El mundo actual se caracteriza por la clausura de la movilidad impuesta por los países del Norte Global contra millones de personas que sufren desplazamientos provocados por la violencia, los conflictos, la expoliación de recursos naturales, violaciones de los derechos humanos o el cambio climático.
Estas poblaciones sufren las consecuencias de un modelo neocolonialista y capitalista que perpetúa la extracción y el despojo de los recursos del Sur Global en favor de sus propios intereses, dejando atrás especialmente a las personas más vulnerables.
En vez de persistir en el blindaje de las fronteras, deberíamos centrarnos en el principio de responsabilidad y reparación por los daños provocados por este injusto sistema, en el marco del derecho internacional.
Sin embargo, estamos en un contexto sociopolítico que camina en la dirección contraria.
Las víctimas de este sistema desigual, las personas racializadas, migrantes y refugiadas, enfrentan diversas formas de violencia institucional. La falta de reconocimiento de su estatus migratorio les expone a discriminación social, detenciones arbitrarias, y exclusión del acceso a derechos.
Porque como decía Hanna Arendt, lo que está en juego es el “derecho a tener derechos”1.
Lo que está en juego es el “derecho a tener derechos”. La falta de reconocimiento de su estatus migratorio les expone a discriminación social, detenciones arbitrarias, y exclusión del acceso a derechos
Lo que se emplea para justificar esta forma de operar es una narrativa basada en la supuesta inseguridad, la amenaza y la peligrosidad que generan las migraciones. Con ello se construye una Europa fortaleza, que levanta muros y elabora necropolíticas que no consiguen frenar los movimientos humanos, sino que excluyen y jerarquizan, para facilitar la explotación de personas que viven entre nosotros sin tener ninguna garantía de derechos.
Las políticas de la Europa fortaleza no frenan los movimientos humanos, pero sí estimulan la migración irregular que contribuye a la explotación de los trabajadores en el mercado negro
Esta Europa también criminaliza a las personas migrantes, y fomenta discursos de odio deshumanizadores que construyen en el imaginario colectivo una sensación de peligro e inseguridad, con el fin de justificar las políticas restrictivas y excluyentes de las personas migrantes.
A estas alturas, nadie duda que la migración es un fenómeno estructural, inevitable y necesario. Por lo tanto, hay que abordarlo con políticas responsables, realistas y multifocales.
Son numerosas las voces expertas que defienden las aportaciones positivas de las migraciones que, además de generar innovación y enriquecimiento cultural, contribuyen al crecimiento económico de los países de origen gracias a las remesas que las personas migrantes envían a sus familias, lo que facilita el emprendimiento y mejora de las economías locales.
Existen también planteamientos más utilitaristas que defienden la necesidad de las migraciones para cubrir la falta de trabajadores en muchos sectores.
Sin embargo, todas estas perspectivas positivas de las migraciones se ven opacadas por las estrategias deliberadas antiinmigración que las derechas imponen a la opinión pública sembrando el miedo a través de propaganda y desinformación.
Las derechas imponen sus estrategias deliberadas antiinmigración a través de propaganda y desinformación para sembrar el miedo a la opinión pública
Cómo va ganando peso la narrativa de la extrema derecha
La idea de que actualmente enfrentamos máximos históricos en número de llegadas de personas migrantes y que los países de acogida se encuentran desbordados, es parte de una intencionada estrategia de desinformación2.
Los datos demuestran que en las últimas dos décadas la migración a nivel global se ha mantenido estable3.
Si cruzamos las cifras del crecimiento de la población mundial con los datos de la migración internacional, vemos que los niveles relativos de migración se han mantenido estables. Las personas migrantes representan hoy tan solo el 3% de la población mundial, a pesar de las grandes desigualdades que existen entre el sur y el norte globales, mientras el 97% de la población del planeta permanece en su país de origen.
Lo que realmente ha cambiado es el origen de las migraciones. Mientras en siglos anteriores fuimos los europeos quienes migramos a diferentes partes del planeta (EE.UU., Canadá, Argentina, Brasil, Australia o Nueva Zelanda entre otros), ahora Europa se ha convertido en tierra de acogida, aunque a menudo olvidemos nuestro pasado migratorio.
Con esta percepción social de situación desbordada, la migración se ha convertido en un tema central en el debate político con los mismos mantras y las mismas políticas fracasadas: efecto llamada, deportaciones masivas, inmigración ordenada y regular…
La ultraderecha alimenta cada vez más los discursos de odio y xenofobia, vinculando migración y seguridad. Estos mensajes están calando en la sociedad, fomentando ataques, agresiones y el rechazo colectivo, lo que supone un gran riesgo para la cohesión social.
