El pasado mes de marzo el Consejo de Ministras y Ministros aprobaba en segunda vuelta, y para su remisión a cortes, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia en los Entornos Digitales, un ambicioso texto que supone la primera gran regulación europea de los contenidos que llegan a menores mediante diversas plataformas y entornos digitales. El texto, que nace tras un año intenso de trabajo de varios ministerios entre los que se encuentra el Ministerio de Juventud e Infancia, significa, sin duda, dar respuesta a un debate de país sobre cómo las redes sociales, los contenidos audiovisuales y los entornos digitales están afectando a la socialización, a la educación o al crecimiento madurativo de las personas menores de edad, especialmente en las niñas y los niños más pequeños.
A lo largo de estos meses, desde el anuncio del Gobierno de dar recorrido legislativo a esta cuestión, ha sido constante el debate sobre cómo se crece en una sociedad altamente digitaliza, pero con una escasa o nula autorregulación tanto en los creadores de contenido como en las plataformas que los difunden. Este debate ha permeado a todas las capas de la sociedad y se está dando tanto en medios de comunicación, centros educativos, entornos de crianza de niñas y niños e incluso entre las propias personas menores de edad.
A lo largo de estos años se ha permitido, en múltiples ocasiones por omisión de regulación, que contenido violento, pornográfico o no adecuado a personas en proceso madurativo fuese accesible sin controles efectivos. Frente al discurso de muchas empresas del sector de que con la autorregulación basta, los preocupantes datos de acceso a pornografía en edades cada vez más tempranas, la banalización de los contenidos violentos, el ciberbullying u otras realidades contradicen la supuesta capacidad normalizadora exhibida por el sector tecnológico. Urgía legislar y alertar de qué estaba sucediendo.
En paralelo, y teniendo en cuenta que este anteproyecto de ley es solo un paso inicial, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se propuso de manera urgente complementar el paso legislativo con un informe de personas expertas (más de 50 perfiles conformados por profesionales de diferentes campos) que realizarían un diagnóstico de la situación y formularan propuestas y recomendaciones que sirviesen para arbitrar cualquier acción pública relacionada con menores y entornos digitales. Se trataba de elaborar desde un reglamento escolar hasta una política de prevención de salud física y mental para cuestiones cada vez más preocupantes como las adiciones sin substancia de carácter tecnológico.
La importancia del diagnóstico del Comité de personas expertas, que contiene más de 100 propuestas para la regulación y el acceso de menores a entornos digitales seguros también es decisiva ya que, en base a estas propuestas, el Ministerio de Juventud e Infancia elaborará la Estrategia Nacional de Menores en Entornos Digitales que mandata el articulado de la ley que se debatirá en las próximas semanas en el Congreso de las Diputadas y Diputados. Estamos ante una norma pionera en Europa que avanzará en protección para generar un entorno digital cada vez más seguro, dirigido a garantizar su desarrollo integral, evitando los riesgos y peligros que vienen señalándose tanto desde ámbitos científicos y educativos como desde las propias entidades y asociaciones de protección a la infancia y la juventud.
De aprobarse esta ley, todos los dispositivos a través de los cuales los menores puedan acceder a contenidos potencialmente perjudiciales llevarán un control parental por defecto
De aprobarse esta ley, todos los dispositivos a través de los cuales los menores puedan acceder a contenidos potencialmente perjudiciales llevarán un control parental por defecto. Además, los dispositivos que se encuentren en centros públicos como escuelas, institutos o bibliotecas no permitirán acceso a estos contenidos, y proporcionarán toda la información relacionada con potenciales problemas de salud derivados de su uso, además del riesgo de determinados contenidos que puedan promover actitudes violentas, fomentar desigualdades o hábitos poco saludables.
Las administraciones educativas incluirán en los centros de primaria, secundaria y educación superior no universitaria el desarrollo de actividades encaminadas a la educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática, prevención de adicción en redes u otras plataformas en línea, y lucha contra la violencia en línea. Por su parte, las administraciones sanitarias promoverán estudios para desarrollar guías con recomendaciones para la exposición de la infancia al uso de tecnologías de la información y comunicación. Además, se incluirá una categoría para identificar usos problemáticos de las tecnologías en los programas de revisión del niño sano que se implementan en la Atención Primaria, así como los programas de prevención de las adicciones para incluir las adicciones sin sustancia relacionadas con el uso de medios digitales. La perspectiva de estas adicciones se incorporará en la red de centros de atención a la salud mental, las Unidades de Atención a la Conducta Adictiva y los centros de salud mental infantojuveniles.
El Ministerio de Juventud e Infancia será el encargado de elaborar una Estrategia Nacional de protección en el entorno digital
Esta regulación reconoce legalmente, por primera vez, el derecho de las personas menores de edad a ser protegidas ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, así como su derecho a acceder de forma equitativa y efectiva a este ámbito, y a ser formadas en él y a que sus opiniones al respecto deben ser escuchadas. Especialmente significado en la ley es el hecho de que el Ministerio de Juventud e Infancia será el organismo encargado de elaborar una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital y que se realizará con la colaboración de los órganos de participación infantojuvenil. A través de ella se desarrollarán políticas públicas avanzadas en el conjunto de las administraciones lo que permitirá seguir avanzando en entornos digitales seguros y donde prime el interés superior del menor.
