Los diputados Enrique Santiago y Fèlix Alonso registran iniciativas para que Interior facilite al Congreso los datos sobre diputados espiados por la policía por orden del PP

Piden al Ministerio que dirige Grande-Marlaska conocer qué medidas disciplinarias va a tomar contra los funcionarios policiales implicados y qué medidas asegurarán a figuras electas en el futuro no ser espiadas
Mariano Rajoy y Jorge Fernández-Díaz
El ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz junto a Mariano Rajoy

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha registrado en el Congreso dos iniciativas que buscan arrojar luz a nivel parlamentario sobre el espionaje policial perpetrado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo órdenes del Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente y con Jorge Fernández Díaz al frente de este departamento.

La petición reclama a interior todos los datos que obran en su poder sobre diputados y diputadas espiados en las legislaturas XI y XII, los que fueron elegidos en las elecciones de diciembre de 2015, hasta la disolución de las cámaras en marzo de 2019, por parte de unidades policiales incluyendo fechas del espionaje o seguimiento que se les realizaron.

Imagen de archivo. De izquierda a derecha los diputados Félix Alonso, Enrique Santiago y Toni Valero el mes de enero pasado

En una pregunta parlamentaria escrita que también firman Santiago y Félix Alonso, ya se incluía también esta petición, que afecta a Félix Alonso, que habría sido espiado como miembro del grupo de parlamentarios catalanes encuadrados entonces en En Comú, dentro del primer grupo parlamentario de Unidos Podemos.

Los dos diputados de Izquierda Unida consideran que esta operación de espionaje eminentemente delictiva es otro ejemplo de otras como la denominada “Operación Kitchen”, que implica a miembros de la cúpula policial de entonces, incluido el ministro Fernández Díaz, con una causa judicial que se encuentra en espera de juicio por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La operación de espionaje, dicen los dos diputados firmantes de la iniciativa, “se enmarca dentro del interés de Francisco Martínez (por entonces número 2 de Interior) en buscar datos que dañaran la reputación de los diputados y diputadas electos de Podemos-En Comú-En Marea, y luego Unidos Podemos”.

Valoran que esa “operación policial, supuestamente ilegal, se desencadenó cuando el PP temía perder el Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, por una posible alianza del PSOE y Unidos Podemos junto a otras fuerzas minoritarias con las que podrían sumar los 176 diputados necesarios. Para neutralizar esa posibilidad, desde el Ministerio del Interior se planificó una operación consistente en desacreditar a los diputados de Unidos Podemos mediante la búsqueda de algún elemento en sus vidas que pudiera ser motivo de reproche social”.

Fuente: izquierdaunida.org

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