Varios se encuentran ya en prisión cumpliendo una pena injusta. Es el caso de los seis jóvenes maños conocidos como «Los seis de Zaragoza» condenados a cuatro años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Supremo en un proceso lleno de irregularidades. Para ellos se ha pedido el indulto este martes en las puertas del centro penitenciario de Zuera.
«Nadie ha frenado esta barbaridad. Presentamos una solicitud de indulto hace un mes y no hemos obtenido respuesta. Es una condena injusta y urge su puesta en libertad», ha reclamado Pablo Rochela, de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. Rochela se ha referido directamente a Pedro Sánchez, afeando su doble rasero para denunciar el ‘lawfare’: «Cuando la ofensiva reaccionaria le afecta a él y a su familia directamente sale a denunciarlo, cuando son efectos de su Gobierno no tanto».
En este sentido, ha sostenido que «la Ley Mordaza otorga cada vez más un mayor papel y poder político y social a la Policía, ya que solo con su voz es posible condenar a personas», tal y como ha ocurrido con los seis de Zaragoza, ha dicho, cuya «única prueba permitida ha sido la propia palabra de la Policía».
«Es urgente la puesta en libertad de estos jóvenes para acabar con esta injusta condena ejemplarizante. Manifestarse ante los discursos de odio no puede ser un delito, sino un deber democrático. Hacemos una llamada a toda la gente que se sienta apelada para que se organice en respuesta a la represión», ha indicado.
Por su parte, Francho Aijón, familiar de uno de los encausados y miembro de la plataforma, ha reconocido que las familias llevan cinco años «soportando la pena de banquillo» y ha criticado que ninguno de los condenados ha contado con «un juicio con garantías», una situación que «ha acabado con sus vidas y tiene un impacto físico, psicológico y económico».
Al mismo tiempo, la portavoz de ZeC Elena Tomás ha agregado que «la condena a los seis antifascistas de Zaragoza es la condena a la gente que lucha contra las injusticias», por lo que hay que «recapacitar» sobre cómo es la democracia y pensar «por qué se mete en la cárcel a jóvenes comprometidos».
El coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz se ha sumado a la petición de derogación de la Ley Mordaza y a la tramitación urgente de «esta injusticia», al igual que lo ha hecho la coordinadora general de Podemos Aragón, Marta Santos, y la portavoz de Podemos Isabel Serra, quien ha asegurado que «es fruto de un montaje policial».
