El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el decreto ómnibus presentado por el Gobierno, una norma que buscaba aliviar el impacto económico de la inflación, las catástrofes naturales y la crisis habitacional. La negativa del Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya dejó al Ejecutivo sin los apoyos necesarios para su convalidación, lo que provocará la extinción de una serie de medidas clave a partir de este jueves.
Entre los principales efectos del bloqueo destaca la reversión de la revalorización de las pensiones contributivas. Desde enero, 12 millones de pensionistas habían experimentado una subida del 2,8% en sus pensiones, medida que ahora se desvanecerá. Según el PP, su voto en contra responde a desacuerdos sobre otros aspectos del decreto, pero han registrado una proposición de ley para intentar «salvar» esta subida, aunque su tramitación podría demorarse meses, dejando desprotegidos a millones de receptores.
Además, el fin del decreto elimina la prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta protección, implementada durante la pandemia y reforzada tras la guerra en Ucrania, buscaba evitar que las familias más afectadas por la crisis económica quedaran desamparadas. Desde la izquierda, advierten del riesgo de una «oleada de desahucios» similar a la vivida durante la crisis financiera de 2008, en un contexto de emergencia habitacional agravado por el aumento de los precios de alquiler e hipotecas.
PP, Vox y Junts tumban las medidas del Gobierno para:
— Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) January 22, 2025
👉 Subir 12 millones de pensiones
👉 Ayudas al transporte
👉 Ayudas frente a la DANA
👉 Suspensión de desahucios.
Las derechas miran solo por sus privilegios y dejan atrás a la gente común.
Otra de las medidas que decae es la subvención al transporte público. El decreto incluía la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia, así como descuentos de hasta el 50% en el transporte público colectivo urbano e interurbano, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Estas ayudas, que habían aliviado el bolsillo de millones de usuarios desde 2022, desaparecen a partir de este jueves, permitiendo así que aumente aún más la pérdida de poder adquisitivo por parte de la juventud, sector que más se beneficiaba de esta medida, además del evidente impacto ambiental que tiene la desincentivación del uso del transporte público.
También quedan sin efecto las ayudas directas para los afectados por la DANA, especialmente en el País Valencià, donde las inundaciones causaron graves daños materiales y económicos. Las subvenciones para las empresas electrointensivas, que ayudaban a mitigar el impacto de las facturas energéticas, también se extinguen.
El Gobierno lamentó la falta de apoyo al decreto. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, acusó al PP y Junts de poner en riesgo a los colectivos más vulnerables. «Cuando en febrero los pensionistas vean que sus ingresos han bajado, o los usuarios del transporte noten que los precios han subido, sabrán que fue el PP el que votó en contra», declaró Bolaños.
Por su parte, el PP justificó su rechazo argumentando su oposición a lo que calificaron como «regalos» al PNV, como la cesión de un palacete en París que perteneció al Gobierno vasco en el exilio y que fue confiscado por el dictador en 1951. Según los populares, se trata de un gesto innecesario que empaña medidas relevantes como la subida de pensiones. Junts, en cambio, criticó que el decreto reuniera 80 medidas en un solo texto, sin debate ni votación individualizada. «Si pensaran en los pensionistas, habrían presentado un decreto exclusivo», señaló su portavoz, Míriam Nogueras.
El rechazo del decreto deja al Ejecutivo en una posición complicada, enfrentándose no solo al bloqueo parlamentario sino también a la presión de los colectivos afectados. Con la incertidumbre instalada en el horizonte político, las consecuencias de este desencuentro serán palpables para millones de ciudadanos en las próximas semanas.
