La pasada semana, el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, realizó una visita a Navarra en la que, además de celebrar diferentes reuniones y entrevistas con representantes de la Comunidad Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, ofreció una charla en la que traslado a la ciudadanía en general y al movimiento juvenil en particular las apuestas para esta legislatura de su Ministerio.
En ese sentido, destacó que la principal batalla ideológica será la de defender que por encima de los derechos del menor no hay nada: “ni la cuenta de resultado de Youtube, Meta o Tik Tok”. “Si se vulnera el derecho del menor, debemos actuar como administraciones y con las herramientas que podamos. Y no solo con sanciones económicas, que muchas veces les compensa pagar, sino con otras soluciones legislativas”. En ese contexto, Pérez Correa introdujo la necesidad de crear una Ley Integral de Protección de los menores ante el entorno digital.
Este debate, que ha pasado del Ministerio de Juventud e Infancia a la sociedad, a las familias, no es un “tema menor”, sino la constatación de que no es normal que los menores puedan acceder al mundo digital “sin ningún tipo de control ni protección”, “que con solo darle a un botón” puedan acceder a todo tipo de violencia. Además es importante no solo por “poner el foco” en este debate, sino también por hacer entender que es posible “cambiar” esa realidad a través de una legislación.
Educación sexual. Para contextualizar con datos la magnitud del problema, el secretario de Estado y militante de IU recordó que en España la edad de acceso a la pornografía se da “entre los nueve y los 11 años”, que un 25 % de menores accede a este contenido “sin ningún tipo de control” o que “nueve de cada 10 personas en edad escolar tienen como única referencia sobre la vida sexual a la pornografía”. Más aún tras la entrada de VOX a muchos gobiernos autonómicos, con la consiguiente desaparición de la educación sexual en los colegios.
En las cuestiones que son “objetivas”, manifestó Rubén Pérez, las comunidades autónomas y el gobierno central tienen la obligación de llegar a “ciertos consensos”, como los que hubo con la ley que regula la protección de los menores ante la violencia, la Lopivi. Así, quiso recordar esta norma y el hito que supuso el consenso generado.
En ese sentido, reiteró su deseo de que ese mismo apoyo mayoritario conforme una futura Ley de Juventud y de Justicia Intergeneracional que arbitre muchas de las cuestiones que están ya en muchas leyes de ámbito autonómico y que legisle de manera integral el acceso de los menores al entorno digital. Y no solo para la cuestión de la pornografía, sino también para proteger a los jóvenes de otro tipo de acosos “en ocasiones más peligrosos”, entre los que citó el “bullying, el grooming o el juego online”. Ese trabajo lo debe hacer el Gobierno junto a un comité de expertos en el que estén representados desde las comunidad educativa hasta psicólogos, pediatras, sociólogos…
Pobreza y vivienda. En la conferencia, organizada por el espacio político Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, en el que está integrado Izquierda Unida y que forma parte del Gobierno de la Comunidad Foral, el secretario de Estado aseguró que, de la misma manera que se ha conseguido situar en primera linea el debate sobre el acceso de los menores a la pornografía, hay que lograr poner en el foco gubernamental y social con la pobreza infantil o los problemas que tiene los jóvenes en España.
Sobre este sector poblacional, destacó que la vivienda es el principal problema que tiene a la hora de emanciparse, de poder generar una vida plena. Hay otros factores, explicó, como la “precariedad laboral” o “la disparidad entre mundo rural y ciudad”, pero hay un “dato objetivo” y es que la vivienda es “inalcanzable” para cualquier joven. Y, como recordó, ya no depende de tener o no empleo, que era uno de los criterios que existía anteriormente, donde la vivienda estaba ligada a hipotecas y puesto de trabajo. Hoy por hoy, con el salario medio que reciben los jóvenes no pueden pagar ni una vivienda ni los gastos vitales diarios.
Así, puso en valor la Ley de Vivienda de la pasada legislatura, defendiendo que es un mecanismo para controlar en determinados lugares “las tensiones de precios” que ha provocado la política urbanística de Ayuntamientos y Consejerías de algunas Comunidades Autónomas. “Hay que imponer a determinado sector del ladrillo una legislación que, respetando las competencias de las CC. AA., desarrolle las de los ayuntamientos y que posibilite la declaración de zonas tensionadas”, dando el primer paso para frenar el incremento de los precios, finalizó el también responsable de Política Municipal de Izquierda Unida.
Menores inmigrantes. Durante su exposición, el secretario de Estado también reflexionó sobre los menores inmigrantes no acompañados, poniendo el acento en su condición de menores y en la obligación que tiene el Estado en protegerlos. “Sabíamos que cuando dijéramos que es una política de Estado velar y cuidar de estos niños y jóvenes, íbamos a ser foco de la ira de la extrema derecha”, aseguró.
“No es un problema del número de menores que llegan, sino del presupuesto que se destina a políticas sociales” y de la privatización de esos servicios, concluyó, para advertir que es una batalla “difícil”, dado el “estigma social” que existe y las diferencias que tiene Sumar y el resto del Gobierno sobre políticas migratorias y de fronteras.
Aún así, afirmó que no se va “a tumbar un Gobierno” porque no se esté de acuerdo en este tema. “Pensamos globalmente y sabemos que la alternativa es que esa política migratoria la haga Santiago Abascal”, recordó Pérez. “Desde el Ministerio de Justicia e Infancia, con todas las contradicciones, estamos dispuestos a dar la batalla contra ese discurso del odio hasta la última realidad”, concluyó.
Para finalizar su intervención, el secretario de Estado manifestó el deseo de que su Ministerio sea “el de las y los jóvenes y los niños”, explicando que “no tiene sentido poner encima una serie de medidas y actuaciones si antes no se les escucha”. Así, adelantó que, aunque ya existen elementos de participación, ya trabajan para incorporar nuevas formulas que posibiliten una interrelación más fructífera para ambas partes. “Se han creado muchas expectativas con este Ministerio, y nosotros debemos de ser capaces de responder a ellas”, apostilló.
