Todo sistema democrático presupone un sistema de información plural y transparente. No es posible el diálogo público en democracia sin un ecosistema informativo autónomo y diverso que cumpla el principio de acceso y participación que nuestra Constitución consagra en su artículo 20. En los últimos años, sin embargo, las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado para garantizar el pluralismo interno ante el intensivo proceso de concentración de la prensa y la creciente precariedad de la profesión, han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, con la consiguiente crisis de confianza de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad periodística. Los informes anuales del Instituto Reuters son concluyentes a este respecto y sitúan a nuestro sistema informativo como uno de los peores del espacio de la UE. No sorprende por ello que las Asociaciones de la Prensa de Andalucía hayan hecho público un manifiesto para dignificar el periodismo denunciando la existencia de “pseudo” medios y las falsas noticias. La propia FAPE en su última Asamblea, celebrada en Talavera de la Reina, hizo un llamamiento a todos los periodistas para que, individual y colectivamente, y de manera permanente y activa, “denuncien y rechacen a aquellos periodistas y medios de comunicación que, con su comportamiento, actuación e informaciones, denigren y desprestigien a la profesión, vulneren los valores de veracidad y honestidad y los códigos deontológicos”.
La concentración de los medios y la precariedad de la profesión, han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, y éste a una crisis de confianza y la desafección de las nuevas generaciones
En un contexto de crisis estructural del oficio y con la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro entorno mediático, parece llegada la hora de definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información. Con el dominio absoluto de las grandes corporaciones y la hegemonía foránea de Silicon Valley, los poderes públicos están emplazados a sentar las bases materiales necesarias para asegurar el diálogo público abierto y democrático garantizando la apertura de espacios de interlocución para enriquecer la cultura deliberativa. Los actuales desarrollos digitales, particularmente aquellos relacionados con la Inteligencia Artificial, han llevado a la propia UE a la construcción de marcos normativos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado y la ciudadanía. El informe “LIBERTIES MEDIA FREEDOM REPORT 2024” recomienda en este sentido el desarrollo de políticas activas de protección de periodistas, medidas para la independencia de los medios públicos y contribuir al pluralismo ante los procesos de concentración del poder de informar. Dos años antes, el Informe “Monitorizando el pluralismo mediático en la era digital”, del Centre for Media Pluralism and Media Freedom, alertaba de un alto riesgo en España para las libertades públicas considerando que el mercado mediático es un virtual duopolio. España tiene un riesgo medio superior a la media por restricciones al derecho a la información y la libertad de expresión como la Ley Mordaza, la falta de transparencia en la propiedad de los medios, y la ausencia de marco regulatorio en los mercados digitales. A ello cabe añadir la falta de autonomía editorial y de salvaguardia de la independencia informativa con un pluralismo crecientemente polarizado. Según el índice Global de Derecho a la Información, España carece de un procedimiento de apelación interna, simple, gratuito y completo con plazos claros. Además, en nuestro país no es posible presentar una apelación externa ante el organismo independiente de su supervisión administrativa (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) contra instituciones como la Casa de su Majestad el Rey. Este tipo de situaciones y la falta de iniciativas de los poderes públicos para garantizar el buen desempeño de los profesionales de la información contribuyen a un deterioro paulatino del entorno mediático. Si bien el balance en España es muy negativo en términos comparativos por la ausencia de organismos independientes de monitoreo de la actividad mediática, como tienen la mayoría de países de la UE, la tendencia al franco deterioro del campo informativo es también constatable en nuestro entorno comunitario. Por ello mismo, el Parlamento y el Consejo Europeo han adoptado el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que los países miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. A la espera de esta trasposición hay medidas urgentes que deben ser acometidas por el Estado, en algunos casos tareas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico desde la transición.
Más aún, en el actual contexto de crisis y transición con la convergencia digital de las industrias periodísticas, las políticas de comunicación tienen ante sí el reto de empezar a proyectar nuevas lógicas de mediación que contribuyan desde las instituciones y políticas públicas a promover procesos de rearticulación de solidaridades y la autonomía cultural necesarias a fin de avanzar soluciones sostenibles para el sector, con todos los actores del derecho a la comunicación. Medidas que se traduzcan en mayor protección de los periodistas, mejoras normativas e institucionales del Estado y garantías jurídicas suficientes para el equilibrio y desarrollo autónomo y cualificado del campo periodístico. Esta, sin duda alguna, es una clave determinante del futuro de la democracia y la UE, pero apenas se ha tratado en la campaña de las elecciones del 9J. Un mal síntoma, sin duda.
