“Canarias tiene un límite”, el lema que acuñó Ecologistas en Acción hace más de 20 años se ha convertido en el grito de movilización de este 20 de abril, en una de las convocatorias más masivas del archipiélago en su historia reciente.
La convocatoria aglutina a diversos colectivos sociales y exige un cambio en el modelo de desarrollo de las islas, ante la sobrecarga que está suponiendo en términos ambientales y humanos el monocultivo del turismo. «Mientras la clase política se vanagloria de ofrecer cifras récord en la llegada masiva de turistas a nuestras islas», denuncia Ecologistas en Acción, «ostentamos otro récord en pobreza y desigualdad social, con más de un 35 % de la población en riesgo de pobreza», contraponen. Desde el movimiento ecologista, alertan también de la sobreexplotación de los acuíferos, la ocupación del litoral y de espacios naturales protegidos y los vertidos de aguas residuales al mar que conlleva un turismo de estas dimensiones.
La juventud canaria es otro colectivo que se moviliza este sábado, especialmente preocupados por cómo el crecimiento de la vivienda turística y la compra de inmuebles por no residentes está tensionando el mercado de la vivienda en Canarias, que es la región donde más ha crecido el precio de la vivienda y dónde las personas jóvenes tienen grandes dificultades para emanciparse.
En los últimos meses, el detonante del descontento ha venido por los hoteles Oliva Beach y Tres Islas (Fuerteventura), situados en dominio público y en medio de un espacio natural como las Dunas de Corralejo, donde el Gobierno de Canarias, «lejos de defender el bien común, se pone del lado de la empresa infractora», denuncian los ecologistas. El Gobierno autonómico también ha reactivado proyectos que fueron paralizados cautelarmente por su impacto ambiental, como el Hotel La Tejita (Tenerife) -que ha sido ocupado por los manifestantes para intentar paralizar las obras- y el Hotel Cuna del Alma (Tenerife).
Los ejemplos se podrían multiplicar, incluyendo el Muelle de Corralejo (Fuerteventura) o el proyecto Dreamland (Fuerteventura), el Ecoresort de La Frontera (El Hierro), el Ecoresort (campo de golf) La Pavona (La Palma) y el Dichosa Wellness Clinic. Los organizadores de la protesta plantean la necesidad de una moratoria turística para paralizar la construcción de nuevos proyectos, así como una tasa turística para conseguir recursos con los que paliar el impacto climático y social del turismo.
Además de las ocho islas canarias, hay también convocadas movilizaciones en apoyo a esta lucha en Málaga, Granada, Madrid, Barcelona, Berlín o Londres, en las que también se gritará «¡Canarias tiene un límite!».
IU Canarias advierte contra el paro y precariedad que genera el turismo
Izquierda Unida Canaria (IUC) también apoya las movilizaciones. Su coordinadora, Luisa Tamayo, manifiesta su profunda preocupación por “los efectos de un modelo turístico que consume sin control recursos finitos como el agua y el territorio, que agrava otros problemas no resueltos en Canarias como la gestión de los residuos, que compromete el acceso a la vivienda o que causa un alto y preocupante impacto en espacios de alto valor ecológico”.
Además “se constata que el actual modelo turístico, principal motor económico en las islas, no solo no reduce significativamente las tasas de desempleo sino que no apuntala condiciones laborales de calidad, siendo inaceptable que estemos en los puestos de cabeza en las tasas de pobreza y de riesgo de pobreza extrema», declara Tamayo. La formación de izquierdas exige al Gobierno de Canarias que se posicione «a favor de la mayoría social canaria y no del lado de la patronal e intereses empresariales».
El Partido Comunista defiende la soberanía alimentaria, energética y económica frente a la dependencia del turismo
Desde el Partido Comunista de Canarias, además de secundar las movilizaciones, han analizado la anomalía que supone que el peso del sector turístico en Canarias sea superior al 70 % del PIB. En contraste, advierten que el sector primario genera el 1,2 % del PIB y ocupa tan solo a unos 20 mil trabajadores directos, mientras más del 60 % del suelo cultivable de Canarias está sin uso (ICE).
El PCC denuncia que el modelo económico canario es cada vez más dependiente: «cada vez estamos más lejos de la soberanía alimentaria, energética, tecnológica, económica, etc.», denuncian. Responsabilizan a un gobierno regional que «planifica y legisla en función de los intereses de la oligarquía».
