El escándalo en la granja porcina Hermanos Carrasco que suministraba a El Pozo y que fue destapado por Jordi Évole y el equipo de Salvados junto a Igualdad Animal en 2018, finalmente ha comenzado el pasado 24 de enero en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca (Murcia), reanudándose hoy 2 de febrero con las declaraciones de los peritos veterinarios de la defensa y de la acusación particular.
La Fiscalía acusa a los responsables de la granja, los hermanos Carrasco, por un delito continuado de maltrato animal y pide para ellos 18 meses de prisión y la prohibición de tenencia de animales por un periodo de 4 años. Por su parte, la Fundación Igualdad Animal, como acusación popular, les acusa por 14 delitos de maltrato animal y reclama para ellos una pena de 3 años de prisión, el máximo previsto por la ley, y 12 años de prohibición para la tenencia de animales.
Según señalaba Javier Moreno, cofundador y director de Comunicación de Igualdad Animal a las puertas del juzgado en Lorca, «se solicita 1 año de prisión por cada delito de maltrato animal. Sin embargo y pese a que se cometieron al menos 14 delitos que se hayan podido documentar, el Código Penal establece el máximo de cumplimiento en el triple de la pena mayor, por lo que el máximo de cumplimiento es de 3 años».
Los hermanos Martínez Carrasco, Juana y José Luis, titulares de una explotación porcina de Alhama de Murcia, amparados y defendidos por el lobby cárnico negaron en la vista inicial que las imágenes de animales enfermos y con deformaciones grabadas para el programa Salvados de Jordi Évole, que se emitió en febrero de 2018, correspondieran a su granja.
IU-Verdes exige a López Miras y al Consejero de Medioambiente que dejen de eludir sus responsabilidades de control y haga frente a las irregularidades de la industria cárnica en la Región de Murcia
Desde la Izquierda murciana se ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos desarrollados en el juicio, acompañando por parte de miembros de la Red de Activistas de Protección Animal de la formación ecosocialista al colectivo animalista que actúa como acusación particular en ambas vistas orales.
Hoy en Lorca, en la segunda sesión del juicio oral de lo que califican como este «escandaloso caso atroz», Manel Aparicio, Portavoz Autonómico de la formación de IUVRM en materia de bienestar animal, ha señalado que «Nos unimos en solidaridad con las valientes compañeras que lideran la acusación particular por lo que supone el peor caso de maltrato animal en granjas en la historia de España».
Aparicio ha exigido al Gobierno Regional del PP y Vox que «asuma sus responsabilidades de inspección sobre la industria cárnica, una industria que demanda mayor transparencia, así como a El Pozo Alimentación, a que rompan relaciones comerciales con cualquier filial que no respete la legislación de bienestar animal y medioambiental», mostrándose preocupado por «la constante degradación del Mar Menor debido a la falta de ética empresarial y control administrativo sobre las macrogranjas que contaminan la laguna salada».
Tras la aportación de todas las pruebas documentales, testimoniales y periciales en la segunda sesión del juicio oral, el caso queda visto para sentencia en una fecha aún por determinar.
