La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para la reforma del Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE. Se trataba de uno de los principales objetivos de la presidencia española del Consejo de la UE que incluye cinco reglamentos que cubren todo el proceso migratorio: desde que las personas migrantes llegan a la frontera hasta que se otorga el asilo o se deniega.
El resultado final de este Pacto Migratorio es una suspensión de facto del derecho al asilo que refuerza el control de fronteras y no despliega ninguna herramienta para garantizar los derechos fundamentales. En él se incluye el pago por parte de los países para eludir la acogida de personas refugiadas, despliega vías legales insuficientes para que sean seguras y que permitan acceder a la protección internacional o se refuerzan los procedimientos fronterizos para facilitar las devoluciones y los acuerdos con terceros países que no respetan los derechos humanos.
Entre las últimas novedades incorporadas al Pacto Migratorio están la detención de facto de todas las personas de todas las edades en frontera incluidos niños y niñas, retornos rápidos a “terceros países seguros”. Tampoco habrá representación legal automática durante todo el proceso y en relación con los procedimientos en frontera no se considerará que están en territorio europeo hasta que un Estado miembro lo autorice, lo que facilitará las deportaciones.
Un paso atrás cuya texto final se ha endurecido a lo largo de toda la negociación a medida que la extrema derecha ha ido avanzando a lo largo y ancho del continente. Lo que inicialmente era una línea roja (que en casos de crisis como las de 2015 hubiera cuotas de reparto obligatorias) despareció a medida que en los gobiernos ha ido imponiéndose la mano dura contra la migración.
En una primera valoración, organizaciones políticas de izquierdas han denunciando lo que consideran como suspensión del derecho a la protección internacional, la política de la UE de externalización y militarización de fronteras y el concepto que sitúa a la migración como un elemento de seguridad y no de derechos. Por ello rechazan un acuerdo que vulnera los derechos fundamentales, y proponen una serie de medidas para garantizar el derecho a la protección internacional y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
