El salario mínimo interprofesional (SMI) en España se ha convertido en un instrumento clave en la política laboral de los últimos años. Desde 2018, ha registrado un aumento del 54%, pasando de 736 euros brutos al mes en 14 pagas a 1.134 euros en 2024. Esta subida responde a una estrategia del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables, así como para acercar la retribución mínima al 60% del salario medio, en cumplimiento de la Carta Social Europea.
Este martes, el Gobierno ha dado el primer paso hacia una nueva subida del SMI para 2025, con la convocatoria del comité de expertos que analizará cuánto debería incrementarse la menor retribución posible. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó en el Congreso Federal de UGT que el objetivo es “seguir mejorando los salarios en nuestro país, singularmente el salario mínimo”.
Sin embargo, la definición del nuevo SMI será el resultado de un proceso complejo, en el que el informe de los expertos será solo el punto de partida. A partir de sus conclusiones, el Ministerio de Trabajo iniciará un diálogo con sindicatos y patronales para determinar la cifra final.
Una herramienta clave para combatir la desigualdad
El SMI no solo es una referencia salarial, sino también un mecanismo para combatir la desigualdad. En España, más de dos millones de trabajadores perciben esta retribución mínima, la mayoría mujeres, jóvenes y empleados en sectores como la hostelería, el comercio y el empleo doméstico. Su aumento ha permitido que estas personas mantengan su poder adquisitivo en un contexto de inflación creciente y ha reducido la brecha salarial.
Desde 2018, los gobiernos de Pedro Sánchez han priorizado esta herramienta, con subidas históricas. La primera, en 2019, situó el SMI en 900 euros, frente a los 736 del año anterior. En 2020, ya con Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, el SMI alcanzó los 950 euros, en un acuerdo que incluyó a sindicatos y patronales. Desde entonces, las negociaciones han estado marcadas por el desacuerdo con las organizaciones empresariales, aunque los aumentos han seguido su curso: 965 euros en 2021, 1.000 euros en 2022, 1.080 euros en 2023 y 1.134 euros en 2024.
La negociación de un nuevo incremento estará condicionada por varios factores. En primer lugar, la inflación. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la media de los incrementos interanuales del IPC hasta octubre se sitúa en un 2,55%. En este contexto, sindicatos y Gobierno han defendido en los últimos años que el SMI debe crecer, al menos, al mismo ritmo que los precios para evitar que pierda poder adquisitivo.
Otro aspecto clave es la evolución de los salarios en su conjunto. Los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL) reflejan un crecimiento del 4% en las retribuciones durante los últimos 12 meses. Además, los convenios firmados a lo largo de 2024 recogen una subida salarial media del 3,8%. Estas cifras elevan el umbral del 60% del salario medio, objetivo establecido por la Carta Social Europea y compromiso del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.
Sin embargo, los sindicatos consideran que el SMI aún no ha alcanzado ese porcentaje. UGT, por ejemplo, calcula que para cumplir con el 60% del salario medio, la retribución mínima debería situarse en 1.296 euros brutos mensuales. “No hemos llegado al 60% del salario medio. Quien da los datos en nuestro país es Eurostat, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y las tres fuentes confirman esta cifra”, señaló Pepe Álvarez, líder de UGT, durante la última negociación.
La reducción de jornada, un elemento divisivo
A estos factores se suma un elemento que podría dificultar la negociación: la reducción de la jornada laboral. Aunque esta medida aún está en proceso de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, su posible aprobación implicaría un aumento de los costes laborales, especialmente en sectores donde el SMI tiene mayor incidencia, como la hostelería, el comercio o el empleo doméstico.
Desde la patronal, Antonio Garamendi ha expresado su preocupación por este escenario, señalando que “una reducción de jornada sin un aumento proporcional de productividad puede paralizar muchos convenios”. Por su parte, el líder de CC OO, Unai Sordo, ha advertido que el estancamiento en la negociación de la jornada está ralentizando otros acuerdos colectivos, ya que las empresas esperan conocer el desenlace antes de comprometerse a cambios salariales.
El comité de expertos, cuya composición aún no ha sido anunciada, desempeñará un papel crucial en este proceso. Sus recomendaciones estarán basadas en datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, aunque esta solo se actualiza cada cuatro años. Para completar su análisis, el grupo recurrirá a la Encuesta Trimestral de Costes Laborales, que ofrece una visión más actualizada de las retribuciones.
El informe que emitan servirá como base para la posición del Ministerio de Trabajo en la negociación con sindicatos y patronales. Aunque aún no hay fecha para este diálogo, las conversaciones se prevén tensas, especialmente en un contexto económico marcado por la moderación de la inflación y la incertidumbre sobre la reducción de la jornada laboral.
Un instrumento imprescindible en tiempos de incertidumbre
El incremento del SMI ha sido uno de los pilares de la política laboral en España durante la última década. Su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables, reducir las desigualdades y garantizar el poder adquisitivo frente a la inflación lo convierte en una herramienta imprescindible.
Sin embargo, su aplicación no está exenta de retos. Los equilibrios entre las demandas de los sindicatos, las resistencias empresariales y las limitaciones presupuestarias del Gobierno definirán el alcance del próximo incremento, que será, sin duda, uno de los grandes debates económicos y sociales de 2025.
