Madrid ha sido escenario este miércoles de una multitudinaria manifestación del sector del taxi, que ha reunido a más de 4.000 profesionales, según los convocantes. La protesta, encabezada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y respaldada por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), responde a la reciente concesión judicial de 8.500 nuevas licencias de VTC (vehículos de transporte con conductor) a la empresa Cabify, una decisión que los taxistas consideran una “agresión directa” al equilibrio del transporte urbano y al empleo de miles de familias.
La manifestación ha recorrido el centro de Madrid entre claxonazos, pancartas y consignas que reclamaban justicia para el sector del taxi. Al término de la marcha, los organizadores entregaron un documento de reivindicaciones a las autoridades, en el que exigen frenar la proliferación de licencias VTC y garantizar una proporción justa entre taxis y vehículos de plataformas como Cabify.
Actualmente, Madrid cuenta con 8.873 licencias VTC frente a 15.931 de taxi. La autorización de estas nuevas 8.500 licencias implicaría casi duplicar la flota de VTC, hasta superar el número de taxis activos. “Esto es una auténtica barbaridad que pone en riesgo 100.000 empleos directos e indirectos”, ha declarado Julio Sanz, presidente de la FPTM y Antaxi, visiblemente indignado. Para Sanz, se trata de una maniobra “especulativa” que podría suponer la desaparición del taxi como servicio público.
El líder del sector ha advertido de que esta situación no es exclusiva de Madrid, sino que se replica en otras comunidades autónomas, por lo que anticipa un “calendario muy intenso de movilizaciones” en aeropuertos, estaciones y nodos de transporte de todo el país en verano. Madrid es “el banco de pruebas a nivel nacional”, ha afirmado.
Además de la concesión de licencias, los taxistas denuncian las prácticas abusivas de las plataformas de transporte con conductor, que utilizan algoritmos para fijar precios dinámicos en función de la demanda. Un modelo que, lejos de beneficiar a los conductores, genera enormes ganancias para las plataformas sin que los trabajadores vean reflejado ese aumento en sus ingresos.
La polémica se ha agravado tras el apagón eléctrico masivo que afectó a gran parte de la península recientemente. Durante esa jornada, usuarios denunciaron subidas «excesivas» en las tarifas de Uber, Cabify y Bolt, aprovechando la situación de emergencia. El grupo parlamentario Sumar ha solicitado la comparecencia de los directores generales de Uber y Cabify para que expliquen los mecanismos opacos de fijación de precios y las decisiones adoptadas en momentos de crisis.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente informativo para investigar estas prácticas. El ministerio advierte que subir precios durante situaciones de emergencia, como el apagón, vulnera la normativa de consumo, lo que puede acarrear sanciones de hasta 100.000 euros o seis veces el beneficio obtenido.
Las plataformas, por su parte, aseguran haber actuado con responsabilidad. Cabify anunció la suspensión temporal de sus precios de alta demanda y Uber limitó sus tarifas, aunque ambas medidas se tomaron a partir del mediodía del lunes, tras varias horas de precios disparados. Sin embargo, desde el sector del taxi y algunos grupos parlamentarios insisten en que estas reacciones fueron tardías y obligadas por la presión pública.
Los taxistas reclaman una revisión profunda de la legislación vigente. En particular, exigen al Ministerio de Transportes una reforma de la Ley de Ordenación del Transporte para establecer un control más riguroso sobre las licencias VTC, y a la Comunidad de Madrid, un régimen sancionador eficaz. Desde el Ejecutivo regional ya se ha anunciado que se recurrirá la decisión judicial que ha dado luz verde a las nuevas licencias, agotando todas las vías legales disponibles.
En paralelo, la Federación del Taxi ha presentado este mismo miércoles ante la Fiscalía de Madrid un expediente con supuestas irregularidades detectadas en la documentación aportada por Cabify para la obtención de las licencias. Según Julio Sanz, muchos de los vehículos vinculados a estas autorizaciones no estaban disponibles para prestar servicio, sino que pertenecían a empresas de renting sin relación directa con la plataforma. El malestar del sector es profundo. Julio Sanz ha denunciado que «los políticos maltratan de manera sistemática al sector del taxi», y ha subrayado que están dispuestos a llegar hasta «las últimas consecuencias». «Simplemente lo que queremos es trabajar», ha lamentado el presidente de la Federación, quien también ha señalado que «el sector está hastiado ya de salir a la calle a defender su puesto de trabajo».
