Tras casi ocho años de gobiernos neoliberales, la situación de Ecuador es crítica. Nuestro país se encuentra atravesado por varias crisis como consecuencia de los reiterados recortes de lo público y la implementación de una agresiva política neoliberal, que da como resultado un Ecuador asolado por la violencia, por la pobreza y por la desigualdad.
Un país que afronta una crisis eléctrica como una peligrosa antesala de privatizaciones, siguiendo la conocida receta de desmantelamiento de lo público para convertir derechos en privilegios y beneficiar a algunas empresas con las privatizaciones. Un Estado reducido que solo se utiliza para beneficiar al entorno del empresario presidente. Uno de estos acontecimientos despertó el interés de la prensa internacional, el proyecto urbanístico en Olón, en una zona de enorme valor ambiental y que gracias a la movilización de los comuneros locales se consiguió paralizar. Si bien a nadie le debería sorprender que un empresario rico gobierne para las élites, pongamos contexto sobre la figura de Daniel Noboa, se trata del hijo del hombre más rico de Ecuador y cinco veces candidato a la presidencia, Álvaro Noboa.
Daniel Noboa, heredero de una fortuna bananera, hoy gobierna el país como si se tratara de una “hacienda” generando enorme sufrimiento a la población y con un sometimiento a los intereses de las élites internas y externas, y subordinando la soberanía del país a los intereses de potencias económicas. Sirva de ejemplo la autorización para que Estados Unidos construya una base militar en las Islas Galápagos, hecho que además supone una violación a la Constitución de 2008 que prohíbe las bases militares en Ecuador.
La otra cara de la implementación de estas políticas es el sufrimiento del pueblo, en el primer año de gobierno de Noboa salieron del país 120.000 personas, muchas haciendo la peligrosa ruta cruzando la Selva del Darién. Esta nueva ola migratoria se produce como consecuencia de la inseguridad, pobreza y falta de oportunidades.
Durante el 2023 dos niños murieron asesinados cada día, la infancia es uno de los grandes damnificados del incremento de la violencia. Esto, unido a la política de Noboa de aumento del uso de las fuerzas armadas para supuestamente controlar la ola de inseguridad y que organizaciones como Amnistía Internacional alertaban ya a inicios del 2024 del grave peligro de vulneración de derechos humanos, provocó hechos insólitos de abuso de la fuerza. En diciembre del año pasado un hecho gravísimo conmocionó a Ecuador y al mundo, la desaparición de 4 niños en Guayaquil. Una patrulla del ejército se llevó a Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años respectivamente. A finales de diciembre la Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar se correspondían con los niños que salieron a jugar al fútbol el 8 de diciembre y que no volvieron nunca. Este caso ha evidenciado a un Estado represor que usa las fuerzas armadas para violentar la infancia, lejos de proteger frente a la inseguridad nos arrebatan la vida de niños que solo querían jugar al fútbol. En medio de esta tragedia la única opción es movilizarnos para exigir verdad, justicia y reparación, y una garantía de no repetición.
Desde fuera del país la diáspora migrante sigue los acontecimientos con mucha preocupación. Recordemos que la comunidad migrante ecuatoriana envió 6 mil millones de dólares en remesas en 2024, situándose así las remesas como el tercer ingreso del país después de la exportación de petróleo y camarón. Este compromiso de la comunidad ecuatoriana con sus familias y con el país no se ve reconocido en buenos servicios consulares, al contrario, ya el gobierno de Moreno subió los aranceles consulares. No solo se han subido los precios de trámites necesarios para la comunidad en el exterior, sino que también se han eliminado servicios pioneros en la protección de derechos de los migrantes como el servicio de asesoría jurídica e hipotecaria en España.
Entre las personas migrantes reivindicamos que somos más que remesas, y en este contexto electoral, las 270.467 ecuatorianas y ecuatorianos que tenemos derecho al voto en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía tenemos la oportunidad de movilizarnos para contribuir asistiendo a las urnas a cambiar la realidad de nuestro país. Este llamamiento al ejercicio de un derecho es también un recordatorio de la necesidad de defender nuestros derechos para que éstos no sean vulnerados. Recordemos que en las anteriores elecciones el CNE intentó implementar el voto telemático para el exterior, con un sistema que no ofrecía las garantías para la participación, el resultado fue que miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto y antes que acabara la jornada electoral, desde la Revolución Ciudadana ya pedimos la repetición de dicho proceso al comprobar el grado de vulneración de un derecho tan importante. Gracias a la movilización de la comunidad, coordinada con la acción institucional, conseguimos la repetición electoral con voto presencial. Este episodio no lo deberíamos olvidar, los derechos se ejercen y se defienden, y los migrantes mandamos un mensaje, no permitiremos que nuestros derechos se vulneren con impunidad.
Hagamos un poco de memoria. Ecuador ha sido pionero en el reconocimiento de los derechos de la comunidad ecuatoriana en el exterior, así en la Constitución del 2008, se reconocen sus derechos y se genera el marco normativo para la creación de las tres circunscripciones del exterior: América Latina, el Caribe y África; Estados Unidos y Canadá; y Europa, Asia y Oceanía, una reivindicación de la población emigrante ecuatoriana. Desde entonces las personas migrantes ecuatorianas tenemos representación en la Asamblea Nacional.
Aunque esto no fue todo, el gobierno de la Revolución Ciudadana, cambió el paradigma de atención, desplegando la diplomacia ciudadana, las Embajadas y Consulados dejaron de ser espacios para los negocios de unos pocos y pasaron a ser espacios de servicio público a la comunidad, lugares donde se protegían sus derechos.
Esos derechos que con la Revolución Ciudadana fueron una realidad, hoy ya no están, pero tenemos en nuestras manos la posibilidad de recuperarlos y mejorarlos, y tenemos la garantía de hacerlo porque las personas migrantes son una parte fundamental del proyecto de la Revolución Ciudadana, pero también porque Luisa González fue cónsul y conoce de cerca la realidad de la migración ecuatoriana. Estamos convencidos que solo con equipo, proyecto colectivo, experiencia y capacidad podremos revivir Ecuador.
Hoy estamos atravesando duros momentos, pero esta realidad no es un destino inevitable. El próximo domingo 9 de febrero los votos de la gente humilde valen lo mismo que los votos de los ricos. Ese día debemos aprovechar para recuperar el poder para el pueblo, la garantía de reconducir el rumbo de Ecuador es la lista de la Revolución Ciudadana en todas las dignidades que se eligen, éstas son: binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior y parlamentarios andinos.
La participación de las y los ecuatorianos migrantes es más importante que nunca para recuperar nuestros derechos y para contribuir a Revivir Ecuador. Juntos lo podemos conseguir.
