a fin de garantizar la participación democrática, la subsidiareidad de los grupos institucionales con respecto a las estructuras de coordinación, el arraigo territorial de las estructuras de coordinacion, y el reconocimiento de las singularidades territoriales.
En definitiva estamos hablando un frente amplio, en tanto ha de ser heterogéneo en su composición partidista, diverso en la naturaleza de los actores (partidos e individuos) y plural en lo ideológico. Esa es la propuesta estratégica que IU y el PCE ofrecen a Sumar, espero que Sumar apueste por transitar hacia un frente amplio.
G.D.: Desde un punto de vista orgánico, en estos momentos, ¿dónde se integra Izquierda Unida en Sumar? Y, ¿cuál es el papel de los partidos y de la ciudadanía en el entramado organizativo?
T.V.: A día de hoy, Izquierda Unida participa del órgano de dirección del grupo parlamentario plurinacional Sumar con un representante, nuestro camarada Enrique Santiago. También ha sido invitada a tener presencia con dos miembros, Enrique Santiago y Sira Rego, en el grupo promotor de Sumar, es decir, el grupo que promueve la construcción organizativa y política de Sumar. Todavía no hay un entramado organizativo pero sí empieza a darse la transición de Movimiento Sumar desde su origen como partido instrumental a su planteamiento como partido político. Esto supone un reto en tanto Sumar, como paraguas de muchas fuerzas políticas aglutinadas en la candidatura de las generales, ahora se identifica con su partido instrumental, Movimiento Sumar, el cual, obviamente, patrimonializa la marca electoral. Digo que es un reto porque ante esta nueva realidad se debe despejar la fórmula en la que las organizaciones políticas se vinculan con o en Sumar ¿Será Sumar (Movimiento Sumar) un partido más de una coalición con estructuras comunes de coordinación estables y arraigadas al territorio? ¿Será Sumar una federación de partidos en la que también haya vinculación de personas independientes? A fin de cuentas, las fórmulas jurídicas posibles condicionarán una estructura organizativa, y por ende unos propósitos políticos, u otra. Lo que es seguro es que IU podrá contribuir a la conformación de Sumar y a su despliegue si la fórmula así se lo permite, sea coalición o federación de partidos.