Al igual que ocurrió en su momento con el terrorismo de ETA, el discurso del miedo se utiliza ahora contra las personas migrantes para lograr rentabilidad política. Por eso, el Partido Popular tampoco quiere renunciar a ese debate y compite con la ultraderecha en el ranking del odio.
Esta falta de responsabilidad política impide tener un debate real para abordar la complejidad de la realidad migratoria con soluciones efectivas y humanas.
Entre tanto, nos encontramos frente a una escalada retórica del racismo, con anuncios mediáticos y poco eficaces como las llamadas “deportaciones masivas”.
Se trata de una medida demagógica, ineficiente y jurídicamente compleja de aplicar. En primer lugar, porque muchas personas que llegan huyendo y buscando protección están amparadas por el principio de no devolución, que es la garantía más absoluta del derecho humano al asilo. Así mismo, cualquier devolución, masiva o no, requiere acuerdos bilaterales y diplomáticos de readmisión. Ya hemos visto cómo países que han intentado implementarlas como Alemania, Dinamarca o Reino Unido han reconocido su dificultad para ejecutarlas.
Considerar que el simple anuncio de llevar a cabo deportaciones masivas desincentiva a las mafias y por tanto va a lograr reducir el número de llegadas es demagógico y poco realista.
Las personas recurren a vías de llegada irregulares porque no tienen otra alternativa. No pueden acceder a un visado, ni a una plaza de reasentamiento, o a una vía que les permita reagruparse con su familia. La única opción que les queda es pagar a un tratante de personas y ponerse en sus manos.
Lo que realmente permitiría desarticular a las mafias y evitar que las personas tengan que jugarse la vida en rutas cada vez más peligrosas, es la puesta en marcha de vías legales y seguras.
Esto implica una política coherente de visados, cuotas realistas de reasentamiento, corredores humanitarios, o la posibilidad de solicitar protección en consulados y embajadas de terceros países, como ya contempla de ley de asilo española.
Los discursos políticos de odio contra las personas migrantes les proyectan como una amenaza para el empleo de quienes ya están aquí, como usurpadores abusivos de las ayudas y recursos del Estado de bienestar en detrimento de los “nacionales” que más lo necesitan, e incluso como un peligro contra la identidad cultural bajo la teoría del reemplazo que utiliza la extrema derecha.
Esta proyección del odio permite desviar la atención de los problemas reales de la ciudadanía, como son la inestabilidad laboral o la calidad del empleo, la inflación y el encarecimiento de los precios, la redistribución de la riqueza, el injusto sistema fiscal o la falta de inversión en recursos públicos como la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales.
Es mucho más fácil culpar a las personas migrantes que explicar que la privatización, la falta de una apuesta por los servicios públicos y por el empleo de calidad son fruto de políticas neoliberales
Es mucho más fácil culpar a las personas migrantes del supuesto apocalipsis de nuestra sociedad que explicar a los y las votantes que la privatización, la falta de una apuesta por los servicios públicos y por el empleo de calidad son fruto de políticas neoliberales que priorizan los intereses de las multinacionales y las grandes fortunas, por encima de las necesidades de la mayoría social.
Doble moral en la acogida: un trato injusto y desigual
Las llegadas a nuestras costas han sido constantes desde hace más de treinta años, con diferentes ritmos y rutas variables, en función de múltiples factores.
Se trata de flujos mixtos donde viajan tanto personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida, como personas con necesidades de protección internacional.
Si seguimos abordando esta situación, más que consolidada, como una crisis puntual en vez de como un fenómeno estructural, corremos el riesgo de cronificar un drama humanitario generando innecesariamente alarma social, en un marco de descoordinación entre administraciones que tratan de culparse mutuamente por el caos en la gestión.
Está demostrado que las cosas se pueden hacer de otro modo.
¿Qué diferencia hay entre una persona refugiada de Ucrania y una persona refugiada procedente de Malí? ¿Por qué Europa ofrece un tratamiento diferente a unos y a otros?
Europa acogió a seis millones de personas que huyeron de la invasión de Rusia a Ucrania en tiempo récord. ¿Se rompieron entonces las costuras de Europa? ¿Algún ciudadano o ciudadana vio amenazado su bienestar o sus derechos?
Por supuesto que no. Al contrario, la sociedad se volcó en la acogida, mostrando la mejor cara de la solidaridad. No podemos olvidar que, en aquel momento, los discursos institucionales y las narrativas de los líderes políticos fueron positivas, lo que generaba un clima de opinión pública favorable.
Por tanto, no tan lejos, está la demostración de que solo se necesita voluntad política, y que cuando se quiere, se puede.
Sin embargo, el contraste entre aquella respuesta ágil y solidaria de la Unión Europea ante el desplazamiento forzado de personas procedentes de Ucrania, frente a la criminalización y el racismo que sufren quienes llegan desde África u Oriente Próximo, es tan extremo que solo puede calificarse de vergonzoso e inmoral.
Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, la externalización de las fronteras y otras propuestas ineficaces
El marco actual que ocupa la agenda europea en materia de gestión de las políticas migratorias es el tan cuestionado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo4.
Se trata de un conjunto de propuestas que, lejos de abordar el fenómeno migratorio de una forma integral y poniendo el foco en la protección de las personas, profundizan en la externalización de fronteras mediante acuerdos con terceros países de fuera de la Unión Europea, donde no se respetan los derechos humanos.
En la misma línea de deshumanización, el Pacto pone precio a la vida de las personas, permitiendo a los países pagar 20.000 euros por cada persona que no quieran acoger5. Es decir, una propuesta de “solidaridad a la carta” que deja a los países elegir entre defender los derechos humanos o promover el rechazo humano.
El Pacto de Migraciones prioriza medidas que tienen como objetivo impedir que las personas lleguen, poniendo en riesgo a las más vulnerables y socavando los derechos humanos y el derecho de asilo.
Una de las estrategias centrales de este enfoque es la externalización de fronteras, a través de acuerdos millonarios entre la Unión Europea y terceros países que no son seguros. En la práctica, estos acuerdos convierten a dichos países en gendarmes de la Europa fortaleza.
Estos acuerdos cada vez se fomentan con más frecuencia: 500 millones de euros otorgados a Mauritania, 7.400 millones de euros a Egipto, 1.000 millones a Libia. ¿Han servido de algo? ¿Han impedido que las personas lograsen llegar a Europa? Es evidente que no.
Lo único que han conseguido es que las rutas migratorias sean cada vez más peligrosas, aumentando el número de muertes como consecuencia directa de estas políticas de control de fronteras, además de seguir permitiendo que los traficantes de personas ensanchen su negocio.
Es una estrategia que no es nueva, y ya se ha demostrado que es ineficaz. No solo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también instrumentaliza la cooperación al desarrollo, desnaturalizando su verdadero objetivo6
Por otro lado, los países beneficiarios de esas cantidades millonarias de dinero no están destinando esas partidas a mejorar las condiciones de vida de sus pueblos ni a fortalecer sus Estados de bienestar.
Se trata de dinero a fondo perdido, sin mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de la UE y sin indicadores claros que midan avances en derechos humanos, lucha contra la pobreza, desarrollo social o fortalecimiento democrático.
En muchos casos, estos fondos se destinan a la compra de sistemas bélicos, alimentando el gran negocio millonario del control de las fronteras7.
¿Nos hemos detenido a pensar que con estos acuerdos estamos dotando de drones, sensores, satélites y material bélico, con fondos europeos e impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, a países cuyos sistemas políticos son, en su mayoría, regímenes autoritarios e incluso dictatoriales?
Por tanto, una vez más, llegamos a la conclusión de que todas estas medidas que persiguen el blindaje y la externalización de las fronteras, además de ser un fracaso, son contraproducentes. Solo son efectivas desde la perspectiva mediática, reforzando el binomio de seguridad y migraciones que abandera la ultraderecha y que la derecha respalda por rentabilidad política.
Los datos demuestran que la mayor parte de estas políticas erráticas centradas en el control de fronteras, producen los efectos contrarios a los esperados: estimulan la migración irregular, lo que contribuye a la explotación de los trabajadores y trabajadoras en el mercado negro, fomentando una nueva clase social en el límite de la marginalidad.
Abordar las migraciones desde un enfoque integral y holístico, con la apertura de vías legales y seguras
No podemos permitir que se siga utilizando la gestión de la movilidad humana con fines partidistas o electoralistas.
La enorme rentabilidad que están sacando las derechas con el fenómeno migratorio, además de contribuir a la criminalización y a la discriminación de las personas migrantes, pone en riesgo la cohesión social de nuestras comunidades.
Ante desafíos complejos, no existen soluciones fáciles.
Debemos impulsar narrativas positivas que desactiven el discurso del odio, desvinculando migración e inseguridad y promoviendo debates que evidencien las contribuciones a la sociedad
Desde la izquierda, hacen falta políticas valientes y eficaces que eviten los errores del pasado. Para ello, debemos impulsar narrativas positivas que desactiven el discurso del odio, desvinculando migración e inseguridad y promoviendo debates que evidencien las contribuciones de las personas racializadas, migrantes y refugiadas a nuestra sociedad.
Es necesario defender políticas migratorias desde un relato positivo y narrativas valientes, sin vaivenes discursivos.
El avance del odio solo puede enfrentarse con firmeza, sin medir los posibles efectos electoralistas, y ensanchando en derechos, demostrando las aportaciones positivas que conlleva ser una sociedad acogedora y justa.
