En los últimos años, el capital, tanto estatal como internacional, ha visto en el mercado de alquiler una importante fuente de ingresos. En su ofensiva, ha sumado también a parte de las clases medias, que ahora dedican sus propiedades acumuladas al negocio del alquiler.
En el otro lado, a las poblaciones ya excluidas de la compra de vivienda se suman ahora generaciones de nuevos emancipados a los que, ante la subida de precios y la precariedad laboral, se les escapa la posibilidad de acceder a una vivienda digna en propiedad.
Como respuesta a la creciente subida del precio y de la utilización que se hace de la vivienda para especular y lucrarse, la izquierda social e institucional ha empezado a dar sus primeros pasos.
Un ejemplo lo tenemos en leyes como la que ha empezado a andar en el territorio navarro y que, impulsada por la Consejería de Vivienda, establece Zonas Tensionadas para poner límite a los precios tanto de alquiler como de compra-venta.
Sabedores de que este tipo de legislación es insuficiente, en parte porque parte del Gobierno de Navarra y también de España se niega a abandonar la lógica capitalista que hasta ahora ha definido las políticas de vivienda, es más necesario que nunca que esa izquierda social salga a la calle y se organice para poner freno a los abusos de propietarios, fondos de inversión, constructoras y agencias inmobiliarias.
En este sentido, desde el PCE-EPK llamamos a participar en todas las protestas y movilizaciones que buscan visibilizar las dificultades que tienen los trabajadores para acceder a un espacio digno en el que vivir, como la convocada por Haritu y el Sindicato Socialista de la Vivienda, este jueves, 28 de noviembre en la plaza de las Recoletas de Pamplona, a las 19:00 horas,
La unidad social, política y sindical, sin vetos y sabiendo que la importancia de lo que está en juego, es la principal herramienta que tiene la clase trabajadora para lograr, tanto en la calle como en las instituciones, los cambios necesarios que garanticen ese derecho a la vivienda.
Porque al contrario que durante la crisis de los desahucios, no se trata de frenar la excepcionalidad, sino de acometer una ofensiva contra el sistema de relaciones de propiedad que rodean el mercado habitacional. Es decir, disputar la función social de la vivienda y la propiedad.
