La financiación de las universidades públicas de Madrid depende de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), la cual protagoniza un ataque a gran escala contra la universidad pública, que se ha dividido en varios episodios. El primero de ellos es la infrafinanciación, con una reducción real del presupuesto de más del 30% en los últimos 20 años y que se refleja en la reducción de las plantillas y su precarización, el abandono del mantenimiento de edificios o la venta y arrendamiento de espacios públicos de las universidades a empresas privadas.
La CAM está sometiendo a las Universidades Públicas a una clara estrategia de infrafinanciación, con el colaboracionismo de los equipos rectorales, que ha conducido a un enfrentamiento entre ellas —por la obtención de los escasos recursos— y a la ausencia de postura común. Estos equipos han asumido los postulados neoliberales del gobierno de la CAM y aplicado los recortes que de forma indirecta este promovía.
Esta docilidad ha sido aprovechada por el gobierno madrileño para apretar aún más —si cabe—, llevando a los rectorados a, por primera vez en muchísimos años, explicitar de manera conjunta su descontento. Este descontento parece, sin embargo, haberse calmado con una minúscula inyección de dinero que en ningún caso resuelve los problemas de la universidad, pero que les sirve para proclamar una victoria en esta lucha por la financiación. Su postura, ahora, será la vuelta a la aplicación delegada de los recortes o lo que es lo mismo, al colaboracionismo para destruir la universidad pública.
Un ataque a la universidad pública que esconde, además, un apoyo tácito —y cuando la ley lo permita, directo— a la privatización de la enseñanza superior. Si bien se encuentra paralizada, la filtración del anteproyecto de ley para las universidades ahonda en la privatización, pues obligaba a las universidades públicas a conseguir un alto porcentaje —¡casi un tercio!— de su financiación por sus propios medios. En los próximos meses se conocerán las propuestas definitivas de esta ley, aunque por los datos ya filtrados no son nada halagüeños.
Todo este ahogo económico a las universidades no se detiene en la transferencia económica directa desde el gobierno a las universidades. Es necesario señalar que Madrid, la comunidad autónoma más rica, y una de las más caras, tiene, además, unas de las tasas universitarias más altas, lo que drena la riqueza de las clases menos acomodadas, que, con su esfuerzo, se ven obligadas a sostener las universidades en la comunidad que menos invierte por alumno de todo el Estado.
Cabe recordar que por ley la CAM debería destinar el 1% del PIB a las universidades, no alcanzando actualmente ni siquiera la mitad de este mínimo. Este desprecio por la universidad pública y por la ley debería ser reprobado por los propios equipos rectorales que regresan, sin embargo, a posturas “conciliadoras”, “institucionales” y “apolíticas”, como si la financiación universitaria no fuese política.
Por otro lado, el ejemplo de la resistencia de la CAM a la firma del Plan María Goyri, es una muestra de su afán por perpetuar la precarización del profesorado. La resistencia a este programa estatal formaba parte, creemos, de una estrategia bien planeada, en la que su eventual firma representaba la cesión a la presión de los rectorados. Así, CAM y rectorados, salvaban la cara, unos “por ceder” y otros “por obligar”. La firma de este plan no soluciona los problemas estructurales de las universidades públicas, son un simple parche que no resuelve la precariedad ni la reducción de plantillas. La pataleta del gobierno autonómico sobre el supuesto sobreesfuerzo económico que este programa significa choca de bruces con la realidad: solo destinando el mínimo requerido por ley se afrontaría la falsa carga que, según dicen, les hipotecará. Más teniendo en cuenta que los Ayudante Doctor —que contratará este plan estatal— poseen en Madrid uno de los sueldos más bajos de todo el Estado.
Más allá de la asfixia económica, la universidad pública madrileña teme el aumento de las restricciones al derecho inalienable de protesta, que las leyes estatales ya han restringido. La universidad como santuario de la libertad de expresión, de toma de conciencia y de resistencia se ve, así, amenazada. La experiencia nos dice que los pasos dados en este sentido no suelen tener vuelta atrás, por lo que la defensa de este derecho se hace, ahora más que nunca, imprescindible si no queremos una sociedad dócil, servil e inanimada como, sin duda, interesa a aquellos que defienden estas leyes represivas.
Este descarado ataque hacia la universidad pública y todo lo que ello esconde, como el progresivo adelgazamiento del Estado en pro de un nuevo modelo económico neoliberal, busca la creación de una trinchera infranqueable entre la clase acomodada y dominante y la mayoría social, que explica por sí misma la necesidad de la movilización. Una movilización que se inició el 5 de diciembre con una concentración que reunió a miles de personas frente a la Asamblea de Madrid y continúa el día 19 con otra convocada en el mismo lugar. Estas no serán las últimas, pues el modelo defendido por la Comunidad de Madrid hace inviable la universidad pública y esta habrá de defenderse.
La Universidad ha estado muchos años aletargada, dormitando ajena a las luchas que le rodeaban, como la defensa de la sanidad o la educación infantil, primaria y secundaria públicas. Este ensimismamiento y complacencia llega a su final, aunque solo sea porque la comunidad universitaria es ahora la agredida. Esperemos que nuestra ausencia de solidaridad hasta ahora no impida la confluencia en esta lucha del resto de actores, e impidamos las tropelías que este gobierno autonómico prepara.