Nos jugamos mucho.
Europa debe decidir si opta por renunciar a sus valores y principios fundamentales, aplicando las políticas migratorias de exclusión y blindaje de fronteras, incumpliendo incluso el Derecho Internacional, o si reconduce su gestión de la movilidad humana con una visión a largo plazo, centrada en las personas, desde un enfoque de Derechos Humanos y que aborde holísticamente este fenómeno.
NOTAS:
1 Arendt, Hannah, La condición humana, Paidós, 2013
2 Steven Forti, Mitos y cuentos de la extrema derecha, Ed. Catarata.
3 Hein de Haas,Los mitos de la inmigración, Ed. Península.
4 Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo – CEAR
5 Claves del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE – Maldita.es
6 La cooperación al desarrollo de la Unión Europea: una máscara para políticas de control migratorio | Público
7 El negocio millonario del control de fronteras | Internacional | EL PAÍS
QUIÉNES SON LOS GENDARMES DE EUROPA
Llamamos gendarmes de Europa a los terceros países de origen, acogida y tránsito de personas migrantes con los que la UE y los Estados miembro tienen acuerdos bilaterales de contención migratoria.
Uno de los socios históricos que asume este rol es Marruecos dado que Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre de la UE con África. En la Frontera Sur se violan los derechos humanos flagrantemente con la legitimación en la ley de extranjería, avalada por el TEDH, de las devoluciones ilegales y sumarias bajo la figura jurídica de “rechazo en frontera”. En este caso, la contención migratoria se realiza en virtud de las relaciones bilaterales España-Marruecos, si bien la UE también otorga fondos a este país para que cumpla con esta función.
Otro de los socios más importantes es Turquía, con quien la UE firmó un acuerdo en 2016 para que Grecia pudiera expulsar a las personas sirias que llegasen a su territorio.
En los últimos años, dada la intensidad de las llegadas a través del Mediterráneo Central a Italia, y para complementar el acuerdo bilateral de externalización entre Libia e Italia, la UE ha puesto el foco en Túnez, otorgando miles de millones de euros a un régimen dictatorial que tortura, discrimina, encarcela y expulsa al desierto a personas migrantes subsaharianas.
Con el genocidio de palestina y para impedir flujos de personas refugiadas gazatíes pero también sudanesas, la UE ha negociado con Egipto y Líbano, países que tampoco respetan los derechos humanos ni garantizan la protección de las personas refugiadas. Se espera un nuevo acuerdo inminente con Jordania.
Finalmente, con la mayor intensidad en la ruta atlántica hacia Canarias en los últimos años, la UE ha reforzado su colaboración con países del Sahel, y especialmente ha firmado un acuerdo con Mauritania para impedir las salidas de refugiados malienses.
Todos los terceros países mencionados violan los DDHH y especialmente los de las personas migrantes y refugiadas a quienes se detiene, violenta, discrimina, expulsa ilegalmente y en general se impide su movilidad.
EL FRONTEX: VIGILANTES CON CONTRATOS MILLONARIOS
Frontex es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Su función principal es apoyar a los Estados miembros en la vigilancia de las fronteras exteriores, realizando operaciones de patrullaje, monitoreo aéreo y marítimo en el contexto de la migración irregular y el tráfico y trata de seres humanos. Además, Frontex coordina actividades de retorno de personas migrantes que no cumplen con los requisitos para permanecer en la UE.
En el período 2021-2027, el presupuesto de Frontex supera los 1.000 millones de euros anuales. La mayor parte de este presupuesto se destina a empresas privadas para el suministro de equipos de vigilancia, tales como drones, aviones, vehículos y embarcaciones, entre otros servicios logísticos y tecnológicos de infraestructura y personal para el control de fronteras.
Pero los fondos de Frontex no son los únicos de las partidas destinadas a “seguridad” y control de fronteras exteriores. La UE tiene un Fondo de Seguridad Interior (FSI), que financia actividades relacionadas con la seguridad, la gestión de fronteras y el control migratorio. En total, la UE dedica miles de millones de euros a políticas de seguridad fronteriza, con un fuerte enfoque en la contención de la migración irregular y la lucha contra el crimen organizado.
Frente a ello, la inversión en acogida e integración de migrantes es notablemente inferior. El Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), que financia proyectos de integración, acogida y asistencia a refugiados y migrantes, tiene un presupuesto de aproximadamente 9,9 mil millones de euros para el período 2021-2027. De este monto, alrededor del 25% se destina específicamente a la integración y acogida de migrantes (inclusión en el mercado laboral, empleo, vivienda…), lo que equivale a aproximadamente 2,5 mil millones de euros (porque este fondo también sirve para financiar retornos y cooperación con terceros países).
