Proteger la democracia pasa por reivindicar la memoria democrática y, a su vez, por la defensa de los colectivos y entidades que tienen ésta como finalidad y que se dedican a cuidarla, mantenerla y extenderla para convertirla en una de las bases en la que se sustente y avance. Deben ser el acicate contra la extrema derecha y su visión social y política absolutamente excluyente, también en cuanto a la historia reciente se refiere.
Esta es una de las conclusiones de los últimos Encuentros Transfronterizos, los duodécimos, que se cerraron el pasado 1 de octubre en Villeneuve-sur-Lot, donde entidades francesas y españolas debatieron y elaboraron propuestas para hacer frente a este desafío.
El aumento de la presencia institucional de la ultraderecha y el auge de los grupos neonazis en Francia en el último año, el control de los medios de comunicación por el revisionismo que blanquea el fascismo la van asemejando, cada vez más, con lo que en España llevamos constatando en los últimos tiempo y que, de forma recurrente, vamos describiendo en esta columna. Los acuerdos a los que han llegado PP y VOX para gobernar comunidades autónomas y multitud de municipios de nuestro país contemplan medidas —explicitadas antes y después de las elecciones—, que se centran en acabar con la memoria democrática, derogando las leyes dictadas en la materia o dejándolas sin aplicación, al tiempo que propugnan un discurso que fundan en lo que ellos denominan concordia y reconciliación, pero que no es más que olvido, silencio y el mantenimiento del acervo cultural franquista disfrazado como la esencia de una españolidad imperial que sólo ellos entienden.
“Eliminar la Memoria Democrática es socavar los cimientos sobre los que se construye y sostiene el Estado democrático”, se argumentaba en los debates del mencionado Encuentro que ha demostrado la universalidad que supone la lucha frente al fascimo; así profundizaban en ello: “no se trata, como equivocadamente proclama la derecha en España, de imponer un relato histórico de parte, sino de transmitir una serie de valores democráticos aprendidos a través de nuestras vivencias como sociedad y que tienen que ser comunes a la ciudadanía en cuanto que conforman el núcleo de la conciencia democrática indispensable para construir democracia; en definitiva, se trata de recuperar, rehabilitar y reconocer la herencia común y universal de todas aquellas personas que lucharon en el pasado por la democracia”. El nazifascismo europeo se derrotó también con la aportación directa de los exiliados españoles en Francia, fundamentalmente. La memoria democrática no puede quedar al albur del signo del gobierno de turno ya que debe ser un eje central del propio Estado que se define como democrático. Las políticas públicas de memoria son una obligación cuyo cumplimiento no puede depender de la voluntad de los gobernantes, ya que deben ser parte inmutable del patrimonio democrático de la sociedad.
Con los jueces hemos topado
Pero la realidad es tozuda y no logra virar hacia este camino, Son cuatro las sentencias que desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática han rechazado investigar torturas y asesinatos por parte de la Policía franquista ya que sus correspondientes jueces consideran imposible que los tratados internacionales que prohíben la prescripción de los delitos de lesa humanidad puedan aplicarse en estos casos. El de Carles Vallejo ha sido el último. A pesar de que la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la investigación judicial, se ha inadmitido a trámite la querella presentada invocando el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables como el dogma que impide considerar las torturas policiales de los años 70 como delito de lesa humanidad.
