La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó ayer investigar si el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, pudo cometer hasta cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública por la gestión de importantes cantidades de dinero a través de estructuras opacas en el extranjero.
La querella inadmitida ayer fue presentada en noviembre pasado por destacados ex magistrados y ex fiscales anticorrupción, además de reconocidos intelectuales y ha corrido la misma suerte que la querella que por delitos similares contra el mismo protagonista presentaron hace poco menos de cuatro años Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas. «Se repite la jugada», han declarado desde Izquierda Unida y rechazan, como ya lo hicieron en aquel momento, los argumentos esgrimidos por el Supremo, en sintonía con la Fiscalía, de que los hechos denunciados no constituyen delito porque se encuentran prescritos o porque ya fueron objeto de una regularización tributaria.
«Se da la circunstancia —denuncian desde IU— de que el ponente del nuevo auto de inadmisión, igual que el de hace cuatro años, vuelve a ser el magistrado Manuel Marchena, protagonista de múltiples y sucesivas polémicas tanto personales como por algunas de sus decisiones, encadenadas desde sus meteóricos ascensos primero en la Fiscalía, más tarde antes y después de su más que rápida incorporación al Alto Tribunal en 2007 como el magistrado más joven».
Izquierda Unida lamenta que la nueva decisión del Tribunal Supremo de dar portazo a investigar al anterior jefe del Estado muestra de nuevo el pacto de impunidad que existe a nivel de distintas estructuras del Estado en relación con el ahora rey emérito.
Fuente: Izquierda Unida
