Resulta difícil negar la evidencia, el boqueo que las derechas han ejercido en los últimos casi 6 años para no renovar el órgano de gobierno de los jueces, el CGPG, se ha perpetrado con el objetivo de impedir que jueces progresistas lleguen a las altas instancias judiciales para nutrir de otras visiones, en este caso escoradas a la izquierda, las sentencias de órganos como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.
Si la justicia emana del pueblo, y este se expresa democráticamente cada cierto tiempo por medio de elecciones libres, las resoluciones judiciales deben recoger, dentro de parámetros de imparcialidad y juicio justo, el balanceo hacia las posiciones ideológicas que el pueblo soberano vaya estableciendo, siendo en cambio una anormalidad democrática pretender que las resoluciones judiciales, en especial la de las altas instancias que van fijando la jurisprudencia, queden petrificadas con un sesgo conservador que no represente las aspiraciones y anhelos del pueblo soberano.
Debemos estar relativamente satisfechos. La pretensión de las derechas de que los jueces, el 0,001 de la población, elijan sus órganos de gobierno no resulta democrática ni compatible con la Constitución
La pretensión de las derechas de que los jueces elijan sus órganos de gobierno, en donde se deciden los puestos de la cúpula judicial, no resulta democrática ni compatible con lo establecido en nuestra Constitución en lo que se refiere a la emanación de todos los poderes del Estado de la voluntad popular. A este asedio hay que añadir el intento, durante el año 2022, de bloquear también la renovación del Tribunal Constitucional e impedir una mayoría progresista, incluso con la intervención de la vieja mayoría del TC para paralizar un cambio normativa por parte de las Cortes Generales, intento que finalmente quedó superado ante la evidencia de que ese bloqueo en renovar el TC superaba todas las líneas rojas de un Estado de derecho. Toda esta situación de bloqueo no ha sido una anomalía extraña en la actual época democrática. Ya lo hizo el PP de Aznar (2 años) entre 1995 y 1996, el de Rajoy (3 años) entre 2006 y 2008 y ahora el de Casado y Feijóo desde 2018 hasta este verano.
Con este panorama, puede concluirse que la renovación que se va a realizar durante este mes de julio del CGPJ es un paso adelante para alcanzar cierta normalización democrática, que deberá tener efectos positivos en tanto el Tribunal Supremo volverá a tener magistrados progresistas, dictando sentencias que, sin duda, tendrán un armazón moral y jurídico más próximo a las aspiraciones de la mayoría social. Así lo estamos viendo en el Tribunal Constitucional, que tras su renovación en diciembre de 2022, criticado entonces por algunos sectores de izquierdas, está dictando, aunque no siempre como en un caso relacionado con la memoria democrática, sentencias con alto valor progresista, como las relativas al aborto, la eutanasia, el impuesto a las grandes fortunas, la ley de vivienda u otras leyes, o como la sentencia en el caso del ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez, sentencias impensables bajo una mayoría conservadora. Es de esperar, por tanto, que en el Tribunal Supremo la tendencia será parecida en los próximos años si se materializa la renovación del CGPJ. Por eso, debemos estar relativamente satisfechos, más aún cuando se ha impuesto un modo de elección de los miembros de CGPJ con base exclusiva en las Cortes, sin que haya prosperado la tan ansiada propuesta de las derechas de que sean los jueces, el 0,001 de la población, quienes elijan los miembros del máximo órgano del gobierno del poder judicial.
El acuerdo negociado entre el PP y PSOE, bajo la supervisión de la Comisión Europea, va más allá de la renovación
Pero los efectos positivos aludidos no pueden hacernos obviar las carencias con las que nace esta renovación, que es fruto de un acuerdo negociado entre el PP y PSOE, bajo la supervisión de la Comisión Europea, supervisión que ya muestra una falla en todo este acuerdo, y es la cierta perdida de soberanía que supone poner los ojos de Bruselas sobre cuestiones que son materia interna de un Estado.
Es cierto que sobre la renovación del CGPJ ha sido informada la pata del Gobierno correspondiente a la coalición electoral SUMAR, que ha propuesto algún nombre para el listado de miembros del nuevo Consejo, pero no es menos cierto que en cambio el acuerdo va más allá de la renovación, ya que los partidos del bipartidismo han acordado también tramitar una proposición de ley para modificar ciertas cuestiones relacionadas con la regeneración del ámbito judicial y acabar con puertas giratorias en judicatura y fiscalía.
La proposición de ley plantea algunas reformas que parece pueden incidir, efectivamente, en una regeneración de la carrera judicial y fiscal, incluida una mayor apariencia de imparcialidad y alejamiento de la vida política partidista, aunque muchas de esas medidas merecen diversas matizaciones, incluso de enmienda de retirada o supresión. En todo caso, la forma en la que se ha alcanzado este acuerdo de PL, obviando a la mayoría de investidura, supone un mal precedente que puede generar mayor inestabilidad, por lo que va a ser necesario realizar un trabajo fino para coser la confianza que se ha fracturado.
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URGEN MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LA JUSTICIA EMANE DEL PUEBLO
La propuesta establece limitaciones en lo que se denomina “puertas giratorias” entre la vida política y la carrera judicial y fiscal, pero por ejemplo obvia la posibilidad que miembros prominentes del CGPJ puedan pasar directamente de este órgano al Tribunal Constitucional, siendo que incluso con descaro el Partido Popular quiere promocionar a su vocal del CGPJ más activo en intoxicar la vía judicial, el señor Macias, como próximo magistrado del TC, propuesta que desde luego no es admisible para el espacio político en el que se sitúan IU y PCE.
Además, resulta difícil compartir la Disposición Adicional que recoge la proposición de ley en lo referente a encargar al CGPJ que elabore un informe sobre la reforma del sistema de elección del propio CGPJ, encomienda que no está regulada en ningún precepto constitucional y que no está entre las atribuciones que tiene este órgano, aunque es cierto que esta propuesta de informe más bien parece un brindis al sol, toda vez que la ultima palabra la tendrá el Congreso.
En todo caso, parece urgente abordar una serie de medida que para garantizar que “la justicia emane del pueblo”, acabar con el lawfare y tener una justicia eficaz y democrática. Entre las medidas de regeneración democrática de la Justicia, podemos citar medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, medidas para evitar el frecuente secuestro del CGPJ por las derechas en años futuros, reforma de las competencias del CGPJ ajustándolas al mandato constitucional y a la plurinacionalidad del Estado, mejorar e invertir en el servicio público de Justicia y acabar con la guerra jurídica y con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la Fiscalía, habilitando vía para reclamar la responsabilidad civil a los jueces, como a cualquier profesional y estableciendo mecanismos para reparar públicamente el prestigio y buen nombre de las personas afectados por las ya habituales investigaciones judiciales que generan multitud de titulares pero nunca llegan a juicio ni condena. Como conclusión, queda mucho por trabajar para alcanzar una justicia democrática y que no esté al servicio de los poderosos.
