El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma en 1957, sentó las bases de la Política Agrícola Común, con unos objetivos y principios que respondían a las necesidades de una Europa de postguerra, para aumentar la productividad agraria, asegurar la renta de la población agrícola, estabilizar los mercados y garantizar el aprovisionamiento a unos precios razonables a los consumidores, bajo los pilares de la unidad de mercado, la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera.
A lo largo de las décadas la UE ha cambiado, primero geográficamente, pero también políticamente y socialmente, lo que ha provocado importantes modificaciones en la política agraria común, pero también en las disposiciones de cada uno de los Estados miembros, con las sucesivas reformas que han respondido a las exigencias de los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales con terceros países.
De esta forma se han ido perdiendo los mecanismos que pretendían asegurar la renta de la gente que vive de trabajar en el campo (situada en torno al 50 % de la renta media del conjunto de la UE), regular mínimamente los mercados y garantizar la preferencia comunitaria.
Las políticas liberales de la UE favorecen al agronegocio exportador y a la gran distribución de alimentos frente a los agricultores que cultivan directamente la tierra y crían su ganado
Todo esto ha traído consigo la situación que hoy vivimos, unos precios en destino que no paran de crecer y cuyo acceso para las familias más vulnerables resulta muy difícil, mientras las y los agricultores y ganaderos que responden al modelo social y profesional, más ligado al territorio tienen que abandonar. Igual que lo tienen que hacer las poblaciones campesinas del resto del mundo.
Este es el principal impacto que han generado las políticas liberales que han propiciado las instituciones que gobiernan Europa y los partidos que las han sustentado durante décadas, favoreciendo claramente al agronegocio exportador y a la gran distribución de alimentos.
Cada día la venta de alimentos está concentrada en menos empresas. El reparto del valor hoy es del 20% en la producción y 55% en la distribución. En los noventa era del 30-35 %
Los datos están ahí, cada día la venta de alimentos está concentrada en menos empresas, lo que las sitúa en una posición dominante sin que nadie controle los abusos en la cadena alimentaria, cuyo reparto del valor está ahora por debajo del 20 % en la parte agrícola y por encima del 55 % en la distribución, frente al equilibrio del 30-35 % que se daba en los años noventa.
Otro dato que hay que tener en cuenta, es que la UE hoy produce más y exporta, según datos de Eurostat, por valor de 225.000 millones de euros en productos agroalimentarios, más del doble del valor de nuestras exportaciones en 2010, y muy por encima de las importaciones.
Esto nos lleva a pensar que realmente la PAC está beneficiando a la producción europea ¿pero a cuál? A las grandes fincas que cada día se concentran en menos manos, a las macrogranjas, a la de las sociedades mercantiles que contratan mano de obra asalariada frente a las y los agricultores que cultivan directamente la tierra y crían su ganado, quienes hoy tienen motivos para sacar los tractores a las carreteras.
La sociedad europea tampoco es la misma y la crisis climática, que hoy es innegable, nos obliga, en primer lugar, a reconocer que el sector primario es el más expuesto a sus efectos y, en segundo lugar, poner en marcha medidas para luchar contra el cambio climático y mitigar sus efectos, de igual modo que tiene que condicionarnos la pérdida de biodiversidad o el empeoramiento de la calidad del agua y el aire.
Hace falta introducir elementos de regulación de los mercados agroalimentarios y que se basen en la cooperación entre los países y no en las lógicas liberales
Las soluciones no son fáciles y el gasto agrario (un tercio del presupuesto de la UE) sigue siendo necesario, pero con un cambio de rumbo, con políticas públicas en favor de un mundo rural vivo y por el modelo de agricultura y ganadería familiar, social y sostenible, ligada al territorio. Hace falta introducir elementos de regulación de los mercados agroalimentarios y que se basen en la cooperación entre los países y no en las lógicas liberales. Rumbo que solo se puede iniciar con una representación en las instituciones europeas distinta a la que nos ha conducido a esta crisis.
