Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está a un paso de sentarse en el banquillo. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la magistrada Inmaculada Iglesias, ha concluido la fase de instrucción y ha propuesto el procesamiento de González Amador por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental. En el auto judicial, la jueza aprecia indicios suficientes para juzgarlo por un fraude a la Hacienda Pública superior a los 300.000 euros.
La resolución también afecta a otros cinco investigados: uno de ellos señalado como presunto testaferro del empresario, y tres colaboradores con vínculos en un municipio de Sevilla. Según los indicios recogidos durante la investigación, habrían participado en un entramado societario destinado a evadir impuestos mediante facturación falsa y operaciones simuladas.
El origen del caso se remonta a una inspección de la Agencia Tributaria, que detectó irregularidades en las declaraciones de renta de González Amador y de una de sus empresas. Pese al considerable aumento en la facturación, el volumen de impuestos declarados apenas variaba. Hacienda concluyó que podría tratarse de una conducta delictiva y remitió su informe a la Fiscalía, que presentó una querella admitida a trámite. La investigación judicial ha desembocado ahora en la propuesta de enjuiciamiento.
Uno de los elementos clave del procedimiento fue un correo electrónico remitido por el abogado defensor de González Amador, Carlos Neira, en el que se reconocían los hechos. En el mensaje, que se filtró a la prensa, se afirmaba que existía una voluntad expresa de colaborar con la justicia, reconociendo dos delitos contra la Hacienda Pública y mostrando disposición a pagar la deuda y los intereses correspondientes. El contenido de esta comunicación ha sido objeto de polémica y ha dado lugar a una causa paralela por posible revelación de secretos.
Las actividades bajo sospecha tienen relación con los beneficios obtenidos por González Amador durante la pandemia. El empresario sanitario habría diseñado una compleja estructura empresarial —compuesta por una decena de sociedades, muchas de ellas sin empleados— para canalizar ingresos procedentes de la venta de mascarillas y otros suministros sanitarios, ocultando parte de sus beneficios y reduciendo artificialmente su tributación. Según diversas fuentes, utilizó facturas ficticias para simular gastos y justificar movimientos entre empresas.
Una de las compañías más relevantes en el entramado, Maxwell Cremona, experimentó un espectacular incremento de su patrimonio neto: pasó de tener 77.000 euros en 2021 a superar los 1,9 millones en 2022, lo que representa un aumento del 2.454 %, según los balances contables consultados.
Desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso se ha restado importancia al auto judicial. Fuentes del Gobierno madrileño han enmarcado esta decisión en lo que consideran una maniobra del Ejecutivo central para desviar la atención de sus propios escándalos. Alegan que se trata de un intento de alargar el caso en los medios y recuerdan que la jueza, que también instruyó el caso contra el productor Nacho Cano, está próxima a su jubilación. Critican además que González Amador no haya podido declarar ni presentar testigos ni peritos.
Con esta resolución, se abre el trámite para que las partes presenten sus escritos de acusación o pidan el archivo del caso. La decisión final sobre si González Amador y los demás implicados se sentarán en el banquillo quedará en manos del órgano que juzgue la causa.
El caso ha generado una fuerte repercusión política y mediática, no solo por la gravedad de los hechos imputados, sino por la cercanía del principal investigado a una de las figuras más relevantes del panorama político nacional.
